Condenamos sin paliativos la represión
puesta en marcha desde el Ministerio del Interior para criminalizar la
lucha sindical y social, queriendo “hacer un problema de orden público”
donde solo hay lucha contra la injusticia social y en defensa de los
derechos y los servicios públicos.
Las órdenes dadas por la Fiscalía
General del Estado para que se pidan penas de cárcel a todas las
personas que pasen a disposición judicial, tras ser detenidas por haber
participado en piquetes, concentraciones, escraches, manifestaciones,
etc. están llevando a tener cientos de casos en la actualidad, donde se
están pidiendo penas de prisión de 2, 3, 4, 5 y hasta 8 años de cárcel
por hechos que no han causado daños de ningún tipo.
En cambio, por casos que han tenido
graves consecuencias, como el caso Arena en el que perdieron la vida
cinco jóvenes, el fiscal está pidiendo cuatro años de prisión para el
único acusado por “cinco homicidios imprudentes graves”, por poner un
ejemplo. La justicia distingue muy bien la lucha de clases, metiendo en
prisión a las personas de la clase obrera y casos muy especiales de la
clase dominante. En estos mínimos casos los indultos, recursos,
prescripciones acaban por poner en libertad rápidamente a “sus”
condenados.
Todo esto sucede antes de que haya
entrado en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como
Ley Mordaza, que eleva las penas que hasta ahora eran “faltas” al
grado de “delito” y derivan otros hacia sanciones administrativas
sometiendo a la completa indefensión a la población en general y a los
activistas sociales y sindicales en particular.
Casos concretos como los siguientes son solo una muestra de la represión desatada por el gobierno:
- Urtzi y Telle,
jóvenes vascos condenados a dos años y medio de prisión por hacer
pintadas durante la manifestación de la huelga general del 29-M, que ya
están cumpliendo prisión;
– Carlos y Carmen, condenados a tres años de prisión por participar en un piquete de la huelga general del 29-M en Granada;
– Alfon, joven antifascista detenido sin causa alguna en la huelga general del 14-N al que se le piden 5 años y medio de prisión;
– Pablo, Jorge e Iñaki, jóvenes de Logroño, a los que se les pide 22 años de cárcel por participar en el 14-N;
– Laura Gómez a la que piden 3 años y seis meses por quemar unos billetes de juguete el 29-M ante la Bolsa de Barcelona;
– Las 14 personas identificadas en Madrid en la manifestación del 15-M-2011 para las que se piden 74 años de prisión;
– Miguel e Isma,
detenidos tras el 22-M que pasaron 82 y 72 días en prisión preventiva; –
Eva y Ricardo, el caso de “Cuatro Caminos Cuenca”, la fiscalía les
pedía 7 años y medio, en el primer juicio Eva ha sido absuelta y
Ricardo condenado a 8 meses por “resistencia a la autoridad”.
– Las miles y miles de multas y sanciones impuestas por convocar o participar en movilizaciones; y un largo, muy largo etcétera.
Ante este situación, el Bloque Combativo y de Clase manifiesta que participará en la semana de lucha antirrepresiva que desarrollará movilizaciones descentralizadas en todas las ciudades en la semana del 9 al 15 de febrero de 2015
y llamará a la clase trabajadora a movilizarse contra esta represión de
Estado que ningunea el llamado “estado social democrático y de
derecho” del que hipócritamente afirman que disfrutamos.
Organizaciones y colectivos
firmantes: Alternativa Sindical de Trabajadores (AST), Baladre,
Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Nacional del
Trabajo (CNT), Comisiones de Base (CoBas), Coordinadora Sindical de
Clase (CSC), Intersindical Aragón (IA), Sindicato Asambleario de
Sanidad (SAS), Solidaridad Obrera (SO).
BLOQUE COMBATIVO Y DE CLASE.
Madrid, enero de 2015
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