Defensa expedienta a una juez militar que investiga un caso de corrupción... mas sobre la justicia militar. + comentario al final.
"... el juez instructor de una causa
declarada secreta tendría la obligación de alertar de un registro al
responsable del organismo sobre el que recaen las sospechas de
corrupción..."
Acusan a la instructora de falta grave por registrar una base aérea sin avisar al jefe de un cuartel
El avión con el último grupo de la misión española en Kosovo aterriza, ayer, en la base de Getafe. / S. BARRENECHEA (efe)
El Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) tiene una patata caliente sobre la mesa. Una juez militar, la
titular del juzgado togado territorial número 12, con sede en Madrid, se
ha dirigido al órgano de gobierno de los jueces para pedirle amparo
ante las presiones que está sufriendo en la investigación de un caso de
presunta corrupción en el Ejército del Aire. Presiones que, según la
juez, “afectan gravísimamente” a su independencia.
Lo más grave es que las injerencias procederían de quienes más
obligados están a colaborar al éxito de la investigación: el coronel
jefe del acuartelamiento de la agrupación de la base aérea de Getafe
(Madrid), el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el Asesor
Jurídico General de Defensa y el Tribunal Militar Central. Este último,
al que correspondería amparar a la juez, le ha abierto un expediente
disciplinario por falta grave que, más allá de la sanción económica
—hasta 20 días de suspensión de sueldo—, puede acabar con su carrera
profesional.
La falta imputada a la juez consistiría en no haber avisado con suficiente antelación al coronel jefe del Acuartelamiento Aéreo de Getafe (ACAR Getafe)
de su decisión de proceder a un registro e inspección ocular de algunas
de sus dependencias, en el curso de un sumario, declarado secreto, en
el que investiga presuntos delitos de malversación de fondos públicos o
falsedad documental. Es decir, que el juez instructor de una causa
declarada secreta tendría la obligación de alertar de un registro al
responsable del organismo sobre el que recaen las sospechas de
corrupción.
Según la documentación que obra en manos del Consejo, la juez se
personó en dos ocasiones en la base aérea de Getafe, el 3 y el 12 de
junio, al frente de una comisión judicial y con una orden de entrada y
registro que afectaba al acuartelamiento de la agrupación y a la Sección
Económica Administrativa (SEA). Aunque había avisado de su llegada —a
través del asesor jurídico del Mando General del Aire (MAGEN)—, primero
se le impidió el acceso; y luego, se le conminó por parte del coronel
para que le revelase sus propósitos.
Según el escrito elevado al CGPJ por la juez, el coronel la retuvo en
un despacho, en contra de su voluntad, y no le permitió salir hasta que
le dijo a dónde iba y qué buscaba.
“Me sentí absolutamente vejada en mi
condición de juez, persona y mujer”, alega la instructora.
Finalmente, se practicó el registro, que se prolongó casi cuatro
horas y continuó a la mañana siguiente. La juez decidió regresar el 12
de junio tras comprobar que faltaban por inspeccionar algunas
dependencias.
Pero el desarrollo de la investigación se ha visto condicionado por
las secuelas del roce entre el coronel y la juez. La segunda decidió, a
la vista del desarrollo de los acontecimientos, denunciar al mando por
obstrucción a la justicia, pero el juzgado togado militar central optó
por archivar la denuncia de un plumazo, sin instrucción alguna.
Por el contrario, la queja del coronel llegó al Jefe del Estado Mayor
del Ejército del Aire, quien consultó con el Asesor Jurídico General de
Defensa, que la trasladó al Tribunal Militar Central. Con la misma
celeridad con que se archivó la denuncia de la juez contra el coronel,
se le abrió expediente disciplinario a ella, sin ninguna indagación
previa.
El expediente se basa en que el artículo 185 de la Ley Procesal
Militar dice que, “para la entrada y registro” en instalaciones
militares, “debe preceder aviso” al jefe de la misma, “a fin de que
preste el debido auxilio”, salvo cuando dicho jefe esté imputado o
“cuando la investigación de los hechos no lo permita”.
La juez aduce que la ley no especifica con cuánta antelación debe
avisarse —ella lo hizo al llegar a la base— y que el secreto sumarial le
impedía informar al coronel. La práctica de un registro, argumenta en
su escrito, no puede condicionarse “al visto bueno del jefe de la
unidad”. Su mayor temor es que se consagre a partir de ahora una
doctrina de aplicación en las Fuerzas Armadas: “Un mando militar podrá
obstaculizar la intervención del juez y la consecuencias será que se le
abre expediente al juez y que el mando militar tendrá todo el respaldo
de las Autoridades de Defensa”.
El Consejo General del Poder Judicial tendrá la última palabra.Fuente: el Pais
El PSOE pregunta por la persecución a la capitán que denunció acoso sexual
También Izquierda Plural y UPyD plantean iniciativas parlamentarias sobre el caso
El PSOE, Iniciativa per Catalunya y
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) han llevado al Congreso la presunta
persecución profesional que estaría sufriendo la capitán que denunció a un coronel por acoso sexual.
