"...Este
sistema podrido, es incapaz de garantizar no sólo los derechos humanos
elementales de las personas, tampoco las libertades democráticas
básicas..."
"...Nos encontramos, cada día, en muchas ciudades, con la misma
historia. Abusos policiales que terminan en procesamientos de las
víctimas de esos abusos. Algunos dirán: "Algo falla en el
sistema legal". No. No falla nada. Funciona perfectamente. Se
trata de desalojar a las familias de sus casas desahuciadas, se trata
de perseguir y criminalizar a activistas sociales, se trata de
reprimir al movimiento sindical..."
Como ocurrió el 12 de junio de este año, el juicio contra 13
piquetes (del SAT, UGT y estudiantes), que informaban los motivos de
la huelga general en la Universidad de Sevilla el 29 de septiembre de
2010, se ha suspendido de nuevo. Tras la declaración de los acusados
la jueza dió cuenta de la incomparecencia de dos testigos policiales
y levantó la sesión hasta el viernes 24 de octubre. El pasado 12 de
junio la falta de citación de otro testigo fue el motivo de la
suspensión del mismo.
Todos los acusados han negado los hechos que se les imputan por
los que el Ministerio Fiscal pide nada menos que 18 años
de cárcel
en conjunto. Los hechos que se juzgan transcurrieron el 29 de
septiembre de 2010 en la Universidad de Sevilla. Durante la mañana
de ese día diferentes piquetes de todas las centrales sindicales
apoyados por estudiantes estuvieron informando a los pocos profesores
y estudiantes (4 ó 5, a lo sumo) que aparecieron por la Universidad.
El éxito de la huelga general en la Universidad de Sevilla fue
completo, total. Por eso la versión del Ministerio Fiscal es a todas
luces ilógica. ¿Qué sentido tiene "impedir la entrada" a
esas cuatro o cinco personas cuando toda la Comunidad Universitaria
compuesta por varios miles de profesores y decenas de miles de
estudiantes
sostuvieron la huelga? ¿Qué sentido tiene "vejar e
insultar" a esos supuestos esquiroles? La versión del
Ministerio Fiscal no tiene consistencia alguna, más allá de la
versión policial de los hechos. Una versión que viene a tapar y
desviar la atención de la verdadera cuestión: la actuación
policial, que en opinión de observadores legales del Grupo 17 de
Marzo (Sociedad de juristas que realizan una encomiable labor en
defensa de los derechos humanos y democráticos en la ciudad de
Sevilla) vulneró derechos fundamentales.
Efectivamente, como recoge el Informe emitido por el Grupo 17 de
Marzo, contenido en su Memoria Anual, la actuación policial
orquestada por el Grupo Hercúles de la Policía Nacional fue
absolutamente irregular. No llevaban los números de placas visibles,
practicaron una detención desproporcionada, usaron la fuerza de
manera injustificada, penetraron en el recinto de la Universidad sin
permiso de las autoridades universitarias y en general mantuvieron
una actitud agresiva con el objeto de impedir el derecho
constitucional que asiste a los piquetes de informar al conjunto de
la sociedad, y en particular, a los trabajadores, de los motivos de
la huelga. Hasta la aparición de estos agentes policiales, la
jornada de huelga se desarrolló con total normalidad. Cuando
aparecieron, provocaron los incidentes al disolver injustificadamente
el piquete informativo.
Ante este desaguisado, la policía en vez de corregir su errónea
actuación, huye hacia adelante imputando a sindicalistas que fueron
identificados a posteriori para cargarles el muerto de los incidentes
registrados. Así, un mes después de estos hechos, el abogado Luis
de los Santos, que fue observador legal de la huelga y que asistió
al detenido en la Universidad, fue asimismo detenido en su despacho
profesional. También fueron detenidas otras dos personas. Ante un
fallo policial que evidencia, una vez más, los déficits
antidemocráticos existentes en las fuerzas de seguridad del Estado,
se desvía la atención y se criminaliza al sindicalismo de clase.
Nos encontramos, cada día, en muchas ciudades, con la misma
historia. Abusos policiales que terminan en procesamientos de las
víctimas de esos abusos. Algunos dirán: "Algo falla en el
sistema legal". No. No falla nada. Funciona perfectamente. Se
trata de desalojar a las familias de sus casas desahuciadas, se trata
de perseguir y criminalizar a activistas sociales, se trata de
reprimir al movimiento sindical, todo con la aureola de una
apariencia democrática, que oculta una vez más que este sistema
podrido, el capitalismo, es incapaz de garantizar no sólo los
derechos humanos elementales de las personas sino tampoco las
libertades democráticas básicas
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