miércoles, 18 de mayo de 2016

El monumental negocio criminal-explotacion de y con la emigracion de unos pocos consejos de administración y de las instituciones del capitalismo

"El discurso de que el inmigrante es una amenaza ha creado un clima ideológico que interesa a las empresas de seguridad"

La crisis migratoria actual ha aumentado el número de personas que se mueven por todo el mundo hasta cifras nunca vistas desde la II Guerra Mundial. De todas ellas un porcentaje termina recluido en centros a la espera de una resolución sobre su futuro.
En su libro El negocio de la xenofobia, la jurista y activista francesa Claire Rodier pone en cuestión la relación entre empresas privadas cuya actividad depende del control migratorio y el endurecimiento de las leyes y actuaciones policiales de cara a rentabilizar ese tipo de centros. Ahora, a las compañías veteranas en el sector acaba de unirse la española Ferrovial, que se suma al grupo de empresas que hacen negocio con los centros de detención de inmigrantes.

Ferrovial

A finales del mes pasado, la constructora que preside y controla Rafael del Pino se garantizaba el control de la australiana Broadspectrum. Con esta adquisición, Ferrovial, que entra de lleno en un mercado todavía no muy transitado por las empresas españolas, el australiano, llevaba dos años luchando por la adquisición de Broadspectrum, pero tuvo que ser una sentencia de inconstitucionalidad sobre uno de los centros de detención gestionados por la australiana lo que precipitó los acontecimientos.

Broadspectrum, antes conocida como Transfield, lleva años generando protestas en Australia por su gestión de los centros de detención de inmigrantes y refugiados en Nauru y Manus, situados en los países oceánicos de Nauru y Papúa Nueva Guinea, respectivamente. Ambos son financiados por el Gobierno australiano, que con esta externalización de la frontera persigue evitar la llegada de personas que quieran acceder por mar a Australia. Multitud de ONG han denunciado las situaciones que tienen lugar entre las paredes de los centros, como abusos sexuales a niños y mujeres o pésimas condiciones de vida de los internos.

Ferrovial, tras adquirir Broadspectrum, aseguró en una nota de prensa que ambos centros de detención no fueron “un elemento relevante en la valoración de la compañía” y que “dichas actividades no formarán parte de la oferta de servicios de Broadspectrum en el futuro”. Pero ya antes de la adquisición en febrero la compañía australiana extendió su control sobre los dos centros por un año más, aunque su intención era firmar un amplio contrato de 5 años que finalmente no se concretó.

Los centros son parte importante del negocio de Broadspectrum. Si bien este cayó de 2014 a 2015 un 2%, a finales del año pasado le reportó 285 millones de dólares netos.

G4S

Prácticamente desconocida para la gran mayoría, esta empresa británica dedicada a proveer servicios de seguridad es una de las mayores empleadoras del mundo, con más de 600.000 trabajadores. Su cartera abarca sectores como la industria extractiva (petróleo, gas y minería), instituciones financieras o el transporte. Pero una de las patas más importantes está en el control de fronteras y los flujos migratorios.

Reino Unido es uno de los países donde G4S tiene mayor presencia en centros de detención. En 2014, el Ministerio del Interior británico publicó que G4S y otras empresas del sector se aprovechaban de los internos, a los que hacían trabajar con sueldos de miseria. Calcularon que por las 45.000 horas de trabajo que hicieron en mayo de 2014 pagaron 45.500 libras. The Guardian hizo la proyección y demostró que, de haberles pagado el salario mínimo, el coste habría sido seis veces mayor, superior a las 280.000 libras. No obstante y como denuncia The Mirror, pese a esa denuncia, el Gobierno británico es uno de los clientes principales de G4S.

La compañía británica era la encargada de controlar los centros de Manus y Nauru hasta que pasaron al control de Broadspectrum. El grupo mediático australiano Fairfax Media investigó los costes del centro y extrajo algunas conclusiones impactantes, como la de que el coste diario que suponía cada interno para el Gobierno australiano era de unos 900 dólares, el equivalente al precio de una suite lujosa en un hotel de cinco estrellas de Sydney. Fairfax Media también denunció el uso de paraísos fiscales por parte de la división australiana de G4S en lugares como las Islas Vírgenes británicas, Islas Caimán o Luxemburgo.

