viernes, 26 de junio de 2015

Fuerzas Armadas: la rebelión de las amazonas y algunas revueltas más. por Antonio Maira

Violación o “intento de violación” vs. abuso de autoridad
Los relatos son estremecedoresi.
El horror rompe, a borbotones, ese espeso caldo de complicidades y silencios con el que la jerarquía militar ha intentado compactar y aislar, pese al oprobio que eso supone, a las Fuerzas Armadas. Una niebla densa y hasta ahora impermeable rodea a delitos indignos como el de violación y todos sus derivados.

Se trata -en cualquier caso y hay que decirlo ya a voz en grito- de violaciones de la dignidad, la intimidad y la honra de las mujeres militares -y no de “intentos de violación” y “abusos sexuales”-, para develar el machista y esperpéntico lenguaje técnico-jurídico que no tiene en cuenta los gravísimos daños físicos, morales, sociales, familiares y psicológicos que acompañan a esta violencia. Delitos penales que deberían estar sometidos a la jurisdicción penal ordinaria, en ningún modo a la militar. Esta última está sometida a una jerarquía mafiosa que intercambia favores, controla los ascensos superiores -reservados siempre para las “familias” de origen franquista-, y establece una especie de código de protección o juramento, la omertá, al que está sometida, sin opción de incumplimiento, la cúpula que controla a todo el aparato militar. Desde su jefe supremo, el Rey, hasta el último de los generales o almirantes, pasando por los políticos del turno, meros peleles del quinto poder del Estadoii. Si es necesario, ese eje de poder absoluto y arbitrario utiliza su jurisdicción propia para invadir sin contemplaciones la jurisdicción ordinaria, tal como ha ocurrido con la última denuncia del coronel Lezcano Mújica contra la comandante Zaida Cantero iii.
Conocida es la casuística con la que una enorme parte de los jueces, sobre todo los militares, reducen la gravedad de estos delitos: una especie de coraza que protege a los victimarios y coloca en una situación de impotencia, denigración pública y terror a las víctimas. Todos los delitos -edulcorados por eufemismos de raíz machista- afrentan de igual modo a las mujeres que sirven a la patria, la de todos, en las Fuerzas Armadas. En cada uno de ellos la violencia convierte a las propias compañeras en una especie de botín de retaguardia. La impunidad y la desesperación son los ingredientes de ese juego perverso y no consentido que empieza a salir de una de las catacumbas que nos dejó intactas el franquismoiv.
Cabe preguntarse cuál será el “trato reservado” para las verdaderas enemigas que nos señala el Pentágono en los frentes de batalla de la “guerra global y permanente antiterrorista”v.
La barbarie machista “sienta plaza” en las Fuerzas Armadas
Los agravantes políticos de estos delitos infames e infamantes son evidentes y reclaman el procesamiento público del Régimen de la Transición, incluida en primer lugar y primer plano mediático, la Monarquía: han sucedido con la complicidad o la aquiescencia de los mandos superiores o intermedios en casi todos los casos, el encubrimiento de las instancias supremas de mando de los Ejércitos, la indiferencia de los sucesivos ministerios y Gobiernos del bipartito PP-PSOE, y la del Borbón y Grecia, Felipe VI (el indeseado), Jefe del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Ninguno de ellos ha actuado y todos han escondido los delitos en el “cajón de sastre” de la protección del “buen nombre” de la institución militar, o en los entresijos de la relación de mando-obediencia que desestabiliza la balanza de la disciplina siempre a favor del superior.
En el cajón de sastre y bajo las siete llaves de la Ley de Secretos Oficiales.
Se trata también del silencio criminal y cómplice de algunos testigos directos que “dejan hacer y dejan pasar”, y pierden la memoria repentinamente tras un sentido corporativo del “compañerismo” cuando –de repente y para siempre- en la memoria no ven lo que han visto y no oyen lo que han oído.
El honor de los no honorables
Se trata, sobre todo, de que las mujeres violentadas son posteriormente acosadas por sus propios violadores, desprotegidas por la institución a la que sirven, y aterrorizadas hasta el abandono forzado de las fuerzas armadas o hasta la ruptura de los contratos. De la violación al paro, a la desarticulación de la vida y al desastre familiar. El honor de los no honorables pisotea la dignidad de todas nuestras militares y de la mayoría de nuestros militares.
