El espectro radioeléctrico como un bien común. LA LUCHA INVISIBLE DE LAS EMISORAS COMUNITARIAS. Por JAVIER GARCÍA
Quienes sí han seguido todo este proceso desde el principio han sido
las radios libres y las televisiones comunitarias. Se trata de emisoras
independientes cuya gestión y programación se elabora de forma
colectiva, promovidas por un colectivo de personas o por una asociación
sin ánimo de lucro. Las emisoras comunitarias surgen a principios de los
años 80 y ante la falta de reconocimiento legal tomaron las ondas
abriendo espacios de comunicación para la ciudadanía. Más de treinta
años después estas emisoras siguen enfrentando las mismas dificultades
que en sus inicios, emitiendo sin licencia, peleando por hacerse un
hueco en el dial con el constante riesgo de multas y cierres..."
Por JAVIER GARCÍA (*).- El
espectro radioeléctrico es un patrimonio de la humanidad, un bien
público de uso común que debido a su escasez ha pasado a ser
administrado por el Estado. Un bien común que no se ve pero tiene un
valor: hizo posible la radio, la TV, la telefonía móvil y ahora el
Internet móvil. Pero ¿cómo se reparte este recurso? ¿qué papel tiene la
sociedad en este proceso?
Lamentablemente cada vez es mayor la mercantilización de este bien y la
exclusión de la sociedad civil tanto de las decisiones sobre su uso
como de ser promotor de sus propias iniciativas de (tele)comunicaciones.
Esta es la alerta que lanzan en España desde la campaña
#DemocratizaLasOndas que reivindica un espacio en el dial para radios y
televisiones al servicio de la ciudadanía.
Digitalización de la TV y el dividendo digital, el caso español
La radio y la televisión han sido quienes han acaparado una gran parte
del dial. Pero ahora también pugnan por ese espacio las empresas de
telecomunicaciones que cada vez requieren de más ancho de banda para
ofrecer nuevos servicios y mayor consumo de datos.
Desde 2011 el Gobierno español ha procedido a adjudicar el espectro destinado a operadores de telefonía mediante subastas,
ampliando en un 70% el espacio destinado a telecomunicaciones gracias
al espacio liberado tras el cese de las emisiones analógicas de TV y su
digitalización. Un proceso que se ha denominado como “dividendo
digital”.
El proceso se completó en los últimos meses: a finales de 2014 el
Gobierno, tras algunos accidentes judiciales, aprobó el “definitivo”
reparto del espectro entre TV y telecomunicaciones.
El nuevo plan técnico de televisión recortó los canales destinados a TV
pública y excluyó a las TV comunitarias. Los últimos seis canales
disponibles para TV están en estos momentos en proceso de adjudicación,
prevista para el mes de octubre, al que optan: Atresmedia (Antena3 y La
Sexta), Mediaset (Telecinco y Cuatro), 13TV, Net TV (Vocento), Real
Madrid TV, PRISA, 13TV, Secuoya, Kiss FM y El Corte Inglés.
Considerando que estamos en un año clave electoralmente con elecciones
nacionales y en Cataluña: ¿influye el proceso de reparto en la labor
informativa de las empresas que se postulan al concurso?
Evidentemente sí. Quizá en eso tenga que ver algunos hechos ocurridos en los últimos meses como el repentino cese del periodista Jesús Cintora de «Las Mañanas de Cuatro» o los cambios en la programación de La Sexta durante los meses de verano retirando programas como «El Intermedio», «Salvados» o «La Sexta Columna»
Las emisoras comunitarias: el espectro radioeléctrico como un bien común
El reparto del espectro realizado para TV y para telefonía, a pesar de
su importancia política, estratégica y económica, no parece haber sido
un tema dentro de la agenda de los movimientos sociales, que en todo
caso han centrado sus alarmas respecto del deterioro de las televisiones
públicas.
Quienes sí han seguido todo este proceso desde el principio han sido
las radios libres y las televisiones comunitarias. Se trata de emisoras
independientes cuya gestión y programación se elabora de forma
colectiva, promovidas por un colectivo de personas o por una asociación
sin ánimo de lucro. Las emisoras comunitarias surgen a principios de los
años 80 y ante la falta de reconocimiento legal tomaron las ondas
abriendo espacios de comunicación para la ciudadanía. Más de treinta
años después estas emisoras siguen enfrentando las mismas dificultades
que en sus inicios, emitiendo sin licencia, peleando por hacerse un
hueco en el dial con el constante riesgo de multas y cierres. En 2010 la
Ley Audiovisual reconoció el derecho de estas emisoras a un espacio en
el dial, pero los distintos gobiernos continúan bloqueando su acceso a
frecuencias, condenándolas a la marginalidad.
