"...no es mal momento para recordar el comentario de los abogados berlineses, Martin Poell y Volker Gerloff que acudieron al juicio del 18/98 donde condenaron, entre otros, a los periodistas de Egin (que siguen en la cárcel desde noviembre de 2007, casi 6 años): “Hay muchos juicios sin pruebas, pero es que aquí ni siquiera hay delitos”...."
Garzón
La primera gran operación del sumario 18/98 tuvo lugar
el 28 de mayo de 1998, cuando la Policía desmanteló las empresas Banaka,
Gadusmar y Aulkia
Ese mismo año, en el mes de julio, el magistrado decretó la
suspensión de las actividades de las empresas editoriales Orain, Ardatza
y Hernani Inprimategia y de sus locales y establecimientos, lo que
supuso la clausura del diario Egin y de la emisora Egin Irratia.
También en 1998, el 20 de noviembre, Garzón acordó declarar ilegal a
Koordinadora Abertzale Sozialista, KAS, "como parte integrante de la
misma organización terrorista que ETA encabeza".
En esa misma resolución se procesaba a veintiséis personas por la supuesta relación de Egin con ETA y se elevaba una exposición al Tribunal Supremo para que éste decidiera qué órgano era el competente para seguir investigando, dado que dos de los imputados, José Antonio Etxeberria y Pablo Gorostiaga, habían sido elegidos diputados en el Parlamento vasco por Euskal Herritarrok (EH). Gorostiaga y Etxeberria fueron procesados el 11 de julio de 2001, una vez perdida la condición de aforados.
El 29 de marzo de 1999, el juez procesó por supuesta colaboración con banda armada al periodista Pepe Rei, que de jefe del equipo de investigación de Egin había pasado a dirigir la revista Ardi Beltza. Dos años después, el 29 de marzo de 2001, Garzón amplió el procesamiento de Rei como presunto autor de un delito de integración en organización terrorista.
Previamente, el 7 de agosto de 2000, el magistrado había procesado a dieciséis personas por su pertenencia a "XAKI", entre ellos a los miembros o ex miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna (HB) José María Olarra, Gorka Martínez y Jokin Gorostidi. Tres meses después, el 22 de noviembre, el juez llevó sus investigaciones hasta la coordinadora de alfabetización en euskera AEK, decretó la administración judicial de ésta y de la sociedad Galgaraka e imputó a diecinueve miembros de éstas por pertenencia o colaboración con ETA, fraude a la Seguridad Social y fraude a la Hacienda Pública.
El año 2001 se inició con la declaración, el 4 de febrero, de
la ilicitud de EKIN, a la que estima sustituta de la ilegalizada KAS y,
como ésta, "parte integrante de la misma organización terrorista ETA". A
la pieza en la que se investigaba EKIN se habían añadido pocos meses
antes las diligencias relacionadas con la Fundación "Joxemi Zumalabe",
cuyos dirigentes pretendían el grave delito de la creación de un "DNI
vasco" y un Registro Civil propio, para contribuir a la conformación de
un "Estado paralelo" en el País Vasco y Navarra.
El 31 de julio de 2003 el juez procesó a 31 miembros de EKIN y pidió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que investigara a los parlamentarios de EH José Antonio Urrutikoetxea y Jon Salaberria,
El 31 de julio de 2003 el juez procesó a 31 miembros de EKIN y pidió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que investigara a los parlamentarios de EH José Antonio Urrutikoetxea y Jon Salaberria,
Laura Mintegi
Cuando te definen por un número
UZT 29
Era demasiado largo definir el proceso emprendido contra periodistas,
activistas y políticos que juzgaron entre noviembre de 2005 y marzo de
2007 (¡16 meses!) y terminamos denominando a los procesados como “los del 18/98”, haciendo referencia al número del sumario que los encausaba.