Es el imperio del terror. Así de bárbaro, así de duro.
Despótico desde la cima consentidora y coronada. ¿Qué cabe esperar de Felipe VI, el “rey pelele”, mando supremo de todos y todas las uniformadas? ¿Qué cabe esperar de su ética y de su voluntad de defender a las mujeres milicianas ante el brutal acoso de sus conmilitones?
La barbarie machista está apareciendo como una realidad asentada, hecha práctica habitual –costumbre regocijante para muchos-, en las Fuerzas Armadas. La indignación, sin embargo, se está extendiendo por las propias unidades militares, vehiculada por las mujeres milicianas. La cólera está inflamando la pradera militar gracias en buena parte a la Comandante Cantero que se ha resistido con todas sus fuerzas a la humillación personal y colectivavi.
Ella nos ha advertido de lo básico: donde se intenta violar a una capitán, muchas mujeres soldado, muchas suboficiales, han corrido igual o peor suerte. Su dignidad, mantenida con un valor extraordinario, ha conmovido a muchos militares honrados y ha animado a sus compañeras a la denuncia. Las fuerzas armadas españolas están implosionando por los sucesivos casos de violación y violencia machista, entre otros desastres también cotidianos.
Me refiero a las pruebas evidentes de maltrato de prisioneros en Irak, con una brutal paliza grabada, a otros actos de barbarie también documentados en ese mismo país y en Afganistán; y a la colaboración de los servicios de inteligencia con las autoridades estadounidenses, iraquíes y de otros países del Eje del Bien en la “alimentación de prisioneros” a centros de tortura y exterminio como Abu Ghraib, Guantánamo y otros centros clandestinos.
Los militares dignos -mujeres y hombres- están comprendiendo que su mando supremo debe ser el pueblo y que solo eso dignificará su oficio y hará desaparecer la violencia gratuita, la arbitrariedad, la impunidad, la cooptación en los mandos superiores de su institución y ese olor a rancio que despide la corrupción moral, política y económica que despiden sus máximas jerarquías.
La rebelión de las amazonas –que sin el valor y la honorabilidad de la Comandante Cantero no hubiese roto la barrera de Falsimedia- tiene en muchas más el batallón de vanguardia: Olga, Raquél, Nuria, Marina, Lucía, Constanza, Regina, sus veintitantas compañeras y el aluvión de amazonas cuyas denuncias se le vienen encima al eje “franquista-borbónico” de poder militar y político.
El paradigma de la vergüenza y de la solidaridad
El caso del intento reiterado de violación ocurrido en la Isla de Alborán la Nochevieja del 2013 es todo un paradigma. Evidentemente, eufemismos de raíz machista fuera, no se trata en modo alguno de un delito militar: es un delito penal de intento de violación con violencia extrema que se juzgará dentro del fuero y por tribunales militares. Los agravantes también son muy claros: abuso de autoridad, reiteración, borrachera, haber sido perpetrado en un lugar doblemente cerrado (sin escapatoria posible para la víctima); la isla de Alborán y los servicios de mujeres de las instalaciones.
Además de todo eso, el teniente de navío delincuente -A.D.R.- tenía ya antecedentes penales por un delito similar: “según el registro de penados del Ministerio de Justicia, el teniente de navío ya fue condenado en firme a seis meses de prisión como autor de un delito de violencia de género, lesiones y maltrato familiar cometido en 2003, lo que no afectó a su carrera militarvii.
En los hechos posteriores se producen toda clase de coacciones y vejaciones a la víctima, incluidas el intento de “comprar su silencio”. Lo que viene más tarde es el colmo de los horrores:
Dos altos mandos de la Armada intentan convencerla de que lo sucedido no salga a la luz para no manchar el nombre de la institución, y le advierten de que, si acude a un hospital, éste dará cuenta a la Guardia Civil.
La marinero, que se siente cada vez peor, es examinada el 6 de enero en un centro médico de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde se le diagnostica contractura cervical, tendinitis en el hombro y esguince de muñeca, así como un trastorno de ansiedad postraumático. Cuando fue agredida por su superior, estaba embarazada de varias semanas. Diez días después, sufre un aborto espontáneo.
