viernes, 17 de octubre de 2014

El Fiscal pide 18 años de cárcel para lxs compañerxs en un juicio de nuevo suspendido...

 "...Este sistema podrido, es incapaz de garantizar no sólo los derechos humanos elementales de las personas, tampoco las libertades democráticas básicas..."
"...Nos encontramos, cada día, en muchas ciudades, con la misma historia. Abusos policiales que terminan en procesamientos de las víctimas de esos abusos. Algunos dirán: "Algo falla en el sistema legal". No. No falla nada. Funciona perfectamente. Se trata de desalojar a las familias de sus casas desahuciadas, se trata de perseguir y criminalizar a activistas sociales, se trata de reprimir al movimiento sindical..."

Como ocurrió el 12 de junio de este año, el juicio contra 13 piquetes (del SAT, UGT y estudiantes), que informaban los motivos de la huelga general en la Universidad de Sevilla el 29 de septiembre de 2010, se ha suspendido de nuevo. Tras la declaración de los acusados la jueza dió cuenta de la incomparecencia de dos testigos policiales y levantó la sesión hasta el viernes 24 de octubre. El pasado 12 de junio la falta de citación de otro testigo fue el motivo de la suspensión del mismo.
Todos los acusados han negado los hechos que se les imputan por los que el Ministerio Fiscal pide nada menos que 18 años
de cárcel en conjunto. Los hechos que se juzgan transcurrieron el 29 de septiembre de 2010 en la Universidad de Sevilla. Durante la mañana de ese día diferentes piquetes de todas las centrales sindicales apoyados por estudiantes estuvieron informando a los pocos profesores y estudiantes (4 ó 5, a lo sumo) que aparecieron por la Universidad. El éxito de la huelga general en la Universidad de Sevilla fue completo, total. Por eso la versión del Ministerio Fiscal es a todas luces ilógica. ¿Qué sentido tiene "impedir la entrada" a esas cuatro o cinco personas cuando toda la Comunidad Universitaria compuesta por varios miles de profesores y decenas de miles de estudiantes
sostuvieron la huelga? ¿Qué sentido tiene "vejar e insultar" a esos supuestos esquiroles? La versión del Ministerio Fiscal no tiene consistencia alguna, más allá de la versión policial de los hechos. Una versión que viene a tapar y desviar la atención de la verdadera cuestión: la actuación policial, que en opinión de observadores legales del Grupo 17 de Marzo (Sociedad de juristas que realizan una encomiable labor en defensa de los derechos humanos y democráticos en la ciudad de Sevilla) vulneró derechos fundamentales.
Efectivamente, como recoge el Informe emitido por el Grupo 17 de Marzo, contenido en su Memoria Anual, la actuación policial orquestada por el Grupo Hercúles de la Policía Nacional fue absolutamente irregular. No llevaban los números de placas visibles, practicaron una detención desproporcionada, usaron la fuerza de manera injustificada, penetraron en el recinto de la Universidad sin permiso de las autoridades universitarias y en general mantuvieron una actitud agresiva con el objeto de impedir el derecho constitucional que asiste a los piquetes de informar al conjunto de la sociedad, y en particular, a los trabajadores, de los motivos de la huelga. Hasta la aparición de estos agentes policiales, la jornada de huelga se desarrolló con total normalidad. Cuando aparecieron, provocaron los incidentes al disolver injustificadamente el piquete informativo.
Ante este desaguisado, la policía en vez de corregir su errónea actuación, huye hacia adelante imputando a sindicalistas que fueron identificados a posteriori para cargarles el muerto de los incidentes registrados. Así, un mes después de estos hechos, el abogado Luis de los Santos, que fue observador legal de la huelga y que asistió al detenido en la Universidad, fue asimismo detenido en su despacho profesional. También fueron detenidas otras dos personas. Ante un fallo policial que evidencia, una vez más, los déficits antidemocráticos existentes en las fuerzas de seguridad del Estado, se desvía la atención y se criminaliza al sindicalismo de clase.
Nos encontramos, cada día, en muchas ciudades, con la misma historia. Abusos policiales que terminan en procesamientos de las víctimas de esos abusos. Algunos dirán: "Algo falla en el sistema legal". No. No falla nada. Funciona perfectamente. Se trata de desalojar a las familias de sus casas desahuciadas, se trata de perseguir y criminalizar a activistas sociales, se trata de reprimir al movimiento sindical, todo con la aureola de una apariencia democrática, que oculta una vez más que este sistema podrido, el capitalismo, es incapaz de garantizar no sólo los derechos humanos elementales de las personas sino tampoco las libertades democráticas básicas
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La Fiscalía pide penas de hasta dos años y medio de cárcel por su actuación a las puertas de la Universidad de Sevilla.

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