La inflación española se desboca hasta el 7,4% en febrero, la más alta en más de tres décadas



Los precios de los productos básicos continuarán al alza, profundizando en la pérdida de poder adquisitivo y el empobrecimiento de cada vez más capas de la sociedad 
 

Según los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, el Índice de Precios del Consumo (IPC) continúa su ascenso, situándose ya en un 7,4% en este mes de febrero, más de un punto por encima del anterior (6,1% en enero). Las predicciones que bancos centrales y gobiernos hicieron para 2022 han vuelto a fallar, como ha ocurrido con todas las anteriores, mientras los analistas que hablaban de una inflación en descenso para este año, con datos en torno al 3% de media, ya hablan de que esta no bajará seguramente del 6%. Y el ascenso seguramente será mayor.

La inflación, ese fantasma que en las últimas décadas parecía afectar sólo a los países de la periferia del sistema-mundo capitalista, ha vuelto al corazón de las principales potencias, lo ha hecho con fuerza y parece que para quedarse. Los efectos de la pandemia del COVID-19 y también la reciente escalada del conflicto en Ucrania (como publicábamos ayer) han ayudado, pero son numerosos los análisis y economistas que afirman que en realidad esta es estructural, y que tiene mucho que ver con las políticas monetarias que han venido aplicando los grandes bancos centrales (la Reserva Federal y el BCE) y con una crisis financiera de 2008 que, en realidad, nunca se superó.

No hace falta saber mucho de economía para entender que la inflación perjudica principalmente a los asalariados: esta siempre ha sido un mecanismo de desvalorización de la fuerza de trabajo, y se trata de una potente herramienta que el capital tiene a su disposición para someter a los trabajadores a las exigencias de la rentabilidad. Si bajar los salarios nominales para el gobierno y la patronal puede ser más complicado y puede generar un conflicto social directo, la inflación hace esta labor de manera indirecta, haciendo que las subidas de precios bajen de facto los salarios reales. 

Una solución temporal a situaciones de alta inflación, aunque solo sea a modo de medida paliativa, es la indexación de salarios a la evolución del IPC. Pero el desarme que ha sufrido el movimiento obrero en las últimas décadas, junto a los ataques recibidos en forma de recortes y reformas laborales en todos estos años, han dejado en una situación de total indefensión a la clase obrera. Las cláusulas de revisión salarial en función de los precios se han ido retirando sistemáticamente de los convenios laborales, y si en el 2008 eran ocho millones de trabajadores y trabajadoras las que tenían este derecho laboral, hoy son tan sólo 1,2 millones.

En los últimos meses, organismos como el Banco de España o miembros del gobierno como Nadia Calviño han venido negando la posibilidad de subir los salarios, alegando que esto puede dañar más la economía y tranquilizando a los trabajadores con una supuesta “pronta” recuperación, que rápidamente iba a hacer bajar la inflación y devolver los precios a un estado de normalidad. Esto no va a ocurrir, y el empobrecimiento de cada vez más capas de la sociedad parece que será un hecho. Excepto que le pongamos remedio.

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