Los datos son de espanto. Iker Bizkarguenaga los ha
relatado este domingo en Gara: 500 días de vista oral que obligaron a
desplazarse a Madrid a las casi 60 personas encausadas y a sus abogados,
con un costo económico que les supuso a cada uno de ellos 3.000 euros
mensuales (durante 16 meses), además de la pérdida de horas de trabajo, o
del mismo trabajo, y estar en vilo durante año y medio, sin contar los
años de incertidumbre que pasaron desde el origen del sumario hasta el
juicio. En el caso de Egin, por ejemplo, pasaron 7 años.
En octubre se iniciarán los juicios de otros dos sumarios y,
desgraciadamente, los números de estos sumarios pronto nos resultarán
familiares.
Enjuiciarán durante meses a 40 responsables de HB, EH y Batasuna en
el juicio que se ha llamado de las “herriko taberna”s, que supondrá un
gasto unos 700.000 euros para los encausados, y 8.000 euros más por cada
semana que se prolongue. Hablamos del sumario 35/02, es decir, que se inició en el año 2002, y han pasado 11 años.
También en octubre comenzará el juicio contra los 40 jóvenes independentistas de Segi, encausados en el sumario 8/10,
a los cuales el juicio les supondrá la pérdida de trabajo o estudios, y
un gasto enorme para acudir a decenas de sesiones de la vista oral en
Madrid.
Como se hizo con el 18/98, se venderán camisetas y otros materiales,
se organizarán conciertos, se editarán bonos de ayuda y se abrirán
cuentas bancarias para hacer frente al más de un millón de euros que costarán estos dos juicios. Y eso sin contar el 1.750.000 euros que ya han pagado en fianzas impuestas a los encausados para recobrar su libertad.
Siguiendo con los números que proporciona Bizkarguenaga, el fiscal
pide 372 años de pena para los del juicio 35/2 y 240 años para los del
08/10, es decir, 612 años de prisión para los 80. Pero
ya han cumplido algunos de estos años, 78 años en total (28 años los
afectados por el caso Batasuna y otros 50 años entre los 40 jóvenes que,
por cierto, 32 de ellos denunciaron que habían sufrido torturas).
Y eso es lo que hay. Un despropósito. Un anacronismo.
Sobre todo cuando ha habido otros sumarios con actuaciones similares,
que se han archivado sin llegar a juicio, como son el caso de
Udalbiltza, Egunkaria y D3M.
Y no es mal momento para recordar el comentario de los abogados berlineses, Martin Poell y Volker Gerloff que acudieron al juicio del 18/98 donde condenaron, entre otros, a los periodistas de Egin (que siguen en la cárcel desde noviembre de 2007, casi 6 años): “Hay muchos juicios sin pruebas, pero es que aquí ni siquiera hay delitos”.
29 de julio
Los juzgados
La vista oral dará comienzo más de 11 años después de
la detención, en abril de 2002, de 11 personas acusadas de desarrollar
un plan de financiación a través de los locales conocidos como 'herriko
tabernas'. El juez Baltasar Garzón decretó en su día embargo de 75 de
estos establecimientos y su administración judicial.
Comparecerán en el juicio oral como acusados: Juan
Carlos Rodríguez González, Mikel Arregi Urrutia, Juan Pedro Plaza,
Florencio Aoiz, Adolfo Araiz Flamarique, José Federico Alvarez Forcada,
Juan Cruz Aldasoro, Esther Aguirre, Miren Jasone Manterola, Kepa
Gordejuela, María Isabel Mandiola, Segundo López de Aberasturi, Antton
Morcillo, Santiago Quiroga, Jon Gorrochategi y José Luis Franco Suárez.
El resto de los procesados son: Maite Amezaga, Juan Francisco Martínez
Betanzos, Ignacio Lizaso, Jaione Intxaurraga, Rubén Andrés Granados,
Enrique Alaña, Agustín Rodríguez, Patxi Bengoa, Idoia Arbelaiz, Izaskun
Barbarias, Sabino del Bado, Vicente Enecotegi, Pedro Felix Morales San
Sebastián, Andrés Larrea, Josu Iraeta, José Antonio Egido, Karmelo Landa
y Santiago Hernando.
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