domingo, 27 de abril de 2014

El arte de no hablar de los pisos vacíos. 700.000 viviendas sin habitar en Andalucía. Diego Sanz Paratcha

La campaña contra el realojo de la Corrala Utopía no afecta sólo a sus 18 vecinas, sino a una de las principales estrategias por el derecho a la vivienda.
Juan Galisteo
El Constitucional eligió una semana perfecta para comunicarle a la Con­se­jería andaluza de Fomento y Vi­vienda que paralizaba su
decreto antidesahucios hasta la siguiente legislatura. El auto fue dictado el día 8, pero el tribunal lo comunicó al Go­bierno andaluz el lunes 14, cuatro días después de que la presidenta Susana Díaz escenificara su de­sacuerdo con el realojo de 18 hogares de la Corrala Utopía y retirara por unas horas la competencia sobre vivienda protegida a la consejería dirigida por sus socios de go­bierno de Izquierda Unida.

Díaz había hecho suyos los argumentos del Partido Popular, que al frente del Ayuntamiento de Sevilla se niega a ofrecer una solución a las vecinas del bloque abandonado de Ibecaja, recuperado en mayo de 2012 por el movimiento 15M. Des­de la Presidencia, y desde diversas personalidades del PSOE andaluz, se defendió que realojar a estos hogares por delante de las listas de espera de vivienda pública –que en esta autonomía gestionan los ayuntamientos– suponía un caso de “prevaricación”

Finalmente, el pacto de gobierno resistió a esta grave acusación de delito. Lo que está por ver es si el debate de las listas de espera introducido por la presidenta afectará a las campañas de la PAH y del análogo movimiento andaluz de corralas por el uso social de las viviendas que los bancos mantienen vacías.

Manresa es el municipio catalán con más pisos vacíos: un 25% del parque de viviendas (más de 9.000 pisos) no está habitado. Esta localidad es una de las más de 100 ciudades catalanas que ha aprobado una de las mociones impulsadas por los stop desahucios para obligar a los bancos a poner sus pisos vacíos en circulación bajo pena de multa, y con una PAH que ha recuperado dos de estos bloques vacíos (uno de La Caixa y otro, recuperado el 13 de abril, de la Sareb). Berni Sorinas, que participa en esta PAH, cuenta que en el primero de ellos La Caixa ya ha realojado a tres de las cinco familias. Según el relato de este activista, lo que separa a las otras dos familias de un acuerdo en el banco es lo mismo que, según la campaña anti corralas del ayuntamiento de Sevilla y el PSOE andaluz, les convertiría en perfectadas candidatas para un realojo: no cuentan con ningún ingreso y están en situación de exclusión social. Un requisito, según los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla, que sólo cumplían dos de las familias de la Utopía. En el caso de Manresa y La Caixa, el escollo, según Sorinas, son los 50 euros que la entidad pide como alquiler social. “Pero la petición es el 30% de los ingresos familiares, y si esos ingresos son cero, el 30% de cero sigue siendo cero”, argumenta. La experiencia de las PAH y los grupos de vivienda en sus negociaciones de alquiler social con los bancos es que éstos suelen preferir hogares con cierto nivel estable de ingresos, un criterio más cercano al de las políticas públicas de vivienda que lo que puede hacer pensar el aparente escrúpulo de Díaz y el alcalde Zoido por dar prioridad a las "familias en situación de exclusión social". 

Listas de espera

Juanjo, un activista del colectivo que organizó la ocupación de la Corrala Utopía, la Intercomisión de Vivienda del 15M de Sevilla, señala que en muchos casos los criterios de acceso a las listas de vivienda protegida hacen que éstas “no se adjudiquen porque las familias que optan a ellas y están en situación de desempleo quedan eliminadas de la lista al no poder garantizar el pago de ese alquiler”. Este mismo motivo era el que esgrimía la Consejería andaluza de Vivienda para explicar ante el Defensor del Pueblo la existencia de promociones de VPO vacías en esta comunidad autónoma. De hecho, un acuerdo del pleno de EMVISESA, la empresa municipal de vivienda de Sevilla, admitía topes de ingresos familiares de hasta 15.000 euros anuales para poder acceder a una vivienda social sin tener que pasar por el registro municipal de demandantes, tal y como difundió DIAGONAL en la semana de la polémica. Unos ingresos que están muy por encima de los que puede percibir una familia sin empleo fijo y sin prestaciones sociales. Un concejal de IU del Ayuntamiento de Mála­ga consultado por DIAGONAL esa misma semana señalaba que es frecuente que en este municipio el PSOE vote a favor de realojos sin pasar por las listas de espera.

En el caso de la Utopía, cuenta Juanjo, “el desempleo es la nota dominante. La poca gente que tiene un trabajo es por horas”. El hecho de que una de las vecinas fuera una trabajadora municipal afiliada a IU con un sueldo de 1.600 euros levantó las alarmas, pero desde la Utopía defienden que su contrato es sólo de tres meses. La aclaración quedó tapada por toda una ronda de declaraciones en los medios contra­rias al rea­lojo, también desde Canal Sur, lo cual llevó a un comunicado público de CC OO contra la manipulación informativa en la cadena autonómica.

Mientras, el argumento del Cons­ti­tucional para detener definitivamente las medidas de expropiación temporal de algunas de las 700.000 viviendas vacías de Andalucía era claro: la medida puede poner en peligro la “reestructuración bancaria apoyada con dinero público” en los términos definidos por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comi­sión Europea, “instituciones especializadas en la materia”. Por si quedaba alguna duda, el periodista Alberto Pradilla, del diario Gara, revelaba dos semanas después que el Gobierno de Rajoy se basó en informes de estas mismas entidades para recurrir ante el Consti­tucional una ley similar aprobada por el Parlamento navarro.

Nueve hogares sin alternativa de realojo

Ocho hogares de la Corrala Utopía de Sevilla cuentan ya con un acuerdo de realojo, mientras otros nueve esperan en lo que Juanjo, activista del 15M local, define como “un calvario de reuniones” desde que fueron desalojados el día 6 de abril. La Consejería de Vivienda, en manos de IU, afirma que hace lo necesario y alude al tapón municipal (del PP) porque en Andalucía las demandas de vivienda pública están en manos de los ayuntamientos. En su día, el Tribunal de Estrasburgo dió por buenos unos realojos –pues su criterio prohíbe desalojos sin alternativas– que, de cumplirse lo prometido por la Junta, no llegarán hasta la finalización de unas obras en septiembre. 

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