El fraude en la formación vuelve a sacudir al PSOE andaluz. Hay un agujero de 2.000 millones. Eva Mosquera
El socialismo de Chaves y Griñán vuelve a quedar marcado por el uso de los fondos europeos para formación.
Diagonal Global. Eva Mosquera Madrid
José Antonio Griñán, presidente de la Junta entre 2009 y 2013, durante un acto institucional. / Pepe Griñán
El caso del supuesto fraude en los cursos de formación para parados en
Andalucía ha vuelto a dar que hablar, y es que la
Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga un posible fraude millonario –con una cifra que podría ascender a 2.000 millones de euros– en los fondos de formación para parados, y centra su actuación en Málaga, Granada y Almería. Fuentes de la investigación de la llamada Operación EDU aseguraron a la agencia EFE que “la investigación se ampliará a toda Andalucía en fechas muy próximas”, pues en dos años la UDEF ha recopilado numerosos testimonios y pruebas documentales que implicarían a todas las provincias andaluzas, probando que su incidencia habría sido masiva.
Una primera denuncia recibida por la Seguridad Social, en la que se advertía que había “numerosos cursos” en los que se incumplía el sistema de condiciones, fue la primera pista para detectar las irregularidades que dieron la voz de alarma. La investigación se dirige desde la Comisaría Central de Madrid en colaboración con la Seguridad Social. En principio se centrarán en investigar el fraude supuestamente cometido por los responsables de gestionar y otorgar los cursos de formación en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Las actuaciones delictivas rebasarían el periodo 2009-2011, pero los agentes han decidido restringir a esos años sus investigaciones ya que las presuntas irregularidades cometidas con anterioridad habrían prescrito. Ante la dimensión del caso es probable que la investigación acabe siendo asumida por la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional.
Los agentes de la UDEF ya han interrogado a más de 200 alumnos de cursos fraudulentos, y ha quedado demostrado que la mayoría de ellos no participó en las formaciones o no reunía las condiciones para que los centros de formación lograran ayudas públicas. Sin embargo, todos ellos figuraban inscritos en la documentación que tramitaron los sindicatos, patronales y centros de formación presuntamente implicados para poder recibir las subvenciones del fondo para parados. Según indican las pruebas documentales, el 75% de la subvención era transferido a las entidades solicitantes por adelantado, y el resto quedaba condicionado a una auditoría posterior de la ayuda. Sin embargo, estas inspecciones rara vez se realizaron y muy excepcionalmente provocaron que la Junta exigiera la devolución del 75% presuntamente malversada.
Es por esto que este presunto fraude señala a los máximos responsables del Servicio Andaluz de Empleo, que corresponden, en los años sometidos a investigación, a los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio. Al frente de la Junta de Andalucía estaría Manuel Chaves en su última etapa, hasta 2009, después de esto, el cargo correspondería a los primeros años de José Antonio Griñán.
Desde la Junta de Andalucía niegan el supuesto fraude y rechazan que la cifra se eleve a 2.000 millones. El Gobierno andaluz recuerda que, por ejemplo, según datos de la Cámara de Comercio, el total de las ayudas a Málaga fueron de 360 millones de euros. Asimismo aseguran que a principios de año se recibió una petición de agentes vinculados a la Seguridad Social que consta de 17 expedientes de empresas que impartieron cursos en Málaga. Desde la Junta señalan que dichos expedientes todavía están abiertos y se encuentran en fase de revisión ordinaria, pero aseguran no haber recibido documentación de otras provincias; aunque sí reconocen que se les había pedido revisión extra para justificar el desarrollo de los cursos.
El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha pedido al Ministerio que “lleve cuanto antes a la justicia” este caso. “No sé a qué espera Interior, después de habérselo contado a los periódicos, para no contárselo a la justicia y que actúe con contundencia y con rapidez”. Mientras, el consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, Luciano Alonso, calificó esta “causa general” de “atropello a Andalucía y a los andaluces” y consideró que “no es normal que haya una filtración” de este tipo unas horas antes del comienzo de la Semana Santa. Por su parte, según indicaron a EFE fuentes del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, Interior ha desmentido “categóricamente” que desde esa cartera se filtrara la información sobre la investigación.
Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga un posible fraude millonario –con una cifra que podría ascender a 2.000 millones de euros– en los fondos de formación para parados, y centra su actuación en Málaga, Granada y Almería. Fuentes de la investigación de la llamada Operación EDU aseguraron a la agencia EFE que “la investigación se ampliará a toda Andalucía en fechas muy próximas”, pues en dos años la UDEF ha recopilado numerosos testimonios y pruebas documentales que implicarían a todas las provincias andaluzas, probando que su incidencia habría sido masiva.
