Cada
vez más sectores de la clase obrera son conscientes de que, ante
esta crisis general del capitalismo y con el objetivo imposible de
intentar detenerla, la burguesía y los políticos que la representan
están dispuestos a liquidar cualquier vestigio de derechos laborales
y del sistema de protección social.
En
sanidad empezaron como las termitas, privatizando poco a poco todo lo
rentable (cocinas, lavanderías, laboratorios, alta tecnología..,etc)
a costa de reducir personal, condiciones de trabajo y deteriorando la
calidad. Ahora pisan el acelerador y, como en Cataluña, entran como
un elefante en una cacharrería, arrasando.
La privatización del
sistema sanitario[1] se acopla como un guante al deterioro de la
sanidad pública. He aquí algunos de los procedimientos
fundamentales.
El
capital privado, que huye en desbandada de otros sectores productivos
que han dejado de producir beneficios, se va refugiando
progresivamente en el sector público. En un primer momento el
objetivo fueron los monopolios públicos de sectores estratégicos
que se vendieron a precio de saldo: Telefónica, Repsol, Enagás,
Iberdrola, Argentaria, etc. El negocio es redondo: se producen
mercancías de primera necesidad a una “clientela”, por ello
mismo, cautiva.
A
continuación, y a media que la crisis se agrava, se va a por la
gallina de los huevos de oro. Los servicios públicos en manos
privadas aseguran no sólo la clientela, sino también la
financiación. Hablando en propiedad, no se “dispara con la pólvora
del rey” sino con el dinero del pueblo.
El negocio se hace,
obviamente, reduciendo gastos, por dos procedimientos fundamentales.
Uno de ellos es reducir costes (restringir plantillas, precarizar el
trabajo, incentivar económicamente a los profesionales para que
ahorren[2], etc). Al otro, lo llaman “seleccionar riesgos”,
véase, quedarse con los pacientes “rentables” (jóvenes, con una
sola patología sencilla, a poder ser quirúrgica..) y quitarse de
encima a personas mayores, enfermos crónicos y casos complejos. En
definitiva, capitalismo en estado puro, aplicando a la sanidad su ley
sagrada: obtención de beneficios por el medio que sea.
¿Qué
es el copago?
Es la
exigencia de abonar una determinada cantidad para acceder a un
servicio sanitario. En realidad es un “repago” porque la sanidad
pública la financiamos l@s trabajador@s a través de nuestros
impuestos. Aquí ya existe el “repago” en: recetas médicas para
los no pensionistas, dentista, oculista y el uso de la sanidad
privada como consecuencia de inadmisibles listas de espera.
Los ejemplos de copago
son múltiples. El más reciente es el de Italia: se pagan 10 euros
por consulta general, 25 euros por visita a urgencias sin ingreso, 25
euros por consulta a especialista y un % por analíticas y
radiología. También valoran aumentar el 40% que pagan los activos
por receta y que los pensionistas paguen el 10%. Los estudios
realizados[3] sobre sus consecuencias en países en los que se ha
introducido son demoledores. Aunque la cantidad a pagar para la
consulta de A. Primaria sea “pequeña” (2 euros) se produce una
reducción de las consultas del 18% en el sector de población con
menos ingresos e independientemente de la gravedad del padecimiento.
La consulta se pospone y llega al médico cuando la enfermedad se ha
agravado, incrementándose el coste de la asistencia, la sobrecarga
de las urgencias y, sobre todo, el riesgo para la persona. Por
ejemplo, en Portugal, donde se introdujo recientemente un copago
también de 10 euros en A. Primaria, se están viendo en primera
consulta, casos de cáncer con una extensión y una gravedad
desconocidas hasta ahora. La detección precoz desaparece para los
más pobres.
¿Cómo
justifican la introducción de unas medidas tan brutales?
Como estamos viendo con
la Reforma de la Constitución[4] la crisis es una gigantesca arma
ideológica para aniquilar derechos laborales y sociales. Dejar el
déficit público en un 0,4% supondrá reducir el gasto social
público, anualmente, en 70.000 millones de euros. Pero lo más
grave, sin duda, es lo que dice textualmente el nuevo artículo
introducido: “El pago de la deuda y de los intereses de la deuda
tendrán prioridad absoluta sobre cualquier otra partida de gasto”.
Es decir puede no haber dinero para sanidad, educación, para pagar
el paro, para los transportes públicos..etc, pero antes que nada,
pagaremos la deuda. Su deuda, la que ellos han contraído y pretenden
que nosotr@s paguemos.
En caso del copago sus
grandes argumentos –armas de manipulación masiva - son: el abuso
de los servicios sanitarios y la “insostenibilidad económica”
del sistema sanitario. En el primer caso, Vicente Navarro ha
demostrado[5] claramente que si se descuentan las consultas por
causas administrativas y las que podrían realizarse por otros
profesionales, la frecuentación de consultas médicas está
claramente por debajo de la media de la UE. También es inferior el
uso de las urgencias y la tasa de hospitalización.
La
“sostenibilidad” es una opción política en función de los
intereses de clase que se defiendan.
