Ausencia de
procedimientos operativos policiales públicos, ausencia de
investigaciones que merezcan tal nombre, criminalización de los
colectivos que protestan, obstrucción por las autoridades y la
policía a las investigaciones judiciales, identificaciones y
sanciones administrativas para disuadir de la participación en
concentraciones, utilización de la ausencia de notificación como
pretexto para disolverlas, hostigamiento a los periodistas,
endurecimiento de las leyes...
El
estado de la cuestión, hace unos meses
La publicación
del informe de Amnistía Internacional (AI) “España: el derecho a
protestar, amenazado”i
, el pasado 23 de Abril, ha venido a reiterar y consolidar, con la
autoridad de organización independiente y de reconocido prestigio,
la denuncia de una escalada de recortes en las libertades civiles en
el Estado Español, puesta ya de manifiesto por innumerables
organizaciones, movimientos sociales e incluso organismos
internacionales a los que el propio Estado se ha adherido
voluntariamente.
Ausencia de
procedimientos operativos policiales públicos, ausencia de
investigaciones que merezcan tal nombre, criminalización de los
colectivos que protestan, obstrucción por las autoridades y la
policía a las investigaciones judiciales, identificaciones y
sanciones administrativas para disuadir de la participación en
concentraciones, utilización de la ausencia de notificación como
pretexto para disolverlas, hostigamiento a los periodistas,
endurecimiento de las leyes... todo ello forma parte de la panoplia
de métodos que AI denuncia son utilizados por el (los) Gobierno(s),
en un ataque inusitado al derecho a las libertades de expresión y de
reunión, incompatibles con el estado de derecho que se invoca.
Nuevas
tendencias
El informe se
había elaborado muy cuidadosamente durante más de un año de
trabajo y, por lo tanto, no contemplaba siquiera las últimas
novedades introducidas en las formas exhibidas por el (los)
Gobierno(s) y su(s) partido(s). Los indicios, más que verosímiles,
de que a la policía se la sometió deliberadamente a un riesgo
innecesario durante la ejemplar manifestación del 22M, con el fin de
distraer la atención del público sobre el núcleo de las
reivindicaciones para centrarla, en su lugar, en los disturbios
callejeros y en la necesidad de mano dura (como ya denunciara Antonio
Maira en su artículo sobre el “clan del oso cavernario”ii),
revela un salto cualitativo en la escalada represiva que linda ya con
comportamientos directamente delictivos de sus responsables. El cese
del jefe de los antidisturbios en Madrid no parece más que una
concesión a los sindicatos de policía, que habían mostrado su
indignación porque no se enviaron refuerzos a la unidad que se
encontraba en apuros. Los responsables políticos (la Delegada del
Gobierno en Madrid, Sra. Cifuentes, en este caso), por su parte,
disponen de la baza que les brinda una deliberada y desastrosa
ordenación de la seguridad ciudadana, que les permite ordenar las
intervenciones desde la sombra, con una cabeza de turco a mano a
quien culpar de sus errores. Y siempre, al servicio del partido que
gobierna, en lugar de orientarse a una verdadera defensa de los
derechos ciudadanos.
Otras formas de
control y restricción del derecho a la libre expresión han venido a
incorporarse al panorama, como la toma forzada de fotografías a
manifestantes embolsadosiii,
por parte de los Mossos d'Esquadra en Barcelona, justificándolo en
que es preciso tenerlos identificados por si acaso se les ocurre
participar en actos ilegales. En este caso, se trata de una actuación
demoledora con respecto a los derechos a la intimidad y a la
presunción de inocencia, que parece no producir sonrojo alguno a sus
responsables.
Para terminar
con la casuística de nuevo cuño, cuando las concentraciones no son
muy numerosas, en lugar de disolverlas, cosa no autorizada en la Ley
salvo riesgo grave para la seguridad ciudadana, la policía la
desplaza a empujones hasta un lugar en que pase desapercibida. Como
ocurriera en el intento de manifestación de Jaque al Reyiv
el pasado 30 de Marzo; esto es también lo que ocurrió a los que nos
habíamos concentrado en la Plaza de Neptunov
el día en que en el Congreso se votaba la Ley de Abdicación,
miércoles 11 de Junio. Una manifiesta ilegalidad, ya que la Ley de
Protección de la Seguridad Ciudadana únicamente prevé la
disolución de una concentración cuando exista riesgo para personas
y bienes (lo que, a todas luces, no era el caso), pero nunca su
traslado a empujones a otro escenario.