Una primera denuncia recibida por la Seguridad Social, en la que se advertía que había “numerosos cursos” en los que se incumplía el sistema de condiciones, fue la primera pista para detectar las irregularidades que dieron la voz de alarma. La investigación se dirige desde la Comisaría Central de Madrid en colaboración con la Seguridad Social. En principio se centrarán en investigar el fraude supuestamente cometido por los responsables de gestionar y otorgar los cursos de formación en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Las actuaciones delictivas rebasarían el periodo 2009-2011, pero los agentes han decidido restringir a esos años sus investigaciones ya que las presuntas irregularidades cometidas con anterioridad habrían prescrito. Ante la dimensión del caso es probable que la investigación acabe siendo asumida por la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional.
Los agentes de la UDEF ya han interrogado a más de 200 alumnos de cursos fraudulentos, y ha quedado demostrado que la mayoría de ellos no participó en las formaciones o no reunía las condiciones para que los centros de formación lograran ayudas públicas. Sin embargo, todos ellos figuraban inscritos en la documentación que tramitaron los sindicatos, patronales y centros de formación presuntamente implicados para poder recibir las subvenciones del fondo para parados. Según indican las pruebas documentales, el 75% de la subvención era transferido a las entidades solicitantes por adelantado, y el resto quedaba condicionado a una auditoría posterior de la ayuda. Sin embargo, estas inspecciones rara vez se realizaron y muy excepcionalmente provocaron que la Junta exigiera la devolución del 75% presuntamente malversada.
Es por esto que este presunto fraude señala a los máximos responsables del Servicio Andaluz de Empleo, que corresponden, en los años sometidos a investigación, a los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio. Al frente de la Junta de Andalucía estaría Manuel Chaves en su última etapa, hasta 2009, después de esto, el cargo correspondería a los primeros años de José Antonio Griñán.
Desde la Junta de Andalucía niegan el supuesto fraude y rechazan que la cifra se eleve a 2.000 millones. El Gobierno andaluz recuerda que, por ejemplo, según datos de la Cámara de Comercio, el total de las ayudas a Málaga fueron de 360 millones de euros. Asimismo aseguran que a principios de año se recibió una petición de agentes vinculados a la Seguridad Social que consta de 17 expedientes de empresas que impartieron cursos en Málaga. Desde la Junta señalan que dichos expedientes todavía están abiertos y se encuentran en fase de revisión ordinaria, pero aseguran no haber recibido documentación de otras provincias; aunque sí reconocen que se les había pedido revisión extra para justificar el desarrollo de los cursos.
Reacciones a la investigación
El presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno, solicitó el miércoles 16 de abril la comparecencia de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para que aclarase “si estamos ante un nuevo caso multimillonario de corrupción por parte del socialismo andaluz”. Moreno solicitó a Díaz que “saque hasta el último expediente”, porque, de confirmarse toda esta malversación, “se deberían tomar decisiones políticas de mucho calado”.El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha pedido al Ministerio que “lleve cuanto antes a la justicia” este caso. “No sé a qué espera Interior, después de habérselo contado a los periódicos, para no contárselo a la justicia y que actúe con contundencia y con rapidez”. Mientras, el consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta, Luciano Alonso, calificó esta “causa general” de “atropello a Andalucía y a los andaluces” y consideró que “no es normal que haya una filtración” de este tipo unas horas antes del comienzo de la Semana Santa. Por su parte, según indicaron a EFE fuentes del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, Interior ha desmentido “categóricamente” que desde esa cartera se filtrara la información sobre la investigación.
La Comisión Europea, atenta al caso
España recibió 8.000 millones de euros del Fondo Social Europeo para
ayudas a desempleados en el periodo 2007-2013. A Andalucía le
correspondieron 2.875 millones, casi el 36% de la totalidad. A esta
cifra se le sumaron 860 millones de euros aportados por la
Administración del Estado. En total, 3.735 millones de euros que están
ahora bajo el foco de una investigación. La portavoz comunitaria Emer
Traynor explicó en rueda de prensa que ya habían contactado con la Junta
de Andalucía al hilo de las primeras informaciones del Caso EDU, a
principios de año. Según Traynor, en ese momento las autoridades
regionales aseguraron que “no había relación entre los fondos de la UE y
los cursos bajo investigación”.
Comentarios
Publicar un comentario