Durante 2015 la Red de Medios Comunitarios (ReMC), Radiotelevisió
Cardedeu y TeleK pusieron en marcha la campaña #DemocratizaLasOndas para
denunciar el incumpliendo de la Ley Audiovisual y llamar la atención
sobre una nueva vuelta de tuerca en la mercantilización del espectro
radioeléctrico.
Uno de los hitos de la campaña ha sido impugnar ante el Tribunal
Supremo el reparto del espectro realizado por el Gobierno para TV y
telefonía 4G. Para eso ha sido necesario embarcarse en un complejo y
costoso proceso judicial para el cual se abrió una campaña de recogida
de donativos. Por el momento los resultados son muy modestos. La campaña
de crowdfunding para recabar cinco mil euros apenas ha
recogido mil, una cifra insuficiente para hacer frente económicamente al
reto planteado. Puede que durante 2016 asistamos a una sentencia
histórica y a la ruina económica de los promotores.
Los resultados de la campaña quizá son una muestra más de las
dificultades que enfrentan las emisoras comunitarias para visibilizar
sus aportes y sus reivindicaciones.
¿Por qué es tan desconocida la labor de los medios comunitarios?
Creo que por una parte tiene que ver con la situación de gran
precariedad de estos medios y las dificultades que enfrentan para su
sostenibilidad. En su ámbito más cercano estas experiencias son muy
valoradas pero en la red de redes sus aportes y logros son poco
conocidos.
También puede deberse a que desde los movimientos sociales se ha
prestado poca atención a estas iniciativas y a la importancia de la
lucha por el espectro radioeléctrico. Muchas organizaciones y activistas
perciben a estas emisoras como instrumentos del pasado que han sido
superadas por las nuevas herramientas que ofrece Internet.
Sin embargo la irrupción de internet no ha supuesto la desaparición de
la emisoras comunitarias, incluso ha promovido su desarrollo
convirtiéndolas en medios híbridos, un puente entre lo nuevo y lo viejo,
un laboratorio para aprovechar la experiencia acumulada en la
comunicación comunitaria.
¿Por
qué se ha prestado tan poca atención por parte de los movimientos
sociales al proceso de mercantilización del espectro radioeléctrico?
La irrupción de Internet y sus nuevas posibilidades de comunicación,
difusión de audio y vídeo propiciaron una visión tecno-utópica en que la
lucha por el espectro parecía algo anacrónico, del pasado. Pero con el
3G, el wifi y los smartphones, Internet es un servicio de
telecomunicaciones que depende del espectro radioeléctrico para operar.
En la última década se ha realizado un importante reparto de espectro
destinado a telefonía, primero con las concesiones de 3G y después con
la subasta de las frecuencias para 4G. Los movimientos sociales han
sabido sacar rendimiento a estas nuevas herramientas de comunicación
pero deslumbrados por los nuevos avances tecnológico ha pasado
desapercibido el proceso de privatización del espectro.
Las emisoras comunitarias, que siempre entendieron el espectro
radioeléctrico como un bien común, se han abierto a internet pero sin
abandonar la lucha por el dial. En esa línea van también iniciativas más
novedosas como guifi.net y otras cooperativas de telecomunicaciones.
Ahora con Internet propagándose por las ondas el debate sobre cómo y
quien administra el espectro radioeléctrico está más vigente que nunca,
si no queremos conformarnos con ser meros consumidores y usuarios de
redes privatizadas.
Por eso recomiendo prestar atención a la pelea que están dando las
emisoras comunitarias con el reparto del espectro y animo a apoyar la campaña de crowdfunding #DemocratizaLasOndas. Los logros en estas luchas serán claves en el proceso de privatización del espectro y en su reivindicación como un bien común.
(*) Javier García es jurista especializado en derecho audiovisual. Desde hace 20 años participa en experiencias de radiodifusión comunitaria como Radio Almenara o la Red de Medios Comunitarios.
Canarias semanal.org
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