Serco

Gran Bretaña es la gran cuna de los servicios de seguridad, especialmente si hablamos de centros de detención de inmigrantes. Serco es otra de las compañías especializadas en este ámbito y que como G4S también opera en Australia, donde está en la carrera por hacerse con un contrato valorado en 1.000 millones de dólares. Un periodista de The Global Mail se infiltró como trabajador en uno de los centros de detención de inmigrantes gestionado por Serco y documentó de primera mano las pésimas condiciones en las que mantenían a los internos, mucho peores que las de una cárcel.

La empresa no se limita al territorio australiano. The Guardian sacó a la luz en 2015 un documento en el que Serco buscaba ampliar su negocio en Estados Unidos. Bajo el mandato de Barack Obama ha crecido el uso de los controvertidos centros de detención para familias migrantes, especialmente para las procedentes de Centroamérica. Aunque están gestionados por el Estado, la compañía británica tiene en marcha una campaña de lobby en Washington para que en un futuro pasen a su poder.

Serco ha sido una de las empresas que ha puesto el grito en el cielo con la crisis de refugiados, tras ver cómo sus ingresos descienden por la mayor afluencia de personas de larga estancia en sus centros. Según denuncian, tener en sus instalaciones a un solicitante de asilo durante un año tiene un coste de 4.500 libras, un montante superior a las 3.500 que les paga el Gobierno británico. Estas cifras no han impedido la firma de un contrato de 115 millones de libras para seguir ofreciendo este servicio hasta 2019.

GEO

Esta compañía radicada en Florida es la gran dominadora en Estados Unidos. La frontera con México es su principal fuente de internos pero su negocio se extiende por todo el territorio americano. El número de personas que cruza la frontera desde el país centroamericano ha descendido hasta niveles de 1970, pero el gasto del Gobierno en la zona ha aumentado considerablemente desde 2006, lo que se ha traducido en 14.000 camas más que en ese ejercicio.

Actualmente, GEO controla cinco de los diez mayores centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos. El coste para sus cuentas es de unos 100 dólares por interno, pero su rentabilidad y los ingresos no ha hecho más que crecer. Según el Center for American Progress, los cuatro millones de dólares gastados por G EO para hacer lobby en Washington han dado sus frutos: si en 2005 los contratos con el Gobierno estadounidense suponían un 27% de sus ingresos, en 2014 ya eran el 42%.

Uno de los centros más importantes gestionados por G EO es el de Adelanto, en el Estado de California y que, como el propio grupo explica en su web, tiene capacidad para casi 2.000 personas. Según Los Angeles Times, la última ampliación del centro tuvo un coste para la empresa de 45 millones de dólares, pero la reforma ha supuesto un aumento de 21 millones en sus beneficios anuales. G EO no es la única beneficiada, ya que un regidor de la localidad aseguró que cada cama ocupada por un interno se traduce en 75 centavos diarios para las arcas de la ciudad.
-   Broadspectrum, ahora propiedad de la española Ferrovial, dirige dos controvertidos centros en Australia cuyas actividades no tiene previsto cesar a corto plazo

-  G4S ha sido denunciada en Reino Unido por aprovecharse de internos para realizar labores por sueldos de miseria

-   GEO, la gran dominadora de los centros de detención de inmigrantes en EEUU, ha visto cómo las transferencias del Gobierno federal pasan de suponer el 27% de sus ingresos totales en 2005 al 42% de 2014
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Claire Rodier Jurista y miembro de la Red por la Libertad de Movimiento Migreurop
24 millones para detener a 53.000 personas
Empresas como Indra, EADS o Siemens tienen un nicho de mercado en el desarrollo de tecnologías para el control fronterizo. La autora de ‘El negocio de la xenofobia’ explica cómo encaja ese gasto con los discursos y políticas europeas sobre inmigración.

