"...La lucha de
clases nunca desapareció. El socialismo no es una ideología muerta, sino
una vía hacia el fin de las desigualdades y la emancipación de los
pueblos. Hasta que no comprendamos eso, el capitalismo nos seguirá
matando. Poco a poco, pero de forma inexorable. El poder popular no se
materializará en círculos o asambleas, sino en la calle, la verdadera
trinchera del pueblo trabajador. Y para conseguir eso, hace falta una
pedagogía política sin miedo a desenmascarar al capitalismo..."
Después de la victoria electoral que le
convirtió en el presidente número 44 de Estados Unidos, Barack Obama,
que había recaudado 16’4 millones con pequeñas donaciones individuales
de menos de 200 dólares, afirmó en Chicago: “El camino por delante será
largo. Nuestro ascenso será empinado. Puede que no lleguemos en un año
ni en un mandato. Sin embargo, nunca me he sentido tan esperanzado como
esta noche. Os prometo que, nosotros, como pueblo llegaremos. […]
Estados Unidos puede cambiar”. Las expectativas que levantó Obama se
disiparon poco a poco y tal vez pase a la historia como el artífice de
la guerra de los drones, que ha sembrado el terror en Oriente Medio,
asesinando al menos a 2.000 personas. A pesar de las promesas
electorales, la prisión militar de Guantánamo sigue en funcionamiento y,
aunque formalmente finalizó la guerra de Irak, la ocupación
norteamericana se ha consolidado, garantizando el control de las
reservas de petróleo y fortaleciendo la vigilancia sobre Irán y los
países limítrofes. Algunos analistas excusan al Presidente de los
Estados Unidos, alegando que la Realpolitik no tolera
planteamientos utópicos y muchas veces ni siquiera soporta el reformismo
más moderado. Lo cierto es que la campaña de Obama deslumbró a las
empresas de publicidad. La revista Advertising Age le nombró
“hombre del marketing de 2008”, pues consideró que había marcado un
verdadero hito. Un hito publicitario, sí, pero no un hito político, pues
Obama había seguido la misma senda que otros candidatos, recibiendo
para su campaña casi 80 millones de dólares del sector financiero y
empresarial, una cantidad cinco veces superior a la suma de todas las
pequeñas donaciones particulares. Eso explica que continuara con la
guerra unilateral de las élites contra los trabajadores, los
desempleados, los pobres y las minorías. Se trata de una guerra
silenciada que empezó a finales de los 60, cuando la tasa de ganancia
del gran capital sufrió una caída significativa. Mientras los filósofos
de la Escuela de Frankfurt especulaban sobre la sociedad de la opulencia
y reemplazaban el término de marxismo por el de “teoría crítica”, mucho
más aséptico, se gestaba la contrarrevolución liberal que liquidaría el
Estado del bienestar. El exceso de teoría suele producir una percepción
confusa y deficiente de la realidad. Aunque Marx había desarrollado una
potente herramienta de interpretación del capitalismo, sus discípulos
no advertían la dirección que tomaba el mundo.
La tasa de ganancia empezó a recuperarse
en los 80, gracias a la cruzada lanzada por Ronald Reagan y Margaret
Thatcher contra los sindicatos y las políticas sociales. Comenzó a
circular la idea de que el frágil pacto firmado entre el capital y el
mundo del trabajo en la época de crecimiento y progreso resultaba
insostenible, pues era demasiado costoso. Había que recortar gastos y
bajar la presión fiscal, especialmente a los súper ricos, verdaderos
manantiales de prosperidad, que invertirían y crearían trabajo si los
impuestos no les asfixiaban, con el absurdo pretexto de la solidaridad y
la redistribución de la riqueza. En Estados Unidos, el grueso de la
liberalización se produjo durante la presidencia de Bill Clinton.
