sábado, 22 de febrero de 2014

La Bahía de Cádiz se ahogó en el capitalismo. Vanessa Perondi

Una protesta en 2007. // I. J. POVEDA "...Con 1.904 personas a la calle y la economía local herida de muerte, se produjo una conmoción en la Bahía y en Jerez –con un gran número de trabajadores en la planta–, porque a pesar de la costumbre de reconversiones industriales –del naval y del vino–, ninguna comarca había afrontado un caso claro de deslocalización. Delphi cerraba, se llevaba la producción a Polonia, con una mano de obra más barata y no había vuelta atrás. El palo fue tremendo. “Nunca nos pudimos imaginar esto”..."

Vanessa Perondi

Una protesta en 2007. // I. J. POVEDA
La crisis comenzó en Cádiz antes de que la desaceleración económica, como se la llamaba en aquellos tiempos, formara parte de nuestro vocabulario. 2007 cerró con un crecimiento de la economía española del 3,8%, según el Banco de España, pero el inicio del año abrió una senda de pérdida de empleo que ha convertido los suelos industriales de la provincia gaditana en tierras yermas.

Cuando ni siquiera se imaginaba que una empresa gigante como Lehman Brothers pudiese llegar a la quiebra, con su escenificación en 2008 de la crisis económica mundial, el capitalismo enseñó en el sur de Andalucía su verdadera cara. La damnificada: la Bahía de Cádiz, donde la multinacional americana Delphi llevaba instalada 26 años. El 22 de febrero de 2007, el comité de empresa –formado por CCOO, UGT, CGT y USO– era convocado por la dirección de Delphi para ser informado por videoconferencia del “cierre ordenado e irreversible” de la fábrica de Puerto Real.

Con 1.904 personas a la calle y la economía local herida de muerte, se produjo una conmoción en la Bahía y en Jerez –con un gran número de trabajadores en la planta–, porque a pesar de la costumbre de reconversiones industriales –del naval y del vino–, ninguna comarca había afrontado un caso claro de deslocalización. Delphi cerraba, se llevaba la producción a Polonia, con una mano de obra más barata y no había vuelta atrás. El palo fue tremendo. “Nunca nos pudimos imaginar esto”, recuerda Antonio Montoro, extrabajador de Delphi y representante en el extinto comité por UGT. Y menos en el plano político, puesto que antes del cierre, Delphi firmó con la Junta de Andalucía un plan de empleo que abarcaría desde 2005 hasta 2010: es decir, el problema –si lo hubiera– ya se plantearía como pronto en el año 2010. No obstante, Montoro dice sin ambages que ya “en 2005 el comité estaba dispuesto a una congelación salarial”, que fue desestimada por los trabajadores en asamblea con el rechazo frontal de la CGT. “Lo entiendo porque en aquellos momentos era difícil plantear que se tocaran los sueldos cuando todo parecía ir bien”.

Pero a principios de 2006 “se llevan de Puerto Real el laboratorio tecnológico” y eso ya empieza a levantar sospechas, muy alejadas eso sí, del final. Y de ahí, a la videoconferencia, las comunicaciones a los trabajadores, la falta de materiales, la inactividad y el cierre el 31 de julio de 2007.

Protestas en 2007. // I. J. POVEDAProtestas en 2007. // I. J. POVEDA
En esos cinco meses se sucedieron entonces una cascada de acontecimientos, desde el punto de vista social y político: concentraciones, protestas, cortes de carretera, manifestaciones, huelgas y una marcha a Sevilla, a la par que declaraciones políticas, reclamaciones de subvenciones y un proceso judicial que luego se ha hecho interminable. Y compromisos claros de dos presidentes de entonces a un año de las elecciones generales y autonómicas: el del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que aseguraron: “No os vamos a dejar tirados”.

La primera parte del proceso culminó el 4 de julio, con los acuerdos que se firmaron en Sevilla y que supusieron el cierre, la cesión de los activos –cuantificados en 120 millones– y el Protocolo de Inserción Laboral para la totalidad de la plantilla por el que la Junta se comprometía a activar un dispositivo singular de formación y recolocación. Comienza entonces el baile de cifras: las prejubilaciones se adelantan a 50 años y salen 697 extrabajadores, se aprueban 60 incapacidades y algo más de 50 personas optan por el autoempleo. El resto, a unos cursos de formación puestos en marcha por la Junta con el objetivo de que los trabajadores se reciclasen y adquiriesen nuevos conocimientos para ser recolocados en las empresas que estaban dispuestas a venir a ocupar los terrenos de Delphi y que, según la Junta, eran una decena.