El negocio de la xenofobia' (Clave Intelectual, 2013) parte de un hecho: en los presupuestos europeos de 2014 a 2020, marcados por las políticas llamadas de austeridad, las partidas para vigilancia de fronteras crece. La autora, la jurista francesa Claire Rodier, ha investigado en este libro los principales contratos que la Unión Europea o EE UU firman con compañías de alta tecnología para el control de los flujos migratorios. Rodier, fundadora de la red Migreurop, explica en esta entrevista cómo se relacionan estos desarrollos tecnológicos con las políticas de externalización de fronteras organizadas por los distintos gobiernos europeos.
¿Qué papel juega en esta gestión público/privada la agencia Frontex? ¿Por qué el Frontex es lucrativo en el plano económico?
La agencia europea Frontex, que se encarga de coordinar la cooperación operativa entre los Estados miembros para la vigilancia de las fronteras exteriores de la UE, es el núcleo de un sistema que asocia a los industriales del sector de la seguridad con la administración europea. Financiada con fondos públicos, la agencia necesita materiales sofisticados para llevar a cabo sus operaciones fronterizas (aviones, helicópteros, barcos, equipamientos diversos), y desde 2011 tiene la capacidad de comprar sus propios equipamientos. Su presupuesto ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de seis millones de euros en 2005 a 130 millones de euros seis años después. En 2008, la Comisión informó de que gracias a Frontex se había evitado la entrada de 53.000 personas con un coste de 24 millones de euros. Ese mismo año, al menos dos millones de inmigrantes entraron en la UE, según la OCDE.

Frontex ocupa un lugar estratégico en los recintos donde se tejen los lazos entre los proveedores de fondos y las empresas privadas que fabrican el material que necesita (especialmente, la industria armamentística y la de tecnología punta). A dichas industrias les interesa sobremanera su desarrollo y autonomía, y por tanto la intensificación de los controles fronterizos. Se trata de poderosos lobbies con influencia en la definición de las políticas migratorias de Europa, cada vez más represivas y que representan para esas empresas una fuente de ingresos.
¿Cuáles son las principales empresas en este negocio? ¿Cómo combinan el afán de lucro y la ideología?
En Europa, se puede citar por ejemplo a la francesa Thalès, la italiana Finmeccanica, la española Indra, la alemana Siemens, la francoalemana EADS y la sueca Eriksson. Dichas empresas sufren una dura competencia de la industria estadounidense (especialmente Boeing) e israelí, ambas punteras en tecnologías de la vigilancia. Por ese motivo los europeos se han organizado para plantar cara a la situación: a finales de 2010 se lanzó el proyecto OPARUS, que reúne a Sagem, BAE Systems, Thalès, EADS, Dassault Aviation y algunos otros en la elaboración de una estrategia común de explotación de los drones (aviones teledirigidos) para vigilancia de fronteras terrestres y marítimas.

"La industria europea quiere hacer frente a la competencia de EE UU o israelí con el uso de drones en las fronteras" 

 Al invertir en el mercado de la seguridad migratoria, esas empresas gozan de un clima ideológico que desde principios de los años 2000 se ha infiltrado en los discursos de la mayoría de los gobiernos de la UE y de las instituciones europeas, y que consiste en convertir al inmigrante en una amenaza frente a la que es importante protegerse.
En el Estado español se han conocido recientemente las estadísticas sobre tortura y hay un capítulo aparte para los Centros de Interna­miento de Extranjeros (CIE). A nivel general, ¿cómo funcionan estos centros en Europa?
No hay homogeneidad en el funcionamiento ni en la gestión de los centros de detención administrativa de migrantes en Europa, que dependen de las legislaciones nacionales. La duración legal de la detención varía mucho de un país a otro, y no existen unas normas mínimas relativas a las condiciones de la detención. El único marco que fija la directiva europea de retorno de 2008 se refiere a la duración máxima de la detención –18 meses– y a la posibilidad de los extranjeros detenidos de apelar a asociaciones competentes, cosa que de hecho no se respeta en todos los Estados miembros.
En un informe de 2008, el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria destacaba que ciertos países permiten la detención de solicitantes de asilo y de inmigrantes al margen de un contexto penal o de seguridad nacional con el fin de establecer la identidad de los inmigrantes clandestinos y de los solicitantes de asilo cuya demanda haya sido denegada para permitir su expulsión hacia sus países de origen. En otros Estados, la detención es obligatoria y en ocasiones incluso es empleada para desanimar a futuros refugiados o migrantes. Algunos exigen que la detención sea ordenada por un juez, pero la mayoría de ellos recurren a la detención administrativa.