Clinton nunca se apartó de los dogmas del neoliberalismo. En materia
económica y política exterior, aplicó las mismas fórmulas que Bush padre
e hijo, pero despertando menos oposición, gracias a un talante más
cercano y amable. Si examinamos el período comprendido entre 1989 y
2008, advertiremos que tanto Clinton como los Bush introdujeron los
cambios necesarios para eliminar cualquier clase de traba o control
estatal en las actividades de los grandes bancos y las empresas de
servicios financieros. En 1992, George H. W. Bush permitió que los
bancos operaran fuera de sus fronteras. Esa medida significó el fin de
la pequeña banca, incapaz de competir con los gigantes que hacían
negocios en el ámbito internacional. Cuando Bill Clinton derogó la ley
Glass-Steagall en 1993, según la cual no podían fundirse los bancos
comerciales y los bancos de inversión, los gobiernos cedieron la
soberanía nacional a los grandes bancos. Pocos advirtieron el riesgo que
implicaba este cambio. Los bancos de inversión trabajaban con la
industria y los bancos comerciales con los mercados financieros. Borrar
esta división provocó que los grandes bancos se convirtieran en los
agentes reguladores de la actividad económica, con independencia de
cualquier criterio ético, social o político. Los bancos que aprobaban
las inversiones y sopesaban los riesgos eran los mismos que realizaban
la inversión de capital e imponían sus condiciones al mundo del trabajo.
La contabilidad y auditoría de los bancos dejó de ser una
responsabilidad estatal. Desapareció la supervisión federal de Wall
Street. Las empresas privadas, propiedad de los bancos, adquirieron el
privilegio de realizar las auditorías de los bancos y sus inversiones.
Este fraude, que no merece otro nombre, propició que los grandes bancos
realizaran inversiones de alto riesgo y aplicaran una “contabilidad
creativa” para ocultar su falta de liquidez y solvencia. Las operaciones
especulativas se hicieron tan complejas y opacas que la opinión pública
presumió que no podían enjuiciarlas. Sólo los técnicos cualificados
podían valorar las ventajas y los riesgos del apalancamiento, los
productos derivados, la titulización de los activos financieros o la
privatización de las bolsas. Eso sí, cuando los bancos sufrieron grandes
pérdidas, se recurrió al Estado para inyectar dinero público. El laissez-faire
está bien, pero para los trabajadores, que deben afrontar en solitario
las reglas del mercado, sin esperar que el Estado les arroje un flotador
en los momentos de crisis.
Obama siguió la misma línea que Clinton y
los Bush. No constituyó una sorpresa para los que conocían la identidad
del equipo del antiguo senador afroamericano. La mayoría de sus
asesores procedían del mundo de la alta gestión empresarial y algunos
habían falseado sus balances comerciales, alimentando la burbuja que
provocó la crisis de 2008. Cuando los asesores se convirtieron en cargos
políticos, Financial Times aplaudió la “madurez y sensatez” de
Obama. En política internacional, empleó el mismo criterio, rodeándose
de halcones y suscitando el aplauso de Henry Kissinger y Richard Perle.
Cuando The New York Times le pidió explicaciones, Obama
respondió: “Los estadounidenses estarían justificadamente inquietos si
pasara por alto la experiencia, tan sólo para crear una imagen de
cambio. […] Lo que vamos a hacer es combinar la experiencia con ideas
frescas”. No cuestiono la integridad personal de los candidatos de la
plataforma Podemos, pero creo que está impregnada del mismo
espíritu reformista del famoso “Yes, We Can” y de ahí la coincidencia
del lema. Ideas frescas, sí, pero sin cuestionar el sistema. Podemos
se aleja de cualquier discurso revolucionario y se limita a pedir el
improbable regreso del Estado del Bienestar. Habla de salir de la OTAN,
pero no cuestiona el euro ni la UE. Habla de un nuevo proceso
constituyente y de realizar una auditoría de la deuda, pero no de
ruptura. No se atreve a pedir el impago de la deuda, si bien sabe que
ésta no dejará de crecer. En 2007, representaba el 36% del PIB, pero en
2013 se había elevado hasta el 93%, casi un billón de euros. Dado que la
Hacienda Pública cada vez recauda menos por culpa del altísimo
desempleo, los porcentajes se agravarán, consumiendo cada vez más
recursos. En 2013, el Estado pagó 190.000 millones de euros a sus
acreedores, de los cuales 38.590 se correspondían a unos intereses de
usura. Los acreedores son bancos españoles y alemanes, algunos con
grandes paquetes de acciones en las agencias de calificación que
determinan la prima de riesgo. Dado que el PIB de España es ligeramente
superior al billón de euros, el pago de la deuda absorbe el 19% y
equivale al 40% del gasto público. Y en 2014 es probable que se iguale
con el PIB. De hecho, ya está en el 94,05%.