EL FRACASO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN
Y empieza a gestarse el fracaso de este conflicto: los cursos se revelan improductivos hasta el punto de que extrabajadores advierten que muchos de los contenidos ya los conocen de sobra y que otros ni siquiera tienen que ver con un posible reciclaje. No les gusta hablar del tema pero, en su momento, denunciaron su “inutilidad”, sobre todo, porque se supo que tuvieron que hacer una gimkana, un belén con materiales reciclados, vieron películas o fueron de excursión a una bodega de Sanlúcar y al zoológico de Jerez.

Esto provoca la primera gran fractura social puesto que, a la vez que crece entre los extrabajadores el hastío, la desgana y la incertidumbre de verse con pocas posibilidades de emplearse con esa formación, aumenta la indignación entre la población que empieza a considerar a estos extrabajadores unos privilegiados y unos parados de primera cuando el número de desempleados va creciendo sin cesar en la provincia.

Los extrabajadores de Delphi recibían 15 euros cada día de asistencia al curso, a la vez que se congelaba su desempleo, de manera que la Junta destinó 120 millones de euros para las cuatro fases de este programa de formación. El resultado de los mismos fue la recolocación de un centenar en Alestis Aerospace y de otro en Gadir Solar, empresa dedicada a las placas fotovoltaicas nacida al amparo de las subvenciones concedidas por la Junta para reindustrializar la Bahía tras la marcha de Delphi, y que cerró tras recibir 25 millones de euros y con menos de tres años de actividad.

Así que, con la certeza de que el país ya estaba en crisis, el 28 de febrero de 2011 y tras varias prórrogas, la Junta da por finalizado oficialmente el tratamiento especial para los antiguos trabajadores a pesar de que no se había recolocado a toda la plantilla. Los sindicatos, entonces, fuerzan una moratoria que se alarga hasta el 30 de septiembre de 2012, cuando la administración autonómica rompe en solitario con el dispositivo singular, de manera que los extrabajadores pasan al paro.

ENCIERRO Y UNA HUELGA DE HAMBRE
Cambios de Gobierno en la Junta –con la entrada de IU–, una supuesta trama de fraude de las ayudas para la reindustrialización del Plan Bahía Competitiva, por la que han sido detenidas 31 personas entre empresarios y responsables de Diputación y que continúa abierta, e irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas, que en un duro informe de hace menos de un mes alerta de “posibles responsabilidades administrativas y contables” del Servicio Andaluz de Empleo en una ayuda concedida a Delphi de 8,9 millones, son las secuelas de aquella operación para reindustrializar la Bahía.

Éstas y 638 parados que decidieron hace casi un mes un encierro en el edificio de los sindicatos descargando toda su desesperación e ira contra CCOO y UGT a los que acusan de “traidores”. El salón de actos del edificio se ha convertido en el hogar de una cuadrilla de ex trabajadores, adonde han trasladado un televisor, un microondas, una cafetera y sacos de dormir y cartones. Fuera, una hilera de pancartas recuerda su situación y, sobre todo, la responsabilidad de la Junta y del delegado del Gobierno en Cádiz, Fernando López Gil. Y en el hall de entrada del edificio sindical, los insultos más fuertes, las acusaciones más directas sobre antiguos compañeros sindicalistas. Especialmente, a representantes de CCOO, con mayor representación y, en concreto, a la figura del que fue el presidente del comité de empresa, Antonio Pina.

Encierro de los extrabajadores. // V. P.Encierro de los extrabajadores. // V. P.
“Se están equivocando porque este no es el sitio donde tienen que hacer presión pero los entiendo”, opina Montoro, que recuerda que “no hubo ningún documento que no se firmara sin el acuerdo de los cuatro sindicatos, CCOO, UGT, CGT y USO”. En las doce comisiones de seguimiento han estado las organizaciones. “Y de lo que haya ocurrido o no somos responsables los cuatro”, añade. Pero identifica un claro culpable: “la Junta de Andalucía”, más cuestionada aún por el colectivo de los desempleados al formar parte del Gobierno, Izquierda Unida. “Siempre confiamos en los sindicatos y en la Junta pero nos han engañado y encima ahora IU nos ha traicionado”, dice uno de los encerrados.