La frontera de Europa ya no está en territorio europeo sino que son otros países los que ejercen esta labor. ¿Qué consecuencia tiene este cambio?
La externalización de los controles migratorios que caracteriza a la política europea de inmigración y asilo consiste en hacer que terceros Estados se hagan cargo de la gestión de los migrantes que supuestamente quieren llegar a Europa de manera irregular. Esto aumenta los riesgos de violación de los derechos fundamentales de los migrantes: por una parte porque aleja de la mirada de la opinión pública europea actos como el sabotaje de barcos llenos de balseros realizados por los guardacostas en alta mar, o las expulsiones masivas llevadas a cabo en la frontera argelino-marroquí. Y por otra parte, esta subcontratación de los controles migratorios a funcionarios de Estados que no se ciñen a las mismas obligaciones evita a la UE tener que responder por el incumplimiento de esos derechos protegidos por convenciones internacionales. Por ejemplo, la violencia que ejercieron los guardias fronterizos marroquíes durante los asaltos de migrantes contra las fronteras de Ceuta y Melilla en 2005, que provocaron varios fallecidos, no dieron lugar jamás a investigación judicial.
¿Cómo influyen los acuerdos de readmisión en las relaciones entre la UE y los países de origen o de tránsito?
En 1999, los Estados miembros de la UE integraron la lucha contra la inmigración ilegal en sus relaciones con los países de la cuenca mediterránea, pero también con los nuevos Estados independientes de Europa central, de los Balcanes y de Asia central. Esos acuerdos obligan a los países asociados a Europa a “readmitir” no sólo a sus ciudadanos en situación irregular, sino también a todos los migrantes sin papeles que hayan transitado por su suelo. Por tanto les incitan a reforzar la vigilancia de sus propias fronteras.

Para obtener tal colaboración, la UE emplea como moneda, según los casos, la simplificación de los trámites de pasaportes, las ayudas económicas al desarrollo u otras contrapartidas diplomáticas o económicas. Al hacerlo, está perpetuando una relación de dominación cuyos costes pagan los migrantes y los solicitantes de asilo. Hasta la fecha, Marruecos se ha negado a firmar un acuerdo de readmisión con la UE: tal resistencia es un poderoso resorte en las relaciones entre ambos, convirtiendo a los migrantes casi en un recurso nacional, al igual que ocurría en Libia en los tiempos de Gaddafi, que se servía de ellos como moneda de cambio. "El discurso de que el inmigrante es una amenaza ha creado un clima ideológico que interesa a las empresas de seguridad"
Habla de una retórica del miedo en torno al negocio de la xenofobia. ¿Cómo funciona esta retórica? ¿Quiénes favorecen el crecimiento de estos discursos?
Después del 11S, la legislación relativa a los migrantes cobraría un cariz cada vez más restrictivo, alimentando el fantasma del enemigo venido de fuera para amenazar la integridad europea, sin que por ello se registrase una disminución notable del número de entradas de migrantes irregulares en Europa.

En el libro trato de enseñar las funciones ideológicas de los controles migratorios, es decir la manera en que se presentan como una respuesta a las supuestas preocupaciones de la opinión pública. Aquí volvemos a encontrar la lógica, que conocemos bien, del chivo expiatorio: en el contexto de la crisis económica y social que está marcando el principio de este siglo, la “manipulación de la incertidumbre” (la expresión es de Zygmunt Bauman) permite al poder, incapaz de aportar soluciones a los problemas de la población, asentar su autoridad.

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