Podemos pide la revocación del
artículo 135 de la Constitución, pero no menciona la necesidad de
derogar a la vez la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de “Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, según la cual a partir de
2020 solo se admitirá un déficit estructural del 0’4% del PIB para el
Estado y las Comunidades Autónomas. En el caso de los Ayuntamientos, se
fija como obligación ineludible un déficit cero. De acuerdo con esta Ley
Orgánica, que marca un verdadero punto de no retorno, la deuda pública
no debe superar en esas fechas el 60% o el límite fijado por la UE. Los
Ayuntamientos que incumplan el objetivo del déficit cero serán disueltos
por la Administración central. Las Comunidades Autónomas que superen el
0’4% establecido serán intervenidas para corregir su política
presupuestaria. Si algún Ayuntamiento o alguna Comunidad Autónoma sueña
con una rebelión presupuestaria para expandir el gasto social, serán
suspendidos en sus funciones, ignorando la soberanía popular que ha
ordenado su mandato. La reforma del artículo 135 de la Constitución
representa una vergonzosa claudicación ante los acreedores: “Los
créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública
de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de
gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”.
Aprobada por el PSOE, con los votos del PP y UPN, la reforma de la
Constitución es un verdadero golpe de Estado que suprimirá a medio plazo
los derechos laborales y sociales. No hace falta saber matemáticas para
entender que será necesario recortar en seis años 400.000 millones de
euros del gasto público para alcanzar un déficit de un 60%. Esa cantidad
equivale al gasto anual de la sanidad pública de todo el Estado
multiplicado por seis. Una reducción semejante sólo puede obtenerse,
aplicando brutales recortes en salarios, pensiones, sanidad, educación,
transporte público. Es evidente que se intentará convencer a la sociedad
de la necesidad de privatizar todos los servicios públicos, pues la
Administración carecerá de recursos para gestionarlos. Para no dejar
ningún hilo suelto, la Ley Orgánica 2/2012 establece que si la economía
mejora y crece por encima del 2%, el aumento de los ingresos se
destinará a reducir el techo de la deuda y no a incrementar o mantener
el gasto social. Podemos no explica que la derogación del
artículo 135 no podrá realizarse sin revocar la Ley Orgánica 2/2012 y,
al mismo tiempo, abandonar el Tratado de Estabilidad, Coordinación y
Gobernanza que firmaron el 2 de marzo de 2012 todos los estados miembros
de la UE, salvo Reino Unido y la República Checa. Algunos de los países
que firmaron el tratado aún no lo han ratificado, pues éste contempla
normas presupuestarias muy estrictas y sanciones automáticas para los
que incumplan el objetivo de un déficit del 3% y una deuda pública que
no supere el 60% del PIB. En definitiva, nada cambiará sin salir del
euro y la UE.
