"...Con 1.904 personas a la calle y la economía local herida de muerte,
se produjo una conmoción en la Bahía y en Jerez –con un gran número de
trabajadores en la planta–, porque a pesar de la costumbre de
reconversiones industriales –del naval y del vino–, ninguna comarca
había afrontado un caso claro de deslocalización. Delphi cerraba, se
llevaba la producción a Polonia, con una mano de obra más barata y no
había vuelta atrás. El palo fue tremendo. “Nunca nos pudimos imaginar
esto”..."
Vanessa Perondi
Una protesta en 2007. // I. J. POVEDA
La crisis comenzó en Cádiz antes de que la desaceleración económica,
como se la llamaba en aquellos tiempos, formara parte de nuestro
vocabulario. 2007 cerró con un crecimiento de la economía española del
3,8%, según el Banco de España, pero el inicio del año abrió una senda
de pérdida de empleo que ha convertido los suelos industriales de la
provincia gaditana en tierras yermas.
Cuando ni siquiera se imaginaba que una empresa gigante como Lehman
Brothers pudiese llegar a la quiebra, con su escenificación en 2008 de
la crisis económica mundial, el capitalismo enseñó en el sur de
Andalucía su verdadera cara. La damnificada: la Bahía de Cádiz, donde la
multinacional americana Delphi llevaba instalada 26 años. El 22 de
febrero de 2007, el comité de empresa –formado por CCOO, UGT, CGT y USO–
era convocado por la dirección de Delphi para ser informado por
videoconferencia del “cierre ordenado e irreversible” de la fábrica de
Puerto Real.
Con 1.904 personas a la calle y la economía local herida de muerte,
se produjo una conmoción en la Bahía y en Jerez –con un gran número de
trabajadores en la planta–, porque a pesar de la costumbre de
reconversiones industriales –del naval y del vino–, ninguna comarca
había afrontado un caso claro de deslocalización. Delphi cerraba, se
llevaba la producción a Polonia, con una mano de obra más barata y no
había vuelta atrás. El palo fue tremendo. “Nunca nos pudimos imaginar
esto”, recuerda Antonio Montoro, extrabajador de Delphi y representante
en el extinto comité por UGT. Y menos en el plano político, puesto que
antes del cierre, Delphi firmó con la Junta de Andalucía un plan de
empleo que abarcaría desde 2005 hasta 2010: es decir, el problema –si lo
hubiera– ya se plantearía como pronto en el año 2010. No obstante,
Montoro dice sin ambages que ya “en 2005 el comité estaba dispuesto a
una congelación salarial”, que fue desestimada por los trabajadores en
asamblea con el rechazo frontal de la CGT. “Lo entiendo porque en
aquellos momentos era difícil plantear que se tocaran los sueldos cuando
todo parecía ir bien”.
Pero a principios de 2006 “se llevan de Puerto Real el laboratorio
tecnológico” y eso ya empieza a levantar sospechas, muy alejadas eso sí,
del final. Y de ahí, a la videoconferencia, las comunicaciones a los
trabajadores, la falta de materiales, la inactividad y el cierre el 31
de julio de 2007.
Protestas en 2007. // I. J. POVEDA
En esos cinco meses se sucedieron entonces una cascada de
acontecimientos, desde el punto de vista social y político:
concentraciones, protestas, cortes de carretera, manifestaciones,
huelgas y una marcha a Sevilla, a la par que declaraciones políticas,
reclamaciones de subvenciones y un proceso judicial que luego se ha
hecho interminable. Y compromisos claros de dos presidentes de
entonces a un año de las elecciones generales y autonómicas: el del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves, que aseguraron: “No os vamos a dejar tirados”.
La primera parte del proceso culminó el 4 de julio, con los acuerdos
que se firmaron en Sevilla y que supusieron el cierre, la cesión de los
activos –cuantificados en 120 millones– y el Protocolo de Inserción
Laboral para la totalidad de la plantilla por el que la Junta se
comprometía a activar un dispositivo singular de formación y
recolocación. Comienza entonces el baile de cifras: las prejubilaciones
se adelantan a 50 años y salen 697 extrabajadores, se aprueban 60
incapacidades y algo más de 50 personas optan por el autoempleo. El
resto, a unos cursos de formación puestos en marcha por la Junta con el
objetivo de que los trabajadores se reciclasen y adquiriesen nuevos
conocimientos para ser recolocados en las empresas que estaban
dispuestas a venir a ocupar los terrenos de Delphi y que, según la
Junta, eran una decena.
