FMI: cuando las soluciones son el problema
Gil Meneses / Madrid
- Ilustración: Le Corbeau
Cuando los líderes de los principales 20 países desarrollados y emergentes según la OCDE, más Holanda y España, se sentaron en abril de 2009 en Londres con la intención de, palabras textuales de Nicolas Sarkozy, “refundar el capitalismo”, la inyección de medio billón de dólares al FMI (de los cuales 4.000 millones de euros fueron aportados por España) era la panacea para estimular la concesión de créditos.Al hilo de la doctrina de moda en el G-20 inducida por el FMI, Zapatero preparó un desembolso de más de 50.000 millones de euros destinados a contrarrestar la crisis mediante el estímulo a la economía. A principios de 2009 asomaba la cabeza el Plan E. Al término de esta inyección de crédito, 426.000 puestos de trabajo generados, no todos mantenidos, que no lograron compensar una escalada de desempleo que hoy día sigue con los frenos averiados.
El sector bancario disfrutó también de su dosis de inyección de dinero procedente de las arcas públicas. Finalizaba el 2008 cuando José Luis Rodríguez Zapatero anunció la inyección de 30.000 millones de euros, ampliables a 50.000, al sistema financiero mediante el Tesoro, destinados a comprar activos financieros de las entidades en dificultades. Y casi dos meses después de la Cumbre de Londres, el Gobierno concretaba la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
el FMI reconocía en un informe que las dos terceras partes del incremento de la deuda de los países más avanzados se debía a la caída de los ingresos
Su intención era proporcionar dinero a este sector para garantizar su subsistencia al mismo tiempo que se impulsaba un proceso de fusiones entre entidades. Los fondos iniciales, 9.000 millones aportados por el Estado, con un límite de 99.000 millones de euros. Esta tónica se prolongó hasta la cumbre de Pittsburgh, celebrada el 20 de septiembre de 2009, cuyas conclusiones fueron poco más que un compendio de buenas palabras (“No estimular de nuevo las prácticas que llevaron a la crisis”, rezaba el documento concluyente de la cumbre).
Los nubes londinenses, más que amainar, se habían tornado grisáceas y amenazaban tormenta. Por aquél entonces no valía inyectar capital, porque los países se habían quedado secos.
El diluvio global
Y en mayo de 2010 cayó el diluvio. El día 15 de ese mes, el FMI reconocía en un informe que las dos terceras partes del incremento de la deuda de los países más avanzados se debía a la caída de los ingresos, dependientes en gran parte de los impuestos derivados del consumo. En ese documento los doctores del FMI concretaban su nueva receta para curar la enfermedad financiera: reducir los déficits a toda costa. ¿Cómo? Mediante la congelación del gasto per cápita, incremento del coste de la sanidad pública, reformas en las pensiones e incremento del IVA.
Quienes estuvieron cerca de Zapatero hablaron de un presidente reticente a obedecer al FMI pero acorralado ante las presiones de oposición y organismos internacionales. A partir de entonces el PSOE abrazó las soluciones del neoliberalismo: rebaja del 5% del sueldo de los funcionarios, congelación de las pensiones (salvo las mínimas y las no contributivas), supresión del cheque-bebé, subida de dos puntos del IVA, incremento de impuestos al tabaco, subida de gas y electricidad y tijeretazo a los productos farmacéuticos, entre otras medidas.
Dentro del ritmo que marcan los timbales del FMI, el Gobierno aprobó la privatización de Loterías y de AENA, la reforma del mercado laboral (aprobada el 9 de septiembre de 2010), la reforma de las pensiones, la retirada de la prestación de 426 euros a los parados que habían agotado todas las anteriores, la Ley de Economía Sostenible (que incluía en su haber la discutida Ley Sinde), etc. Para seguir cumpliendo las exigencias del FMI, España se enroló en una dinámica de subasta de su deuda como solución a esta nueva crisis, combinada con uso y abuso de la tijera. Con los medios de comunicación pendientes de la variación de la prima de riesgo y centrados en la cuestión de la desconfianza general en la economía española, el Gobierno ha seguido la lógica del recorte de derechos.
En sus últimos informes, el FMI apuntó directamente a las Comunidades Autónomas, por lo que la ministra de Economía, Elena Salgado, se apresurara a introducir en el debate de las autonomías la cuestión del techo del gasto, no sin recibir varios aldabonazos por parte de algunos representantes territoriales. Comunidades como Catalunya y Madrid se animaron a colaborar. Recortes en subvenciones, incremento del precio del transporte público, paralización de obras regionales… y otras medidas como los recortes en la educación pública madrileña (aumento de horas lectivas para profesores, despido de los interinos, cierres de escuelas de adultos y bachilleratos nocturnos, aumento de alumnos por clase) y la sanidad catalana (cierre de servicios de urgencia de ambulatorios, cierre de quirófanos, menor número de camas por hospital…).
Nuevas exigencias
El organismo que ahora dirige la exministra de Economía francesa Christine Lagarde pone tildes sobre el IVA, el cual aún considera bajo, y propone cargar en el carburante, y en el gasto en funcionarios, “uno de los más altos de la zona euro”.
Además, pide una “mayor descentralización de las negociaciones colectivas”, que se deje de vincular los salarios con la inflación y una “menor compensación por desempleo”.
La respuesta a estas últimas exhortaciones neoliberales ha sido instantánea. El 19 de agosto, y tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, Elena Salgado anunciaba la reducción temporal del IVA para la compra de vivienda nueva hasta el 31 de diciembre, el cobro adelantado del impuesto de sociedades a las grandes empresas y la reducción del gasto farmacéutico, con la intención de obligar a los médicos a recetar genéricos.
Remató la comparecencia el saludo de Salgado a la moderación de los salarios, pendiente de negociar con los principales sindicatos españoles, a cambio “de repartir las cargas de la crisis”. Un apunte más: la supresión de las diputaciones va camino de ser una realidad antes de lo imaginado; PSOE y PP ya lo incluyen en sus programas electorales para las presidenciales de noviembre.
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