“Apostamos por el empleo desde el primer día”, insisten. Como lo han venido haciendo estos años todo el colectivo. “Podríamos habernos ido con una mayor indemnización pero tanto los sindicatos como la Junta nos dijeron que nos acogiéramos al protocolo, que iban a venir empresas”, recuerda. De hecho, para Montoro, tras el cierre “teníamos una esperanza de empleo para la Bahía con la llegada de empresas de energías renovables pero todo se fue al traste”.

Todos los días a media mañana se reúnen en la entrada del edificio para recodar su problema y acoplan el megáfono a un teléfono móvil que reproduce el mitin de Zapatero en Sevilla en mayo de 2007 en el que anunciaba que no iba a fallar a los trabajadores. “¿Qué harías tú si tienes un papel firmado por el presidente de la Junta y avalado por el del Gobierno?”, preguntan. Uno de ellos ha llegado más lejos y ha iniciado una huelga de hambre, movido por la angustia de llevar 27 meses sin cobrar su prejubilación, sin ingresos y con un fallo judicial favorable y que obliga a la Junta a pagarle. Para este sábado, han convocado al colectivo y a otras asociaciones a una concentración a partir de las once de recuerdo de “esta triste fecha”. Todos ansían que la pesadilla acabe y por eso, Montoro cuenta que desde UGT y USO están trabajando para mantener una reunión con los tres partidos (PSOE-PP-IU): “Que lleguemos a una solución digna y definitiva”. Asegura que “parece ser que hay buenas intenciones” y espera que este acuerdo llegue a producirse.

Y LLEGARON LOS CHINOS PARA ‘LOCALIZAR’
Pero antes en el tiempo, hubo una clara posibilidad de empleo para los extrabajadores y para toda la Bahía. La que ofrecía la compañía china BWI o la perversión del capitalismo. Antes de la crisis, las multinacionales se llevaron las fábricas a países emergentes, como la planta de Puerto Real a Polonia y una parte a Tánger, pero tras el ciclón de la crisis han vuelto a España para localizar sus empresas. 

Los chinos planteaban un bruto anual de 10.000 euros: 600 o 700 euros al mes por el mismo trabajo que seis años antes hacían por 1.500 euros
 
En Cádiz, por ejemplo, la tasa de paro en el primer trimestre de 2007 era del 14,82%; cuatro años después, fue del 41,62%. Las intenciones de la empresa de capital chino BWI (Beijing West Industries) de automoción, que compró parte de Delphi, maquinaria de Puerto Real y que hasta tenía a directivos de la antigua empresa americana, era volverse a instalar en la provincia de Cádiz pero a bajo coste. Las negociaciones con la Junta fueron muy duras porque esa fórmula que traían no sólo implicaba menores retribuciones para los trabajadores sino exenciones fiscales, flexibilidad en la contratación y que se liquidara rápidamente el asunto de los suelos de Delphi. Un ambiente de desesperación idóneo para poner condiciones y para que los trabajadores aceptaran lo que fuera.

Ellos culparon a la Junta de que fue su “ineficacia” la que provocó que los chinos se fueran y la administración autonómica la que achacó las altas demandas salariales de los trabajadores como causa de su huida. “En Polonia la mano de obra era más barata pero no llegaba a los niveles de calidad que alcanzábamos nosotros. Por eso vinieron y, en ningún momento, la rechazamos por cuestiones salariales”, asegura Montoro. “Al tener a directivos de la antigua Delphi, nos reunimos con ellos y les aseguramos tres años de paz social. Lo importante es que se establecieran, se crearan puestos de trabajo y se revitalizara la industria auxiliar. Después de eso, ya negociaríamos el convenio”, rememoria. Los chinos planteaban un bruto anual de 10.000 euros: 600 o 700 euros al mes por el mismo trabajo que seis años antes hacían por 1.500 euros.

La planta de Puerto Real se había convertido pues en un perfecto laboratorio de análisis para practicar esos axiomas neoliberales de los que habla el catedrático de Estructura de la Información de la Universidad de Sevilla, Ramón Reig, y que se ha bautizado mundialmente como crisis: el mercado lo regula todo y el Estado no debe inmiscuirse; se ensalza la competitividad, la movilidad y la flexibilidad laboral, se presiona al ciudadano para que “cree su propio empleo” (“jóvenes emprendedores”) y se costee su jubilación y, por supuesto, como también destaca la profesora de Sociología de la UCA, Gema González Ferrera, los gobiernos entran en una espiral de legislaciones a favor de las grandes corporaciones para que instalen sus empresas en sus territorios con el coste económico, político y, sobre todo, humano que conlleva.

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