EL FRACASO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN
Y empieza a gestarse el fracaso de este conflicto: los cursos se
revelan improductivos hasta el punto de que extrabajadores advierten que
muchos de los contenidos ya los conocen de sobra y que otros ni
siquiera tienen que ver con un posible reciclaje. No les gusta hablar
del tema pero, en su momento, denunciaron su “inutilidad”, sobre todo,
porque se supo que tuvieron que hacer una gimkana, un belén con
materiales reciclados, vieron películas o fueron de excursión a una
bodega de Sanlúcar y al zoológico de Jerez.
Esto provoca la primera gran fractura social puesto que, a la vez que
crece entre los extrabajadores el hastío, la desgana y la incertidumbre
de verse con pocas posibilidades de emplearse con esa formación,
aumenta la indignación entre la población que empieza a considerar a
estos extrabajadores unos privilegiados y unos parados de primera cuando
el número de desempleados va creciendo sin cesar en la provincia.
Los extrabajadores de Delphi recibían 15 euros cada día de
asistencia al curso, a la vez que se congelaba su desempleo, de manera
que la Junta destinó 120 millones de euros para las cuatro fases de este
programa de formación. El resultado de los mismos fue la
recolocación de un centenar en Alestis Aerospace y de otro en Gadir
Solar, empresa dedicada a las placas fotovoltaicas nacida al amparo de
las subvenciones concedidas por la Junta para reindustrializar la Bahía
tras la marcha de Delphi, y que cerró tras recibir 25 millones de euros y
con menos de tres años de actividad.
Así que, con la certeza de que el país ya estaba en crisis, el 28 de
febrero de 2011 y tras varias prórrogas, la Junta da por finalizado
oficialmente el tratamiento especial para los antiguos trabajadores a
pesar de que no se había recolocado a toda la plantilla. Los sindicatos,
entonces, fuerzan una moratoria que se alarga hasta el 30 de septiembre
de 2012, cuando la administración autonómica rompe en solitario con el
dispositivo singular, de manera que los extrabajadores pasan al paro.
ENCIERRO Y UNA HUELGA DE HAMBRE
Cambios de Gobierno en la Junta –con la entrada de IU–, una supuesta
trama de fraude de las ayudas para la reindustrialización del Plan Bahía
Competitiva, por la que han sido detenidas 31 personas entre
empresarios y responsables de Diputación y que continúa abierta, e
irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas, que en un duro
informe de hace menos de un mes alerta de “posibles responsabilidades
administrativas y contables” del Servicio Andaluz de Empleo en una ayuda
concedida a Delphi de 8,9 millones, son las secuelas de aquella
operación para reindustrializar la Bahía.
Éstas y 638 parados que decidieron hace casi un mes un encierro en el
edificio de los sindicatos descargando toda su desesperación e ira
contra CCOO y UGT a los que acusan de “traidores”. El salón de
actos del edificio se ha convertido en el hogar de una cuadrilla de ex
trabajadores, adonde han trasladado un televisor, un microondas, una
cafetera y sacos de dormir y cartones. Fuera, una hilera de
pancartas recuerda su situación y, sobre todo, la responsabilidad de la
Junta y del delegado del Gobierno en Cádiz, Fernando López Gil. Y en el
hall de entrada del edificio sindical, los insultos más fuertes, las
acusaciones más directas sobre antiguos compañeros sindicalistas.
Especialmente, a representantes de CCOO, con mayor representación y, en
concreto, a la figura del que fue el presidente del comité de empresa,
Antonio Pina.
Encierro de los extrabajadores. // V. P.
“Se están equivocando porque este no es el sitio donde tienen que
hacer presión pero los entiendo”, opina Montoro, que recuerda que “no
hubo ningún documento que no se firmara sin el acuerdo de los cuatro
sindicatos, CCOO, UGT, CGT y USO”. En las doce comisiones de seguimiento
han estado las organizaciones. “Y de lo que haya ocurrido o no somos
responsables los cuatro”, añade. Pero identifica un claro culpable: “la
Junta de Andalucía”, más cuestionada aún por el colectivo de los
desempleados al formar parte del Gobierno, Izquierda Unida. “Siempre
confiamos en los sindicatos y en la Junta pero nos han engañado y encima
ahora IU nos ha traicionado”, dice uno de los encerrados.
“Apostamos por el empleo desde el primer día”, insisten. Como lo han
venido haciendo estos años todo el colectivo. “Podríamos habernos ido
con una mayor indemnización pero tanto los sindicatos como la Junta nos
dijeron que nos acogiéramos al protocolo, que iban a venir empresas”,
recuerda. De hecho, para Montoro, tras el cierre “teníamos una esperanza
de empleo para la Bahía con la llegada de empresas de energías
renovables pero todo se fue al traste”.