En una sentencia sin precedentes, el Supremo condenó al coronel a dos
años y diez meses de prisión por “abuso de autoridad” y “trato
degradante” a una subordinada. Pero la condena del acosador no acabó con
el calvario de la capitán, a la que un juzgado militar ha abierto
diligencias por un supuesto delito de “deslealtad” castigado con hasta
seis años de cárcel.
Diego López Garrido, portavoz del
Grupo Socialista en la Comisión de Defensa, ha presentado una batería de
preguntas en las que no alude a las decisiones que están en manos de
los tribunales, sino a las medidas que ha adoptado o piensa adoptar el
Ministerio de Defensa en este caso. En concreto, se interesa por saber
cuál es la situación actual de la capitán, por qué fue objeto de una
evaluación profesional (IPEC) de carácter extraordinario solo cinco
meses después de haber realizado la ordinaria, cómo se explica que en la
primera –antes de la sentencia del coronel— obtuviera calificaciones
brillantes y en la segunda “muy deficientes”; por qué no se le permitió
aplazar el curso de ascenso a comandante “dadas sus circunstancias
personales”; y qué ha hecho al respecto el Observatorio Militar por la
Igualdad.
Aunque sin aludir al caso concreto de la capitán, la diputada de
Iniciativa per Catalunya Laia Ortiz ha preguntado al Ministerio de
Defensa cuantas quejas por acoso sexual, trato degradante o abuso de
autoridad se han presentado por mujeres que forman parte del Ejército;
cuántas condenas o sanciones disciplinarias se han impuesto por estos
supuestos; y si las militares “disponen de mecanismos suficientes para,
en caso de acoso sexual, poder denunciar con la tranquilidad de saberse
protegidas por los mandos”. También la diputada de Unión, Progreso y
Democracia (UPyD), Irene Lozano, ha anunciado su intención de preguntar
al Gobierno por este caso.
Fuente: el Pais
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El jefe siempre tiene razón, y cuando no la tiene se aplica el articulo primero... lo recuerdan.
Son los ejercitos del capitalismo, donde lo importante es obecdecer cualquier orden, sea bombardear una ciudad, sea dar un golpe de estado, sea atacar una aldea... ¿Atacar a sus propios ciudadanos, a quien supuestamente deben defender?
Pero ya vemos como funciona esa justicia, y eso con oficiales, claro que en ambos casos son mujeres... , y ya sabemos lo feministas y respetuosas de la igualdad que son las jerarquias castrenses.
Y lxs parlamentarixs que preguntan , algunos de los cuales llevan muchos años en las instituciones, en los gobiernos... ¿Por que siguen manteniendo esas leyes, estas estructuras, como tantas otras que permiten estas dramaticas situaciones? De las que ellxs son tan responsables como los que aplican sus leyes. Pero abren la boca para hacer creer a la galeria que les preocupa...
¿Que ha hecho para que estos hechos no sucedan en mas de 30 años de llamada democracia?
En la carcel sigue el subteniente Jorge Bravo, representante de la AUME por ejercer la libertad de expresion y ejercer como representante de sus afiliados reclamando sus derechos... el mantenimiento de la militarizacion de la guadia civil, para poder utilizarlos mejor en la represion de los trabajdores y los pueblos,, incluso a ellos mismos por parte de sus jefes.
¿Que han hecho desde el parlamento y los gobiernos sucesivos para llevarle a la carcel, para impedir que los militares se organicen...para resolver estas aberrantes situaciones mientras las voces mas reacionarios y fascistas del la cupula militar hace impunes declaraciones ?
O les preocupa realmente, pero no tanto como para desmantelar esos sistemas opresivos y represivos que de hecho saben que necesitan para mantener este sistema de explotacion y de privilegios para unos pocos, que ellos ayudan a gestionar.
¿Que ha hecho para que estos hechos no sucedan en mas de 30 años de llamada democracia?
En la carcel sigue el subteniente Jorge Bravo, representante de la AUME por ejercer la libertad de expresion y ejercer como representante de sus afiliados reclamando sus derechos... el mantenimiento de la militarizacion de la guadia civil, para poder utilizarlos mejor en la represion de los trabajdores y los pueblos,, incluso a ellos mismos por parte de sus jefes.
¿Que han hecho desde el parlamento y los gobiernos sucesivos para llevarle a la carcel, para impedir que los militares se organicen...para resolver estas aberrantes situaciones mientras las voces mas reacionarios y fascistas del la cupula militar hace impunes declaraciones ?
O les preocupa realmente, pero no tanto como para desmantelar esos sistemas opresivos y represivos que de hecho saben que necesitan para mantener este sistema de explotacion y de privilegios para unos pocos, que ellos ayudan a gestionar.
Salud y poder popular
espinodefuego
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