Desde el punto de vista de los ingresos, la política fiscal de todos
los gobiernos desde la Transición ha sido reducir los impuestos al
capital y aumentar los que paga la clase obrera.
Además
del brutal incremento del IVA que pagamos todos por igual y que
introduce una enorme regresividad fiscal los datos son los
siguientes:
-
Desde 1988 se vienen
aprobando sucesivas reformas del Impuesto sobre la Renta cada vez más
regresivas: pagan más lo que menos tienen.
- Desde 2007 las
rentas del capital y las del trabajo tributan a tipos diferentes,
mucho más altos para las del trabajo.
-
Desde 1991 se va
reduciendo el Impuesto de Sociedades (sobre beneficios
empresariales); la última reducción se hizo en 2008: del 35 al 30%.
El escándalo más grande es el de las SICAV, utilizadas por las
grandes fortunas, que tributan al 1%.
El Impuesto sobre el
Patrimonio se eliminó totalmente en 2008.
El Impuesto sobre
Sucesiones (sobre la herencia), incomprensiblemente transferido a las
CC.AA, va disminuyendo progresivamente y ha sido eliminado totalmente
en Cataluña, Madrid, País Valenciano y Canarias.
A este marco
legal absolutamente injusto hay que añadir un fraude fiscal
gigantesco: una cuarta parte de la riqueza generada (PIB) anualmente
no paga los impuestos que le corresponden, dejando de ingresar 90.000
millones de euros. Esta cantidad es muy superior a lo que separa
nuestro gasto social público de la media de la UE (un 6% del PIB
menos).
Desde el punto de vista del gasto hay que sumar la
cantidad de 180.000 millones de euros puestos en 2010 por el Gobierno
a disposición de la gran banca y que equivale a tres veces el gasto
sanitario total. Y el inútil y criminal gasto militar, con una deuda
de 30.000 millones de euros por compra de armamento, destinado a
asolar países como Afganistán o recientemente Libia. Y los 25
millones de euros que salen de las arcas públicas para gastos de la
monarquía y los seis mil millones de euros para la financiación de
la Iglesia Católica y de todas sus estructuras sociales y
educativas, que no han recibido recorte alguno. Y el despilfarro y la
corrupción en la construcción de infraestructuras...y el largo
etcétera de unas clases dominantes y unos políticos que devoran
los recursos públicos mientras se proponen recortar las prestaciones
sociales.
El Impuesto sobre el
Patrimonio se eliminó totalmente en 2008.
El Impuesto sobre
Sucesiones (sobre la herencia), incomprensiblemente transferido a las
CC.AA, va disminuyendo progresivamente y ha sido eliminado totalmente
en Cataluña, Madrid, País Valenciano y Canarias.
A este marco
legal absolutamente injusto hay que añadir un fraude fiscal
gigantesco: una cuarta parte de la riqueza generada (PIB) anualmente
no paga los impuestos que le corresponden, dejando de ingresar 90.000
millones de euros. Esta cantidad es muy superior a lo que separa
nuestro gasto social público de la media de la UE (un 6% del PIB
menos).
Desde el punto de vista del gasto hay que sumar la
cantidad de 180.000 millones de euros puestos en 2010 por el Gobierno
a disposición de la gran banca y que equivale a tres veces el gasto
sanitario total. Y el inútil y criminal gasto militar, con una deuda
de 30.000 millones de euros por compra de armamento, destinado a
asolar países como Afganistán o recientemente Libia. Y los 25
millones de euros que salen de las arcas públicas para gastos de la
monarquía y los seis mil millones de euros para la financiación de
la Iglesia Católica y de todas sus estructuras sociales y
educativas, que no han recibido recorte alguno. Y el despilfarro y la
corrupción en la construcción de infraestructuras...y el largo
etcétera de unas clases dominantes y unos políticos que devoran
los recursos públicos mientras se proponen recortar las prestaciones
sociales.En
este contexto, definido además por unas necesidades crecientes
derivadas del desempleo masivo y de todo su correlato de incremento
de la enfermedad, de incapacidad de acceso a la vivienda para
millones de personas y de desestructuración social, la reducción
del gasto público, la privatización de la sanidad y la introducción
de medidas como el copago es un crimen. Un crimen que sin embargo
tiene una explicación sencilla: el capital no necesita el 30% de la
mano de obra y considera un obstáculo para la realización de
beneficios la satisfacción de sus necesidades sociales.
A
las trabajadoras y a los trabajadores nos toca decidir si aceptamos
que el capitalismo hunda nuestro futuro y el de las generaciones
posteriores o buscamos una alternativa.
Lo
decisivo no es qué partido gobierna, sino qué clase social tiene el
poder.
Sólo
nuestra conciencia organizada, nuestra dignidad de trabajadoras y de
pueblos, y nuestra capacidad insobornable de lucha (en tiempos de
tanto soborno) podrá detener su maquinaria de barbarie y construir
el único futuro posible: poner los recursos al servicio de las
necesidades y devolver el poder al pueblo.
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