La denuncia por agresión sexual es tramitada por el juzgado de violencia contra la mujer de Jerez de la Frontera (Cádiz) pero, tras una larga disputa jurídica, el caso ha acabado en manos de la jurisdicción militar, que instruye un delito de abuso de autoridad. El juez militar ha asumido la orden de alejamiento dictada por el juzgado civil contra el oficial.
No obstante, en estos hechos las manifestaciones de solidaridad de las compañeras y compañeros de la víctima han sido determinantes para vencer la obstinada resistencia de los mandos militares. En Alborán, pese a las coacciones, son la compañera de la violentada y sus compañeros varones los que protegen a la víctima, bloqueando la entrada a los servicios (el baño) de mujeres al agresor, y retirándole la pistola posteriormente al teniente de navío (capitán). Son ellos también los que no se dejan amedrentar: se resisten a aceptar la “ley del silencio” que trata de imponerles el agresor. Los efectos inmediatos son, no obstante, terribles:
Desde enero de 2014, Olga está de baja psicológica, por lo que su retribución mensual se ha reducido a unos 800 euros. Ha vuelto a casa de sus padres y ha pedido un préstamo bancario para pagar la minuta de su abogado. En el juicio, previsto tras el verano, su exjefe se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel.
El caso del tutor y el tiempo largo de la injusticia
Si en el caso de Alborán se pone de manifiesto la impunidad y el espíritu mafioso de las cúpulas endogámicas de la institución militar, al mismo tiempo que la fundamental solidaridad de los compañeros de la agraviada; en el del capitán Juan Miguel Camarón Aparicio -teniente cuando se produjeron los hechos- aparece en primer plano el “tiempo largo de la injusticia” y el machismo se manifiesta en toda su brutalidad y crudeza, al mismo tiempo que su total institucionalización se pone de manifiesto. Nada menos que un instructor, un tutor de mujeres-soldado, abusa sistemáticamente de sus alumnas. 28 de ellas se han atrevido a denunciarlo. Sus testimonios golpean con la verdad el platillo desequilibrado de la justicia y el pretendido “honor de la institución militar” vuela por los aires.
28 relatos no contradictorios de abuso sexual reiterado llevan a la Sala Militar del Supremo al capitán condenado a 17 años, tres meses y un día de prisión y al pago de 22.300 euros de multa, como responsable de otros tantos delitos. “Los hechos se produjeron entre el 27 de octubre y el 3 de diciembre de 2003, cuando estaba en comisión de servicio en la Academia de Logística de Calatayud (Zaragoza), como responsable de una unidad de instrucción de aspirantes a soldado”. Sin embargo tales hechos fueron calificados como delitos de "abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante a un inferior". El capitán cumplirá únicamente tres años de prisión y su condena no implicará la expulsión del Ejército.
Doce años después de los hechos, el Ministerio de Defensa, en una pirueta burlona, aseguró hace unos días que le abrirá un expediente disciplinario para “echarlo cuando reciba el fallo”:
“La sentencia, adelantada hace unos días por el diario Segre, explica que los hechos se produjeron entre el 27 de octubre y el 3 de diciembre de 2003, cuando estaba en comisión de servicio en la Academia de Logística de Calatayud (Zaragoza), como responsable de una unidad de instrucción de aspirantes a soldado”.
Tutor abusador
“Camarón tenía la función de tutor, concebida como un cauce para facilitar la integración de los reclutas en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, se prevalió de su jerarquía militar y del convencimiento que sus alumnas tenían de que la puntuación que les otorgara sería decisiva para su futuro en el Ejército, para cometer numerosos actos de abuso sexual, tanto en las entrevistas personales como en los ejercicios de instrucción.
Se creó "una situación de temor en las alumnas afectadas, al verse objeto de las arbitrarias apetencias libidinosas de su superior, que por medio de reiterados roces, insinuaciones y tocamientos directos, indirectos, subrepticios o fugaces o no tan fugaces, pero todos ellos de clara naturaleza sexual, por las zonas del cuerpo de las alumnas a las que iban dirigidos (pelvis, nalga, pecho) y que, dada su inexperiencia en el ámbito militar y su temor a posibles represalias, se veían compelidas a soportar, pese al asco, desagrado, y humillación que les producían".
