El pueblo, movilizado de manera creciente pero acorralado por la crisis, empujado y golpeado por la policía del régimen antidemocrático en el que vivimos, acosado por las nuevas leyes de un sistema represivo que se ha acentuado en los últimos tiempos, no va a poder impedir la segunda coronación del postfranquismo, pero si va a poder dejar constancia del carácter profundamente antidemocrático de la misma. Por eso mismo la movilización, en los próximos días y en los próximos meses, es una necesidad perentoria. Se trata, nada más y nada menos que de plantear con contundencia y perseverancia un conflicto de legitimidad que se acentúa –sobre todo ante las generaciones jóvenes- entre el deseo soberano de decidir sobre la forma de Estado (y consecuentemente, sobre el propio orden constitucional) y la imposición de la “operación abdicación”, con la que el Régimen pretende perpetuarse activando a tope y entre bastidores la mecánica parlamentaria del bipartidismo.
Un pueblo al que se le ha hurtado la posibilidad de elegir la forma de Estado tras los pactos bajo chantaje que dieron paso a la Transición, es ahora ninguneado de nuevo en una maniobra política acelerada que se presenta como un exacto cumplimiento de los preceptos constitucionales y al mismo tiempo como la huida del “abismo de la desestabilización” de un régimen cuarteado por la acelerada desigualdad, la corrupción galopante y la evidente pérdida de legitimidad popular.
Los principales partidos del régimen liquidaron el ya muy agrietado sistema de derechos y libertades con la modificación del artículo 135 de la Constitución, que optaba por el equilibrio presupuestario en todas las Administraciones públicas y por el pago de la deuda con prioridad absoluta sobre cualquier otra partida presupuestaria, es decir, por la liquidación obligatoria de una parte importante y creciente de los gastos sociales. Curiosamente, los mismos partidos se disponen ahora a decretar el carácter sagrado de la Constitución (una de las más rígidas del mundo) y, sobre todo, la relación entre una supuesta “estabilidad democrática” y la necesidad de confirmar con urgencia y sin participación popular alguna la legitimidad dinástica de la familia de los Borbones.
Una constitución vacía de derechos, vacía de pueblo, que apuntala como columna vertebral a una institución históricamente antipopular, antidemocrática y alineada siempre con las oligarquías económicas y sus representantes políticos.
Hay que recordar una y otra vez el origen de la restauración de la Monarquía borbónica, planificada en detalle por el dictador genocida Francisco Franco (que se ocupó personalmente de organizar la educación del futuro rey) y hecha efectiva tras el juramento por Juan Carlos I de las leyes y los “principios del Movimiento”. Como se sabe, éstos definían la forma, el fondo y la práctica feroz de aquél régimen opresor y violador de todos los derechos humanos, sociales y políticos. Hay que recordar también que Juan Carlos respaldó los últimos asesinatos del Régimen.
Hay que recordarlo frente a una nueva e intensísima campaña de legitimación de la monarquía, a partir de la figura de su actual titular, que están llevando a cabo la casi totalidad de los medios de comunicación privados y falsamente públicos. Son ellos –bajo la dirección de las grandes corporaciones a las que pertenecen- los que están recreando una historia totalmente falseada que sitúa a Juan Carlos I como personaje central en el proceso de “recuperación democrática” que culminó con la aprobación de la Constitución de 1978, y que es capaz de convertir una complicidad evidente del Rey en el “golpe institucional del 23-F” en un nuevo capítulo glorioso del monarca.
Hay que recordar también, ante esta vergonzosa apología de la monarquía, el papel central que presumiblemente ha tenido el Rey en el proceso de corrupción en el que se ha visto implicada la casa real y una cohorte de funcionarios y responsables políticos. La monarquía no ha tenido, de ninguna manera, ese carácter ejemplar que señalan sus defensores.
En clara contradicción con la ejemplaridad del Borbón que predican los jerarcas del bipartito y el coro mediático, el Gobierno está acelerando la aprobación de medidas legislativas que garanticen la retroactividad de la inviolabilidad real en los años de ejercicio y el aforamiento ante el Tribunal Supremo del cesante Juan Carlos I. El blindaje será, por lo tanto, absoluto para los posibles delitos del pasado y los no imposibles delitos del futuro. Cerrada también la posibilidad de realizar una auditoría de bienes.
La abdicación ha sido una fuga hacia delante después de la enorme alarma que para los beneficiarios económicos y políticos del Régimen han constituido los resultados de las elecciones europeas y la Coronación es un insulto al pueblo.
El colectivo de militares Anemoi se dirige a todos los miembros honrados de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad recordando dos de los párrafos de su Manifiesto:
“En situaciones como la actual, en las que existe un conflicto abierto entre las instituciones y las aspiraciones del pueblo, es preciso un proceso constituyente en el que descanse la legitimidad democrática. Este proceso debe ser absolutamente respetado y apoyado por la institución militar en su conjunto.