La
colaboración de los otros poderes
A todo esto hay
que añadir un apresurado esfuerzo del poder legislativo por limitar
los ya pobres y abusados derechos a manifestar la discrepancia, que
augura un panorama sombrío para los que no se conforman con ver la
televisión y rumiar su desespero en soledad. Hasta poderes tan poco
representativos del sentir popular como el Consejo General del Poder
Judicial o el Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Reuniónvi
han puesto el grito en el cielo sobre las aberraciones planteadas por
este Gobierno en su propuesta de reforma de la Ley de Seguridad
Ciudadana, lo que le ha obligado a “suavizarla”. La apisonadora
de derechos está ya en marcha, no obstante, desde hace tiempo y muy
avanzada la tramitación de la reforma del Código Penal, que
suprimirá la tutela judicial sobre los infractores, convirtiendo a
la autoridad gubernativa en juez y parte en los casos de faltas. O la
Ley de Seguridad Privada, ya aprobada, que amplía los poderes de los
agentes de seguridad privada más allá de su ámbito natural de
trabajo.
Tampoco el
sistema judicial escapa a este perverso juego. Por una parte, la
fiscalía muestra una proverbial laxitud para ordenar la
investigación de las alegaciones de malos tratos o uso excesivo de
la fuerza por la policía; por otra, una acusada tendencia de los
jueces a conceder la presunción de veracidad al testimonio de la
policía en sus denuncias y un desprecio olímpico a la debida
reparación a las víctimas de sus abusos.
Para completar
el panorama, los grandes medios de comunicación, esclavos del poder
económico que los alimenta o de los partidos del régimen, no hacen
sino contribuir con entusiasmo a la elaboración y difusión de los
discursos de criminalización de la protesta, con algunas loables
excepciones. Proverbial fue el descaro de la mayoría de ellos para
vocear los incidentes del 22M, silenciando sistemáticamente la
auténtica dimensión y las reivindicaciones de los manifestantes.
El ámbito
militar: silencio en la línea
Poco a poco se
va destapando la verdadera naturaleza del régimen. También en el
ámbito militar se refuerza la utilización interesada del concepto
de disciplina, no para mantener ésta, sino para acallar la
disidencia y la denuncia de los abusos. El caso del teniente Luis
Gonzalo Seguravii,
sometido a procedimiento disciplinario por falta muy grave contra la
disciplina, viene a sumarse a una cascada de sanciones contra
miembros de las asociaciones militares que se vieron temporalmente
privados de libertad como represalia por la exposición pública de
su actividad en defensa de sus derechos. La inminente aprobación del
nuevo Régimen Disciplinario, así como el anteproyecto de nuevo
Código Penal Militar, ambos denunciados por este autor en sendos
artículos (viii
y ix),
vienen a endurecer el sombrío panorama de la libertad de expresión
entre los profesionales de la milicia.
Pero la
incidencia de estos cambios va más allá de los límites de los
cuarteles: la remilitarización de la Guardia Civil, la aplicación
de determinados artículos del Código Penal Militar a civiles y el
hurto a la justicia civil de algunos de los delitos contra los
derechos y las libertades cometidos por militares, añaden signos muy
preocupantes de vaciamiento del contenido constitucional. Son muchas
las voces que claman ya contra un golpe de estado encubierto.
El papel de
la policía
La persistente
situación de crisis y el creciente sufrimiento de la mayoría de la
población ha hecho brotar la protesta por todos los rincones del
país. La contundente respuesta del (de los) gobiernos(s) en forma de
represión, en lugar de atender a sus causas, está degenerando en un
clima de desconfianza creciente de los manifestantes hacia la
policía. A su vez, los agentes de las unidades de intervención
muestran una hostilidad y desprecio hacia los manifestantes cada vez
más indisimulada, convenientemente estimulada por los discursos
criminalizadores desde el poder y amparados por una impunidad
rampante.
Esto está
generando, en un juego perverso de acción-reacción, el
desplazamiento inconsciente del objeto de las iras populares, desde
los auténticos responsables de la situación, hacia la policía. Y
esto es, precisamente, lo que el poder desea: que las protestas se
vuelvan contra la policía y no contra las políticas que se aplican.
Por tanto, es preciso y urgente romper esta tendencia. Las clases
populares deben comprender que enfrentarse a la policía no va a
resolver sus problemas; al menos, en esta fase de la lucha y con la
actual correlación de fuerzas. Las organizaciones y los movimientos
sociales tendrán que hacer un esfuerzo por evitar la presencia de
elementos provocadores en el seno de las concentraciones de protesta.
Pero de ninguna
forma se puede trasladar la responsabilidad de los conflictos a las
organizaciones que las convocan. La policía tiene que asumir de una
vez que ellos son unos meros intermediarios entre intereses en
conflicto y no tomar partido siempre por los que les mandan. Los
agentes de la policía tienen que entender que ellos están para
proteger los derechos y libertades de los ciudadanos: todos los
derechos, incluido el derecho a protestar; y que la única
justificación para una intervención es que esté en grave riesgo la
seguridad ciudadana.
Por tanto, hay
que hacer un llamamiento a los profesionales honrados de las fuerzas
y cuerpos de seguridad para que reorienten sus iras hacia los
poderosos, no hacia el pueblo que reclama. Para romper el clima de
hostilidad, es la propia policía la que tiene que cambiar su
actitud, negándose a cumplir órdenes ilegales y denunciando a los
compañeros corruptos o delincuentes.