Los entresijos del caso vuelven a indignar a los militares honrados. La primera sentencia del Tribunal Militar Territorial fue recurrida por el condenado y por los abogados de las víctimas. De manera poco sorprendente dado el carácter fuertemente corporativo de la justicia militar, el fiscal se adhirió al recurso del capitán.
La tensión llegó a tal extremo que la Sala Militar del Supremo tuvo que destacar que:
“El Supremo destaca, sin embargo, que no existía resentimiento o enemistad por parte de las víctimas y que todas se manifestaron "con rotundidad y verosimilitud", lo que da credibilidad a sus testimonios.
A pesar de ese reconocimiento forzado, el Supremo la ha mantenido la sentencia. El ascendido capitán no ha cumplido prisión preventiva ni fue arrestado por los hechos. Solo estuvo suspendido de funciones entre junio y diciembre de 2004.
La “solución” de Morenés
Desafortunadamente –y dada la envergadura del delito- no es muy conocido el historial delictivo del ministro de Defensa, Morenés, en el tráfico de bombas de racimo, armas prohibidas por convenciones internacionalesviii. Tampoco lo es la compensación económica multimillonaria que el gobierno de Rajoy se vio obligado a conceder, por vías indirectas, a la empresa que gestionaba el muy humanitario ministro cuando se vio obligado a prohibir la exportación de esas armas. Morenés, aristócrata a cuatro bandas, es uno de los ejemplos más escandalosos de “puerta giratoria”. En la galardonada wikipedia.org se puede ampliar la información sobre este interesante personaje.
El Protocolo que se ha sacado de la chistera el ministro de la Guerra y de las Multinacionales de Armamento, ha sido replicado por la comandante Zaida Cantero con absoluto conocimiento de causa. Deja tantas lagunas como para desbordar el Mar Caspio. La cúpula militar sigue manteniendo el control absoluto de los procedimientos administrativos o judiciales, incluso de la apertura de procedimientos de investigación, o de garantía y protección contra los delitos de violación o acoso.
No se olvida, sin embargo, de mantener la posibilidad de denuncias bajo la sombra del miedo cuando advierte:
"Una vez resuelto el expediente disciplinario o recaída resolución judicial, si resulta probado que la denuncia es falsa se podrán exigir al denunciante las correspondientes responsabilidades".ix
A mi juicio, la solución tiene que comenzar por medidas ejemplares que erradiquen la barbarie machista institucionalizada en las FFAA, anulen de raíz los abusos, garanticen la defensa, destierren el miedo, quiebren la estructura jerárquica endogámica y mafiosa, y permitan el ejercicio profesional de las mujeres en las Fuerzas Armadas.
Como réplica urgente al ministro Morenés, propongo las siguientes medidas inmediatas de confianza:
-Cese del ministro de Defensa y de los mandos implicados en los hechos, que hayan sido cómplices de los mismos y que hayan participado en las amenazas y coacciones a las víctimas, así como en la falta de protección o en el acoso laboral de las mismas.
-Expulsión inmediata de las FF.AA de todos aquellos militares indignos que hayan participado en delitos de violación, intento de violación, o acoso sexual de las mujeres, tanto en el interior de las FFAA como en las operaciones exteriores.
-Reintegración en las Fuerzas Armadas, con plenos honores y garantías, de la Comandante Zaida Cantero, en reconocimiento de su valor, de su dignidad, y de su resistencia a la injusticia contra ella y contra las demás mujeres que sirven al pueblo en los Ejércitos y en las fuerzas de seguridad del estado.
-Reintegración de todas las demás mujeres milicianas que como la mencionada han sido víctimas de abusos sexuales de todo tipo, también con todos los honores, ascensos, reparaciones y compensaciones que les sean debidas.
-En reconocimiento de sus méritos la comandante Zaida Cantero asesorará a los nuevos mandos militares sobre la composición y funciones de las Unidades de Protección frente al Acoso (UPA).
Me temo que si no se implantan medidas como las indicadas continuará la rebelión de las amazonas y algunas revueltas más, dentro y fuera de los cuarteles.