Todos los días a media mañana se reúnen en la entrada del
edificio para recodar su problema y acoplan el megáfono a un teléfono
móvil que reproduce el mitin de Zapatero en Sevilla en mayo de 2007 en
el que anunciaba que no iba a fallar a los trabajadores. “¿Qué
harías tú si tienes un papel firmado por el presidente de la Junta y
avalado por el del Gobierno?”, preguntan. Uno de ellos ha llegado más
lejos y ha iniciado una huelga de hambre, movido por la angustia de
llevar 27 meses sin cobrar su prejubilación, sin ingresos y con un fallo
judicial favorable y que obliga a la Junta a pagarle. Para este sábado,
han convocado al colectivo y a otras asociaciones a una concentración a
partir de las once de recuerdo de “esta triste fecha”. Todos ansían que
la pesadilla acabe y por eso, Montoro cuenta que desde UGT y USO están
trabajando para mantener una reunión con los tres partidos (PSOE-PP-IU):
“Que lleguemos a una solución digna y definitiva”. Asegura que “parece
ser que hay buenas intenciones” y espera que este acuerdo llegue a
producirse.
Y LLEGARON LOS CHINOS PARA ‘LOCALIZAR’
Pero antes en el tiempo, hubo una clara posibilidad de empleo para
los extrabajadores y para toda la Bahía. La que ofrecía la compañía
china BWI o la perversión del capitalismo. Antes de la crisis, las
multinacionales se llevaron las fábricas a países emergentes, como la
planta de Puerto Real a Polonia y una parte a Tánger, pero tras el
ciclón de la crisis han vuelto a España para localizar sus empresas.
Los chinos planteaban un bruto anual de 10.000 euros: 600 o 700 euros al mes por el mismo trabajo que seis años antes hacían por 1.500 euros
En Cádiz, por ejemplo, la tasa de paro en el primer trimestre de 2007
era del 14,82%; cuatro años después, fue del 41,62%. Las intenciones de
la empresa de capital chino BWI (Beijing West Industries) de
automoción, que compró parte de Delphi, maquinaria de Puerto Real y que
hasta tenía a directivos de la antigua empresa americana, era volverse a
instalar en la provincia de Cádiz pero a bajo coste. Las negociaciones
con la Junta fueron muy duras porque esa fórmula que traían no sólo
implicaba menores retribuciones para los trabajadores sino exenciones
fiscales, flexibilidad en la contratación y que se liquidara rápidamente
el asunto de los suelos de Delphi. Un ambiente de desesperación idóneo
para poner condiciones y para que los trabajadores aceptaran lo que
fuera.
Ellos culparon a la Junta de que fue su “ineficacia” la que
provocó que los chinos se fueran y la administración autonómica la que
achacó las altas demandas salariales de los trabajadores como causa de
su huida. “En Polonia la mano de obra era más barata pero no
llegaba a los niveles de calidad que alcanzábamos nosotros. Por eso
vinieron y, en ningún momento, la rechazamos por cuestiones salariales”,
asegura Montoro. “Al tener a directivos de la antigua Delphi, nos
reunimos con ellos y les aseguramos tres años de paz social. Lo
importante es que se establecieran, se crearan puestos de trabajo y se
revitalizara la industria auxiliar. Después de eso, ya negociaríamos el
convenio”, rememoria. Los chinos planteaban un bruto anual de 10.000
euros: 600 o 700 euros al mes por el mismo trabajo que seis años antes
hacían por 1.500 euros.
La planta de Puerto Real se había convertido pues en un perfecto
laboratorio de análisis para practicar esos axiomas neoliberales de los
que habla el catedrático de Estructura de la Información de la
Universidad de Sevilla, Ramón Reig, y que se ha bautizado mundialmente
como crisis: el mercado lo regula todo y el Estado no debe inmiscuirse;
se ensalza la competitividad, la movilidad y la flexibilidad laboral, se
presiona al ciudadano para que “cree su propio empleo” (“jóvenes
emprendedores”) y se costee su jubilación y, por supuesto, como también
destaca la profesora de Sociología de la UCA, Gema González Ferrera, los
gobiernos entran en una espiral de legislaciones a favor de las grandes
corporaciones para que instalen sus empresas en sus territorios con el
coste económico, político y, sobre todo, humano que conlleva.
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