viernes, 25 de septiembre de 2015

El juez militar pide archivar el caso de las torturas en Irak. Miguel González

"... El coronel auditor, que desde enero pasado instruye el caso, no tiene dudas sobre la veracidad de los hechos —sucedidos en la base de las tropas españolas en Diwaniya (Irak) entre el 22 de enero y el 18 de febrero de 2004— a los que se refiere con adjetivos como “infames, execrables e ignominiosos”. “Tenemos la firme convicción de que los hechos ocurrieron y que tienen entidad penal”,...

La marcha atrás de un legionario impide identificar a los responsables de los malos tratos




El titular del Juzgado Togado Militar Central número 2 ha pedido el “sobreseimiento provisional” del caso de las torturas en la base española de Diwaniya (Irak) en 2004, que se conocieron gracias a un vídeo difundido por EL PAÍS en el que varios legionarios pateaban a dos prisioneros. El juez alega que no se ha podido identificar a los agresores ni a las víctimas. La marcha atrás de un legionario que denunció a sus compañeros y luego se desdijo de sus declaraciones permitirá que unos hechos que el juez califica de “infames” queden impunes.

En el vídeo, de 40 segundos, difundido por EL PAÍS el 17 de marzo de 2013, se observa cómo cinco soldados españoles entran una celda del centro de detención de Base España, en Irak. Tres soldados la emprenden a patadas con los dos detenidos, mientras otros dos observan desde la puerta y un sexto graba la escena. Uno de los militares los patea con especial saña. En dos ocasiones parece a punto de marcharse, pero se vuelve para descargar toda la fuerza de su bota contra los cuerpos indefensos. “¡Jo! A este se lo han cargado ya”, comenta un militar.

El auto califica de "infames", "execrables" e ignominiosos" el comportamiento de los militares

El instructor reconoce su "frustración por no llegar a conocer la verdad material de lo sucedido"


El coronel auditor, que desde enero pasado instruye el caso, no tiene dudas sobre la veracidad de los hechos —sucedidos en la base de las tropas españolas en Diwaniya (Irak) entre el 22 de enero y el 18 de febrero de 2004— a los que se refiere con adjetivos como “infames, execrables e ignominiosos”. “Tenemos la firme convicción de que los hechos ocurrieron y que tienen entidad penal”, proclama. Por eso, no plantea el sobreseimiento definitivo, como reclamaron los defensores de los cinco imputados. Sin embargo, propone el “sobreseimiento provisional” —lo que supone que archiva la investigación y se levantan las imputaciones hasta que aparezcan nuevos datos— aunque reconoce que “las posibilidades de reabrir el procedimiento son especialmente complicadas” y que produce “frustración [...] no poder llegar a conocer la verdad material de lo sucedido, máxime cuando se trata de comportamientos graves y tan ajenos de lo que debe ser el de las tropas españolas desplazadas lejos de territorio nacional en ejecución de las misiones encomendadas”.

Y ¿qué es lo que ha impedido conocer la verdad? El juez alega que no se ha podido conocer la identidad de las víctimas y que ello impide determinar el estatuto jurídico que les afecta.
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El juez reconoce que España estaba sujeta en Irak a las obligaciones propias de una potencia ocupante y, en particular, al derecho internacional humanitario, que prohíbe cualquier tipo de tortura o trato inhumano o degradante, tanto a los prisioneros de guerra como a la población civil. No llega a afirmar —como hizo en octubre pasado el Tribunal Militar Territorial Primero para revocar los procesamientos— que si fueran terroristas no se les aplicarían las convenciones de Ginebra, pero alega la “indefinición” sobre su identidad.

Más importante es que se ponga en duda la identidad de los agresores. En julio de 2014, el legionario J. M. C. de los R. reconoció que fue él quien grabó el vídeo e identificó ante la juez a los militares que aparecen en sus imágenes con el rostro pixelado. Pero el pasado 21 de mayo volvió a declarar, ya no en condición de imputado sino como testigo, y se desdijo de sus anteriores declaraciones, asegurando que su “situación eran tan mala [...] que hubiese contado lo que fuese”.

El juez advierte que es ilógico que el legionario hiciera declaraciones autoinculpatorias cuando habló como imputado, con derecho a no declarar, y exculpatorias cuando lo hizo como testigo. Pero concluye que, ante la contradicción entre ambas, no puede dar credibilidad a la primera.

En el sumario figura otro testigo: el legionario D. G. J. Aunque no asistió personalmente a los malos tratos, supo lo que pasó y la existencia del vídeo. Fue él quien puso a la Guardia Civil tras la pista de sus protagonistas.

Sin embargo, el juez elude su testimonio asegurando que “carece de imputación contra persona aforada ante este tribunal”. Se trata de un recurso formal: quiere decir que D. G. J. no acusó al capitán A. B. del P., cuyo ascenso hizo que la instructora inicial, la comandante Patricia Moncada, fuera apartada del caso en favor de un juzgado togado central.

Si la justicia ordinaria investigase este caso, la acción popular podría recurrir el archivo. Pero la jurisdicción castrense no permite la acción popular, las víctimas no están personadas y el fiscal militar, único acusador, apoya que se dé carpetazo.

Siete mandos de la Legión presionaron al testigo que se desdijo

M. G.


Desde las siete de la tarde del 27 de junio de 2014, cuando fue interrogado por la Guardia Civil en Ronda (Málaga), hasta las cuatro de la tarde del día siguiente, cuando se presentó en el Juzgado Togado Militar Territorial número 12, al menos siete mandos de la Legión se dirigieron al legionario J. M. C. de los R. para convencerle de que no colaborase con la investigación.

Así lo sugirió el propio legionario a preguntas del fiscal. “Preguntado si por alguno de estos mandos ha recibido amenazas o advertencias para que no declarara, respondió que no quiere contestar”, señala el auto.

El legionario viajó a Madrid en tren y llegó a la estación de Atocha a las dos de la tarde, poco antes de la hora a la que estaba citado. Pero en Atocha, sin que él lo supiera, un capitán de la Legión le estaba esperando y, en vez de recorrer a pie los 300 metros que separan la estación del juzgado, se lo llevó en su coche y lo devolvió dos horas después —supuestamente por un error en el GPS—, cuando la Guardia Civil ya lo buscaba.

El mismo capitán irrumpió a media tarde en el juzgado militar, donde protagonizó un altercado con la secretaria judicial y la juez. Su interés era hacerse con el teléfono del abogado de oficio que había asistido a J. M. C. de los R., para que dejara su defensa en manos del letrado Juan Antonio Díaz Díaz, conocido como El Coronel. No es solo un apodo. Díaz es un coronel de la Legión en la reserva que sigue estrechamente vinculado a la misma como presidente de la Fundación Tercio de Extranjeros.

Pese a todos estos esfuerzos, el legionario “cantó”, como le dijo alarmada la esposa de uno de los implicados a una amiga en una conversación telefónica intervenida judicialmente, y denunció a sus compañeros, rompiendo el pacto de silencio.

Cuando recuperó la libertad y regresó a Ronda, la presión se multiplicó. “Siempre leal, mi capitán; que me he equivocado, he metido la pata [...] a la orden, yo no salgo ni a la calle, por miedo, por vergüenza y por todo, estoy totalmente avergonzado”, le confesó a un superior.

Finalmente, J. M. C. de los R. cambió su declaración y se desdijo. Se cumplió así la más anacrónica interpretación del Credo Legionario, según la cual hay que apoyar siempre al compañero “con razón o sin ella”.
 

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