Nos describen la salida del euro como
una versión del apocalipsis, pero el apocalipsis ya ha comenzado y
apenas lo hemos advertido. España está intervenida y rescatada, aunque
algunos prefieran hablar de reforma constitucional y líneas de crédito
para sanear la banca. Una auditoría de la deuda significaría reducir un
problema político a una negociación que tal vez ya esté en marcha. No
hay que descartar la posibilidad de una quita, que sólo prolongaría la
agonía de la economía española, pero que se presentaría como un logro
ante la opinión pública. La deuda no es una cuestión de contabilidad,
sino de soberanía elemental. No se puede reformar la Constitución sin
romper el marco normativo que ha convertido a España y otros países de
la UE en colonias de la Troika, abocándolos a una depauperación
progresiva, que incluye paro masivo, hambre, desahucios, suicidios y
represión policial. Ahora más que nunca se pone de manifiesto el
carácter ilegítimo de la Constitución de 1978, que consagró la reforma
del franquismo orquestada con las propias leyes de la dictadura y nos
impuso a un Jefe de Estado inviolable e inimputable. La deuda es una
herramienta de dominación. Salir del euro ya no es una cuestión
económica, sino la única alternativa para recuperar algo de
independencia y dignidad. Es evidente que España sufriría un ataque
especulativo, pero Argentina rompió la paridad con el dólar y su
economía mejoró espectacularmente. La actual crisis del peso argentino
no demuestra que se equivocaran en el pasado, sino que el modelo
capitalista –con rostro humano o inhumano- conlleva inevitablemente
crisis cíclicas, que golpean con especial saña a la clase trabajadora.
Salir del euro sería complicado, pero permanecer en él significa aceptar
un horizonte de precariedad laboral, deterioro de los servicios
públicos y pérdida de soberanía. ¿Nos resignaremos a los salarios
raquíticos, las pensiones miserables y las leyes represivas? Estos
agravios convivirán con el fraude fiscal (72.000 millones de euros al
año), la evasión de capitales (un billón de euros en paraísos fiscales),
la economía sumergida (un 28% del PIB), y una fiscalidad que castiga a
los más pobres (incremento del IVA) y favorece a los más ricos (las
Sociedades de Inversión de Capital Variable o SICAV, que permite a las
grandes empresas tributar el 1%, mientras los trabajadores pagan entre
un 24% y el 43%).
Podemos intenta reinventar el
lenguaje político, cuestionando la conveniencia de seguir utilizando
términos como “derecha” e “izquierda”. Presenta la lucha de clases como
el malestar de “los de abajo” contra las élites políticas y económicas y
no como la esencia del sistema capitalista. Explota las
simplificaciones excesivas, con una gran carga emocional, con el
propósito de movilizar al elector vagamente de izquierdas, con una
conciencia política difusa y algo superficial. No me gusta hacer
política-ficción, pero no me extrañaría que poco a poco se gestara una
coalición entre un PSOE renovado y una Izquierda Unida bajo el liderazgo
de las nuevas generaciones. La candidatura de Eduardo Madina,
secretario general del Grupo socialista, cambiaría radicalmente las
expectativas de voto. Madina es joven, seductor y tiene un talante
negociador. No cultiva el revanchismo, pese a haber sufrido un atentado
que le costó una pierna. No creo que en solitario lograra una mayoría
absoluta, pero podría pactar con una IU encabezada por Alberto Garzón y
tal vez por Pablo Iglesias Turrión. Garzón ha anunciado que Podemos
e IU convergerán en un futuro y no me parece descabellado. Una
candidatura con estos tres líderes (Madina, Garzón, Iglesias) levantaría
muchas ilusiones y crearía la sensación de que es posible un cambio. Si
estos políticos concurren por separado, sus posibilidades de gobernar
se reducen notablemente. Si llegan al poder, se formaría un revuelo
semejante al que despertó François Hollande, actual Presidente de
Francia, o Felipe González en 1982, con sus demagógicas promesas de
crear 800.000 puestos de trabajo y abandonar la OTAN. Hollande encendió
la ilusión de los indignados españoles y franceses, pero un año después
el 76% de sus votantes han manifestado que están profundamente
desencantados. Hollande ha continuado con los recortes y ha incrementado
el presupuesto de Defensa para modernizar el armamento nuclear.