Notas:
ii El cuarto poder del estado es el conjunto de los medios de comunicación privados o falsamente públicos: Falsimedia. El quinto, al que me refiero ahora, son las FF.AA. Lo explica, mucho mejor que yo, la comandante Zaida Cantero.
iii file:///C:/Users/Antonio/Music/Documents/Escribidores%20A/Nico/Violaciones%20FFAA/Zaida%20Cantera_%20_El%20protocolo%20de%20Moren%C3%A9s%20contra%20el%20acoso%20sexual%20desprecia%20a%20la%20v%C3%ADctima_%20_%20Diario%20P%C3%BAblico.html Continúo llamando Comandante a Zaida Cantero porque cualquier revisión de su proceso conllevará necesariamente, además del procesamiento de todos los mandos responsables directa o indirectamente de los abusos cometidos contra ella, a saber: intento de violación, acoso laboral y negación de protección y auxilio, la recuperación con honores de su condición militar y la reparación de los daños causados.
iv Todos los militares que hemos sido educados en las academias militares y en las Fuerzas Armadas de Franco (y los que lo han hecho en las del posfranquismo), hemos tenido que desarraigar (arrancar de raíz) todos los elementos ideológicos que eran grabados a fuego en aquella época infame. Entre ellos ocupa un lugar capital el machismo. No en vano la problemática de la explotación de género es, hoy en día, junto con la lucha de liberación de las naciones, uno de los factores presentes en las luchas sociales y, en concreto, en la lucha de clases tanto a nivel estatal como internacional. Para una cabal comprensión de todo eso recomiendo la lectura de la primera de las tesis contenidas en el pequeño libro: “Dos tesis marxistas” del filósofo y analista político Iñaki Gil de San Vicente. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=128624
v Los datos referidos a las Fuerzas Armadas de los países que la España provincia del Imperio está utilizando son tremendas, también lo es la práctica del ocultamiento.EE.UU file:///C:/Users/Antonio/Music/Documents/Escribidores%20A/Nico/Violaciones%20FFAA/Cultura%20militar%20mis%C3%B3gina%20silencia%20violaciones%20-%20Taringa!.html
Alemania
vi Los elementos jurídicos de este caso primordial han sido publicados en esta misma sección de Rebelión en los Cuarteles por el Capitán de navío Manuel Pardo de Donlebún Montesino: “El lamentable caso de la Capitán Zaida Cantera y la Justicia Militar que se nos viene”. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=188303
vii “violencia de género, lesiones y maltrato familiar cometido en 2003, lo que no afectó a su carrera militar”. El dato es, cuando menos, escandaloso. Las Fuerzas Armadas españolas admiten –“sin que les afecte a su carrera militar” (como a los sacerdotes y obispos pedófilos su “carrera clerical y pastoral”)- a individuos con estas características.
viii https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Moren%C3%A9s “En 2008 el Gobierno anunció la destrucción de todas las bombas de racimo en el país. 9 10 En 2010 España ratificó la Convención de Dublín contra las bombas de racimo, por lo cual son declaradas ilegales. La Convención entró en vigor en agosto de 2010. 11 Tras este hecho, la empresa Instalaza, fabricante española de bombas de racimo y de cuyo Consejo de Administración formaba parte Pedro Morenés, interpuso, en julio de 2009, una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado, en reclamación de una indemnización de 40 millones de euros por los daños causados por la moratoria unilateral respecto de las municiones de racimo. La reclamación fue desestimada por medio de Orden de 5 de septiembre de 2011 del Ministro de la Presidencia. Contra esta resolución, Instalaza interpuso recurso contencioso-administrativo. En Sentencia de 28 de octubre de 2013, la Sección 7.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (recurso nº 460/2011) dictó sentencia desestimando la reclamación. 12 La sentencia recoge también el argumento del Abogado del Estado que apunta a que se ha llevado a cabo una compensación de daño por una vía extraprocesal, al indicar que « desde el Ministerio de Defensa se han seguido impulsando contratos de suministro de municiones convencionales y de desmantelamiento de municiones de racimo con INSTALAZA, que le ha supuesto una facturación no prevista ». Parece así que se habría dado cierto trato de favor a Instalaza en las adquisiciones de armamento por parte del Ministerio de Defensa, de lo que podría ser ejemplo la venta en enero de 2014 del lanzagranadas Alcotán”.

Antonio Maira. Capitán de Fragata de la Armada y miembro del Colectivo Anemoi. 

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