La obediencia de las FAS al Rey debe ser definitivamente quebrada. Únicamente es aceptable que la Jefatura de las Fuerzas Armadas recaiga en quien haya sido democráticamente elegido. La III República es, pues, inaplazable”.
Colectivo ANEMOI, 18 de Junio de 2014
Un pueblo al que se le ha hurtado la posibilidad de elegir la forma de Estado tras los pactos bajo chantaje que dieron paso a la Transición, es ahora ninguneado de nuevo en una maniobra política acelerada que se presenta como un exacto cumplimiento de los preceptos constitucionales y al mismo tiempo como la huida del “abismo de la desestabilización” de un régimen cuarteado por la acelerada desigualdad, la corrupción galopante y la evidente pérdida de legitimidad popular.
Los principales partidos del régimen liquidaron el ya muy agrietado sistema de derechos y libertades con la modificación del artículo 135 de la Constitución, que optaba por el equilibrio presupuestario en todas las Administraciones públicas y por el pago de la deuda con prioridad absoluta sobre cualquier otra partida presupuestaria, es decir, por la liquidación obligatoria de una parte importante y creciente de los gastos sociales. Curiosamente, los mismos partidos se disponen ahora a decretar el carácter sagrado de la Constitución (una de las más rígidas del mundo) y, sobre todo, la relación entre una supuesta “estabilidad democrática” y la necesidad de confirmar con urgencia y sin participación popular alguna la legitimidad dinástica de la familia de los Borbones.
Una constitución vacía de derechos, vacía de pueblo, que apuntala como columna vertebral a una institución históricamente antipopular, antidemocrática y alineada siempre con las oligarquías económicas y sus representantes políticos.
Hay que recordar una y otra vez el origen de la restauración de la Monarquía borbónica, planificada en detalle por el dictador genocida Francisco Franco (que se ocupó personalmente de organizar la educación del futuro rey) y hecha efectiva tras el juramento por Juan Carlos I de las leyes y los “principios del Movimiento”. Como se sabe, éstos definían la forma, el fondo y la práctica feroz de aquél régimen opresor y violador de todos los derechos humanos, sociales y políticos. Hay que recordar también que Juan Carlos respaldó los últimos asesinatos del Régimen.
Hay que recordarlo frente a una nueva e intensísima campaña de legitimación de la monarquía, a partir de la figura de su actual titular, que están llevando a cabo la casi totalidad de los medios de comunicación privados y falsamente públicos. Son ellos –bajo la dirección de las grandes corporaciones a las que pertenecen- los que están recreando una historia totalmente falseada que sitúa a Juan Carlos I como personaje central en el proceso de “recuperación democrática” que culminó con la aprobación de la Constitución de 1978, y que es capaz de convertir una complicidad evidente del Rey en el “golpe institucional del 23-F” en un nuevo capítulo glorioso del monarca.
Hay que recordar también, ante esta vergonzosa apología de la monarquía, el papel central que presumiblemente ha tenido el Rey en el proceso de corrupción en el que se ha visto implicada la casa real y una cohorte de funcionarios y responsables políticos. La monarquía no ha tenido, de ninguna manera, ese carácter ejemplar que señalan sus defensores.
En clara contradicción con la ejemplaridad del Borbón que predican los jerarcas del bipartito y el coro mediático, el Gobierno está acelerando la aprobación de medidas legislativas que garanticen la retroactividad de la inviolabilidad real en los años de ejercicio y el aforamiento ante el Tribunal Supremo del cesante Juan Carlos I. El blindaje será, por lo tanto, absoluto para los posibles delitos del pasado y los no imposibles delitos del futuro. Cerrada también la posibilidad de realizar una auditoría de bienes.
La abdicación ha sido una fuga hacia delante después de la enorme alarma que para los beneficiarios económicos y políticos del Régimen han constituido los resultados de las elecciones europeas y la Coronación es un insulto al pueblo.
El colectivo de militares Anemoi se dirige a todos los miembros honrados de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad recordando dos de los párrafos de su Manifiesto:
“En situaciones como la actual, en las que existe un conflicto abierto entre las instituciones y las aspiraciones del pueblo, es preciso un proceso constituyente en el que descanse la legitimidad democrática. Este proceso debe ser absolutamente respetado y apoyado por la institución militar en su conjunto.
La obediencia de las FAS al Rey debe ser definitivamente quebrada. Únicamente es aceptable que la Jefatura de las Fuerzas Armadas recaiga en quien haya sido democráticamente elegido. La III República es, pues, inaplazable”.
Colectivo ANEMOI, 18 de Junio de 2014
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