Por último, es
preciso crear puntos de encuentro con los manifestantes, acercarse a
sus reclamaciones y preocupaciones y establecer cauces de diálogo y
entendimiento para evitar que en las concentraciones pacíficas se
produzcan situaciones de tensión y escalen a disturbios que
justifiquen intervenciones aún más costosas para todos. Existen
precedentesx
muy interesantes en otros países, en los que se han desarrollado
estrategias de intermediación e incluso unidades especializadas de
la policía en estas técnicas. Los sindicatos policiales pueden
jugar un papel de primer orden en este esfuerzo, llevando al seno de
sus colectivos profesionales esta demanda y presionando a sus
responsables para que se lleven a efecto.
Notas:
i
“España:
el derecho a protestar, amenazado”.
Amnistía Internacional.
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/44100114.spa (policing
spain_FINAL_en baja)?CMD=VEROBJ&MLKOB=32906041616
ii
“M22M:
Cómo se planearon los incidentes de las Marchas por la Dignidad”.
Rebelión. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=182959
iii
"Los
Mossos obligaron a los detenidos a cubrirse con capuchas”.
Diario Público.es.
http://www.publico.es/actualidad/524451/los-mossos-obligaron-a-los-detenidos-a-cubrirse-con-capuchas
iv
“Siete
periodistas heridos por policías al fotografiar una detención”.
Periodismo Humano.
http://periodismohumano.com/sociedad/comunicacion/siete-periodistas-heridos-por-policias-al-fotografiar-una-detencion.html
vi
“Observaciones
de ONU sobre las reformas del Código Penal y la Ley Mordaza”,
en Rights International Spain, 12 Jun 2014.
http://www.rightsinternationalspain.org/es/blog/48/observaciones-del-relator-especial-de-onu-sobre-las-reformas-del-codigo-penal-y-la-ley-de-seguridad-ciudadana
vii
“A
juicio el teniente que denunció la corrupción de las Fuerzas
Armadas escribiendo un libro”.
Diario Público.es.
http://www.publico.es/526125/a-juicio-el-teniente-que-denuncio-la-corrupcion-de-las-fuerzas-armadas-escribiendo-un-libro
viii
“El
caso del Subteniente Bravo y las libertades civiles de los
militares”.
Rebelión.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=166424&titular=el-caso-del-subteniente-bravo-y-las-libertades-civiles-de-los-militares-
ix
“Nuevo
apretón de tuercas: el Código Penal Militar”.
Rebelión. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=184395
x
“Policing
demonstrations in the European Union”.
Amnistía Internacional.
http://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/eu-police.pdf
Manuel Pardo
de Donlebún Montesino, Capitán de Navío en la Reserva
Notas:
i
“España:
el derecho a protestar, amenazado”. Amnistía
Internacional.
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/44100114.spa (policing
spain_FINAL_en baja)?CMD=VEROBJ&MLKOB=32906041616
ii
“M22M:
Cómo se planearon los incidentes de las Marchas por la Dignidad”.
Rebelión. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=182959
iii
"Los
Mossos obligaron a los detenidos a cubrirse con capuchas”.
Diario Público.es.
http://www.publico.es/actualidad/524451/los-mossos-obligaron-a-los-detenidos-a-cubrirse-con-capuchas
iv
“Siete
periodistas heridos por policías al fotografiar una detención”.
Periodismo Humano.
http://periodismohumano.com/sociedad/comunicacion/siete-periodistas-heridos-por-policias-al-fotografiar-una-detencion.html
v
“Felipe
VI es represión”. Diario Público.es.
http://www.publico.es/526666/felipe-vi-es-represion
vi
“Observaciones
de ONU sobre las reformas del Código Penal y la Ley Mordaza”,
en Rights International Spain, 12 Jun 2014.
http://www.rightsinternationalspain.org/es/blog/48/observaciones-del-relator-especial-de-onu-sobre-las-reformas-del-codigo-penal-y-la-ley-de-seguridad-ciudadana
vii
“A
juicio el teniente que denunció la corrupción de las Fuerzas
Armadas escribiendo un libro”. Diario Público.es.
http://www.publico.es/526125/a-juicio-el-teniente-que-denuncio-la-corrupcion-de-las-fuerzas-armadas-escribiendo-un-libro
viii
“El
caso del Subteniente Bravo y las libertades civiles de los
militares”. Rebelión.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=166424&titular=el-caso-del-subteniente-bravo-y-las-libertades-civiles-de-los-militares-
ix
“Nuevo
apretón de tuercas: el Código Penal Militar”. Rebelión.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=184395
x
“Policing
demonstrations in the European Union”. Amnistía
Internacional.
http://www.amnesty.org.uk/sites/default/files/eu-police.pdf
Manuel Pardo de Donlebún Montesino, Capitán de
Navío en la Reserva
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