Bankia continúa siendo la entidad financiera que más desahucios ejecuta EL 70% DE LAS FAMILIAS DESAHUCIADAS TIENE DOS O MÁS MENORES A SU CARGO. Por Brais Benítez
Bankia es la entidad financiera que más desahucios ejecuta. A su vez, es
la que más dinero público ha recibido. Así lo señala un exhaustivo
estudio elaborado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Observatorio DESC. El trabajo, Emergencia habitacional en el Estado español, se basa en más de 11.000 encuestas
realizadas a personas afectadas
por procesos de ejecución hipotecaria,
tanto de vivienda de propiedad como de alquiler. El estudio, además,
extrae una serie de conclusiones que desmontan los tópicos que insisten
en que los afectados por la hipoteca suelen ser personas extranjeras y
con pocos estudios. Siete de cada diez familias ya desalojadas o en proceso de ejecución hipotecaria tienen dos o más menores a su cargo.
Cerca
del 20% de las ejecuciones hipotecarias estudiadas por las
organizaciones correspondieron a la entidad nacionalizada que presidió
Rodrigo Rato. El BBVA, el banco que más afectados acumula en el estudio,
concentra el 15% de los desalojos y desahucios; Caixabank, el 14%; y el
Santander, el 12%. “Se nos ha dado el mensaje de que lo de las
hipotecas fraudulentas fue cosa de las cajas, que estaban excesivamente
politizadas, pero estos datos demuestran que no es cierto, que entre las
primeras están las mayores entidades, que se nos han vendido como un
ejemplo de gestión”, ha señalado la portavoz de la PAH, Ada Colau.
Colau
ha denunciado la situación de “emergencia” en materia de vivienda que
padece el Estado español. Además, ha criticado que lejos de solucionar
el problema de las casi medio millón de ejecuciones hipotecarias que se
han llevado a cabo desde el 2008, “no se están cambiando las leyes para
que esto no vuelva a suceder”. En este sentido, ha alertado de las privatizaciones de vivienda protegida
que están llevando a cabo diversas administraciones: “Se incentiva que
fondos de inversión como Goldman Sachs y Blackstone compren las
viviendas. Evidentemente estos fondos no tienen ningún interés en
proteger el derecho a la vivienda, sino únicamente ganar dinero”.
La
anomalía en Europa de la legislación española en materia hipotecaria,
que tan recurrentemente viene denunciando la Plataforma e incluso
instituciones como el Consejo de Europa, supone una escasa protección de
las personas hipotecadas que ha dejado en la calle a miles de familias
sin una alternativa de vivienda. Una amplísima mayoría, el 82,3% de los afectados incluidos en el informe, son españoles,
mientras que la primera nacionalidad extranjera en porcentaje de
afectados es la ecuatoriana, con un 4,1%. Además, menos del 15% sólo
tienen estudios primarios, mientras que el 59% tienen estudios secundarios o de formación profesional, y un 24%, universitarios.
El desempleo, principal causa de impago
El
estudio señala que el principal motivo del impago de las cuotas
hipotecarias o del alquiler es el desempleo, circunstancia que se da en
el 70% de los casos. “Estos datos desmontan la criminalización que se
hace desde determinados sectores, en el sentido de que se deja de pagar
la hipoteca por voluntad propia”, ha criticado Colau. La portavoz de la
PAH ha reconocido las limitaciones de un estudio que no abarca a la
totalidad de las personas afectadas en el Estado español, pero ha
denunciado la inexistencia de registros públicos sobre esta materia:
“Es inmoral que cinco años después del inicio de la crisis no haya
datos fiables y detallados sobre esta emergencia. Creemos que responde a
una falta de voluntad política, porque la población se escandalizaría
si los conociese en profundidad”.
Una buena muestra del modus operandi de las entidades en la colocación de hipotecas durante la burbuja inmobiliaria es que un 40% de estas se concedieron sin ningún tipo de entrada.
En la mayoría de los casos, se otorgó entre un 80% y un 100% de la
financiación, y en algunos de ellos incluso por encima. La mayoría de
las personas afectadas que han contactado con la PAH firmaron hipotecas
entre los años 2004, y 2008, periodo cumbre de la burbuja inmobiliaria.
“Poca preparación del poder judicial”
Las
entidades han denunciado el papel del poder judicial español en la
escasa protección de derechos. El profesor de derecho constitucional de
la UB y vicepresidente del Observatorio DESC, Gerardo Pisarello, ha
asegurado que “la crisis está poniendo en evidencia la poca preparación
del poder judicial para garantizar la protección de derechos.
Existe un gran desconocimiento de los estándares internacionales sobre
la protección de los Derechos Humanos”. “Ha habido algunas sentencias
favorables a los afectados. Poco a poco se va abriendo camino, pero por
cada una hay tres o cuatro a favor de las entidades financieras”, ha
lamentado.
El informe constata el incumplimiento de las
recomendaciones que incluyen los tratados internacionales firmados por
el Estado español. Por ejemplo, la que señala que una unidad familiar no
debe destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la hipoteca. Casi el 60% de los encuestados han destinado más del 60% de los ingresos familiares al pago de la hipoteca, mientras que para más de un tercio, la hipoteca se ha llevado en algún momento la totalidad de los ingresos.
Pisarello
ha denunciado también el papel del Tribunal Constitucional, cuya
conducta respecto a la protección del derecho a la vivienda ha
calificado de “abstencionista, a diferencia de tribunales como los de
Portugal e Italia”. “Creemos que hay indicios importantes de
irregularidades y malas prácticas por parte de las entidades financieras
y pedimos que sean investigadas”, ha señalado Pisarello, que ha
explicado que la PAH y el Observatorio, junto con otras organizaciones
sociales, presentarán una queja al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por “violaciones sistemáticas de acuerdos internacionales”.
De La Marea
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