Siguiendo las directrices de la Troika, ha anunciado la disminución del
gasto público y una reforma de las pensiones que aumentará el período de
cotización. ¿Engañó Hollande a la opinión pública o los verdaderos amos
del mundo le impusieron su guión? El poder real no está en los
gobiernos, simple hoja de parra del capitalismo, sino en las grandes
corporaciones transnacionales, controladas mayoritariamente por los
gigantes de la banca. El discurso reformista de Podemos es tan
endeble como el del 15-M y, aunque habla de nacionalizar la banca, no
plantea con claridad que una banca pública, ética, no es la solución,
pues no liquidaría el problema de la deuda. Además, ¿quién proveería de
fondos a la banca pública? No puede haber una banca pública, sin una
expropiación de la banca privada y esa medida no es reformista, sino
revolucionaria y hace añicos el discurso moderado de Podemos. Lo
cierto es que mientras España permanezca en la UE y sometida a la
disciplina del euro, no podrá liberarse del lazo mortal tendido por sus
leyes. Las normas de la UE prohíben que el BCE preste dinero a los
Estados miembros. Se trata de dinero público, pero ese dinero sólo puede
prestarse a la banca privada a intereses bajísimos –actualmente al
0’25%. No hay, en cambio ninguna objeción o prohibición que impida a la
banca privada emplear esos fondos para comprar deuda pública, imponiendo
a los Estados unos intereses que oscilan entre el 4% y el 6%. Esta
artimaña explica que el crédito no fluya a las empresas, pues es un
negocio mucho más rentable y seguro prestar a un Estado que ha
convertido el pago de la deuda en “prioridad absoluta”. Al igual que la
banca, los recursos naturales y las grandes empresas estratégicas no
pueden continuar en manos privadas, si queremos que la soberanía popular
llegue algún día a ser algo real, efectivo, y no simple propaganda
electoral.
España no puede luchar en solitario.
Necesitaría que otros Estados en apuros (como Grecia, Italia, Portugal o
Irlanda) se sumaran a una rebelión popular para poner fin a la
dominación de la UE y la OTAN. La UE es una filial del imperialismo
norteamericano y no una reunión de pueblos libremente asociados. Somos
una pieza del Bloque Atlántico, que se disputa el control de los
recursos estratégicos con el Bloque Asiático (Rusia y China). Hace falta
acabar con esa dinámica de bloques y sólo se conseguirá mediante la
recuperación de la soberanía nacional, lo cual implica reconocer y
promover el derecho de autodeterminación de los pueblos. Se trata de un
programa ambicioso, un verdadero desafío al capitalismo, que sólo ha
sido planteado por fuerzas marginales de la izquierda, pero si no
asumimos ese reto nos espera la miseria, la humillación y la destrucción
de las libertades democráticas, cada vez más vulnerables y precarias.
Una izquierda realista y honesta debería concienciar a la opinión
pública, explicándole cuáles son las alternativas reales. La lucha de
clases nunca desapareció. El socialismo no es una ideología muerta, sino
una vía hacia el fin de las desigualdades y la emancipación de los
pueblos. Hasta que no comprendamos eso, el capitalismo nos seguirá
matando. Poco a poco, pero de forma inexorable. El poder popular no se
materializará en círculos o asambleas, sino en la calle, la verdadera
trinchera del pueblo trabajador. Y para conseguir eso, hace falta una
pedagogía política sin miedo a desenmascarar al capitalismo. El ya
desaparecido John Foster Dulles, Secretario de Estado de Estados Unidos
entre 1953 y 1959, lo dejó muy claro: “Los Estados Unidos no tienen
amigos; sólo tienen intereses”. No deberíamos olvidar esta frase, que
muestra el núcleo duro del capitalismo, su verdadera e implacable
filosofía. No hay espacio para reformas. La esperanza sólo puede nacer
de la insurgencia y la ruptura, pero casi nadie se atreve a decirlo. Es
más fácil depositar una papeleta en una urna y esperar, pero el
desencanto y la ira brotarán más tarde o más temprano, cuando resulte
evidente que el reformismo sólo es un ardid del sistema para
desmovilizar a los descontentos. Los gobiernos lo saben y por eso
endurecen sus leyes. El pueblo trabajador debería prepararse para luchar
y resistir. Nos hace falta una nueva Comuna de París.
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