sábado, 26 de marzo de 2016

25 de marzo de 1936, al alba, 80 mil campesinos artos de esperar ... ocuparon simultaneaménte 3000 fincas en Extremadura... y...


La insuficiente Ley de Reforma Agraria que elaboró el Gobierno republicano llevó al campesinado a ocupar 3.000 fincas en Extremadura.
Al alba del 25 de marzo de 1936, alrededor de 80.000 campesinos convocados por la Federación Nacional de Tra­bajadores de la Tierra (FNTT) de UGT ocuparon simultáneamente unas 3.000 fincas en Extremadura. Con este gesto ponían de manifiesto que para las clases populares la propiedad de la tierra seguía siendo la asignatura pendiente de la República cinco años después de su proclamación.

Mientras que en buena parte de Europa los burgueses invertían el capital acumulado durante el siglo XVIII en la industria, en la España del siglo XIX la burguesía destinó esos recursos a la compra de tierras arrebatadas a la Iglesia y a las comunidades rurales con las leyes desamortizadoras de Juan Álvarez Men­dizábal (1836) y Pascual Madoz (1855). No hubo reforma agraria, sólo un cambio de titulares, la propiedad de los caducos estamentos privilegiados pasó a una burguesía que administraba esas mismas tierras con criterios capitalistas o, aún peor, compraba a precio de saldo los bienes comunales que permitían a muchos campesinos garantizar su subsistencia.

La desamortización mantuvo, además, la división parcelaria que perduraba sin cambios desde la Edad Media, dejando un paisaje agrario de extensos latifundios donde convivían una minoría de prósperos dueños con masas depauperadas de campesinos sin tierra. El enfrentamiento entre unos y otros era inevitable y provocó un amplio abanico de respuestas: desde el anarquismo a la emigración y desde el motín al bandolerismo.

Ninguna de las reformas que tenía que emprender la República era tan justa, tan necesaria ni le hubiera proporcionado tanto apoyo como la reforma agraria, pero pasaron los meses sin que la burguesía reformista y sus aliados socialistas hiciesen nada para ponerla en marcha. Entre­tenidos en debates teóricos y en combates parlamentarios de guante blanco, la conjunción gubernamental posponía su aprobación por las Cortes; sólo el fallido golpe de Estado del general José Sanjurjo en el verano de 1932 sacó al Gobierno de su apatía y lo empujó a aprobar el 9 de septiembre de ese año una Ley de Reforma Agraria que nació insuficiente y alicorta.

Esta reforma permitía la expropiación de tierras a los latifundistas que no las cultivaban para someter por hambre a sus braceros, pero exigía que se les compensase económicamente, por lo que su aplicación dependía del presupuesto que se entregase al Instituto de Reforma Agraria. Sus penurias económicas –sólo dispuso de cincuenta millones de pesetas–, fueron la causa de que, cuando se celebraron elecciones en noviembre de 1933, sólo 12.000
familias hubieran recibido tierras de cultivo.


A ese ritmo, habrían hecho falta más de cien años para dar parcelas a todos los campesinos sin tierra, que llevaban siglos esperando justicia y a los que se les seguía pidiendo paciencia. ¿Cómo extrañarse de que hubiese estallidos revolucionarios de los que nada tenían? Se ha culpado a la CNT de estas llamaradas de violencia campesina apelando a una supuesta “gimnasia revolucionaria”, pero los campesinos tenían en común su miseria, fuese cual fuese su afiliación: de CNT en Casas Viejas, de UGT en Castilblanco, republicanos en Arnedo o comunistas en Yeste.

A lo largo de todo el quinquenio republicano se produjeron numerosos incidentes sangrientos que tenían su origen en la protesta de los campesinos sin tierra o en su intento de ocupar latifundios sin cultivar: en agosto de 1931 en Posadas; en septiembre en Rute y Corral de Almaguer; en noviembre en Parla, en enero de 1932 en Zalamea de la Serena, Épila y Xeresa... Estas ocupaciones no fueron fruto de la inconsciencia o la impotencia, los campesinos se encuadraron en potentes organizaciones sindicales: la FNTT ugetista nació en 1930 con unos 40.000 afiliados y a finales de 1932 eran 400.000; la Unió de Rabassaires sumó dos millares de adheridos al fundarse en 1922 y diez años después ya eran 22.000.

Por las insuficiencias del primer bienio y la contrarreforma del segundo bienio, los jornaleros tenían que escuchar a los terratenientes que les decían: “¿No queríais República? Pues, ¡comed Repú­blica!”. Esperaron cinco años que la República les diese de comer, y en marzo de 1936 decidieron que ya había llegado su hora.

La apuesta por el cambio de régimen

La proclamación de la República en 1931 abrió una puerta a la esperanza para los campesinos sin tierra, que seguían siendo el componente más numeroso del proletariado en un país que no había completado su Revolución Industrial. Porque, desde la sublevación de Loja en 1861, en el imaginario colectivo de los jornaleros, república y reforma agraria eran dos conceptos que estaban indisolublemente entrelazados. Los campesinos entraban el 12 de abril de 1931 en su colegio electoral y, antes de introducirla en la urna, mostraban su papeleta a favor de los candidatos antimonárquicos mientras el cacique y la Guardia Civil tomaban nota: los jornaleros estaban apostando todo o nada por el cambio.


 
 
 
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