El consejero Alonso cambió el decreto de golf andaluz en beneficio del hijo de Chaves. ¡ Es el capitalismo srs, !
¡...tanto golf..., Jugar al teto es mucho mejor!
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Luciano Alonso, consejero de Educación, Cultura y Deporte
de la Junta de Andalucía, jugó un papel decisivo en su etapa de
consejero de Turismo (2008-2012) en el cambio de la normativa andaluza
de golf para
beneficiar el proyecto de la promotora Bogaris Residential
7, S.L. denominado El Següesal Golf Resort. En este macrocomplejo
turístico-inmobiliario, que ocupaba 14 hectáreas de parque
natural,
participaba como asesor el comisionista Iván Chaves, hijo del
expresidente de la Junta de Andalucía.
Alonso firmó el 26 de julio de 2011, como figura en el BOJA (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía) del 4 de agosto de 2011, la
declaración de interés turístico del proyecto de campo de golf El
Següesal Golf Resort, con 312 hectáreas ampliables a 467, 450 viviendas y
956 apartamentos turísticos, dos hoteles de cuatro estrellas, centro
hípico, otro de salud y belleza. Este proyecto urbanístico –paralizado
ahora por la crisis– se debía convertir en el mayor de Andalucía y
triplicaría la superficie conjunta de todos los núcleos urbanos de este
municipio.
Ni el entonces consejero de Turismo ni la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta contestaron a las más de 101 alegaciones
presentadas por Ecologistas en Acción. Esta organización denunció que la
autorización ambiental a la macrourbanización suponía una “vulneración”
de la legislación vigente quepodría “anular la Declaración de Interés
Turístico del campo de golf recientemente aprobada”, como explicaron en
agosto de 2011. “El negocio es la recalificación, son puras operaciones
especulativas”, indicó Lola Illescas, portavoz en la provincia de Cádiz.
El campo de golf, “una falacia”, según Ecologistas de Acción, fue la excusa para que la Junta aprobara el proyecto. El resort incumplía
normas autonómicas de Urbanismo como el POTA y Agenda 21 de Andalucía.
Incluía una oferta hotelera mínima, sólo el 10% de la edificabilidad
total, “demostrándose que el verdadero interés es el residencial, unido
al especulativo ya que la empresa promotora dispondrá de una enorme
extensión de suelo urbanizable adquirido a precio de rústico”, denunció
la organización.
Juan Clavero, responsable de asuntos urbanísticos de Ecologistas en
Acción en Andalucía, califica como “lamentable” que el consejero
cambiara la norma para “beneficiar a una empresa concreta con nombre y
apellidos” en conversación
telefónica con El Confidencial. El
PGOU de la localidad recoge un artículo que indica que, cuando se
apruebe la normativa urbanística local, se incluiría el proyecto del
hijo de Chaves. El Gobierno andaluz veía el plan de Bogaris como el
mejor instrumento para evitar la bancarrota de Barbate: adeudaba 30
millones de euros a la Seguridad Social.
Un proyecto con “déficit” de legalidad
“Creo que lo que ha motivado la aprobación de este campo de golf
soninfluencias políticas, con una clara discriminación hacia otros”,
remarcóRamón Dávila, presidente de Promotur (Asociación de Promotores de
Turismo Residencial y Deportivo de Andalucía), a El Mundo en
octubre de 2011. “En Bogaris no se ha cumplido" el trámite de
información. En su opinión, existió “un claro déficit de legalidad" en
todo el proceso. “Ha salido más rápido que nadie, saltándose trámites y
con una evaluación ambiental a la que los expertos le darían un
suspenso seguro", señaló Dávila.
El campo de golf, “una falacia”, según Ecologistas de Acción, fue la excusa para que la Junta aprobara el proyecto. El resort incumplía
normas autonómicas de Urbanismo como el POTA y Agenda 21 de Andalucía.
Incluía una oferta hotelera mínima, sólo el 10% de la edificabilidad
total, “demostrándose que el verdadero interés es el residencial, unido
al especulativo ya que la empresa promotora dispondrá de una enorme
extensión de suelo urbanizable adquirido a precio de rústico”, denunció
la organización.
Juan Clavero, responsable de asuntos urbanísticos de Ecologistas en
Acción en Andalucía, califica como “lamentable” que el consejero
cambiara la norma para “beneficiar a una empresa concreta con nombre y
apellidos” en conversación telefónica con El Confidencial. El
PGOU de la localidad recoge un artículo que indica que, cuando se
apruebe la normativa urbanística local, se incluiría el proyecto del
hijo de Chaves. El Gobierno andaluz veía el plan de Bogaris como el
mejor instrumento para evitar la bancarrota de Barbate: adeudaba 30
millones de euros a la Seguridad Social.
Un proyecto con “déficit” de legalidad
“Creo que lo que ha motivado la aprobación de este campo de golf
son influencias políticas, con una clara discriminación hacia otros”,
remarcó Ramón Dávila, presidente de Promotur (Asociación de Promotores
de Turismo Residencial y Deportivo de Andalucía), a El Mundo en
octubre de 2011. “En Bogaris no se ha cumplido" el trámite de
información. En su opinión, existió “un claro déficit de legalidad" en
todo el proceso. “Ha salido más rápido que nadie, saltándose trámites y
con una evaluación ambiental a la que los expertos le darían un
suspenso seguro", señaló Dávila.
Este abogado alertó de la “descoordinación absoluta" entre las áreas
de Turismo y Deporte dentro de la propia Consejería que pilotaba Luciano
Alonso, el consejero que colocó a su secretaria en un parque de
animales donde trabajaba su primo, y la regó con subvenciones de la
Junta, como adelantó este diario. “Hay inseguridad jurídica total que
desanima a mucha gente”, aseguró. También lamentó el "excesivo peso de
la burocracia y gran documentación requerida". Tres años después, Dávila
se reafirma en sus declaraciones, aunque aclara a El Confidencial que
su opinión se correspondía a una exposición que realizó “más como
experto en golf y medioambiente que como presidente de Promotur”. “Me
ocupé de una ponencia genérica que analizaba el contenido inicial del
Decreto de 2008[firmado por Chaves y Gaspar Zarrías] y sus posteriores
revisiones”, precisa a este diario.
Cómo adaptar el “interés general a la iniciativa particular”
Luciano Alonso, que había modificado el Decreto 43/2008 de 12 de
febrero regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de
los campos de golf en Andalucía en el Decreto 309/2010, de 15 de junio,
también respaldó otro macroproyecto de urbanización y golf en Andalucía
relacionado con Iván Chaves. El Ayuntamiento de Jaén (entonces del PP)
aprobó inicialmente en 2006 la recalificación de 87 hectáreas de suelo
rústico de la finca Chillón para hacer el complejo deportivo-turístico,
según El País. El consejero andaluz declaró que el proyecto
jienense estaba entre “los mejores” y que servía para un “reequilibrio
territorial” de la oferta de golf en toda Andalucía.
Como publicó El Confidencial el 7 de abril de 2011, el
promotor que contrató a los comisionistas (Chaves y su socio Javier
Olaegui) tenía adjudicada en exclusiva la gestión inmobiliaria de la
finca de Jaén denominada “Chillón”. Se trata de 1,3 millones de metros
cuadrados donde estaba previsto construir un campo de golf, viviendas,
hoteles y comercios. El promotor negó las gestiones con el hijo de
Chaves. Ecologistas en Acción también denunció que esta operación
urbanística, aún en el aire, suponía “un claro desprecio al interés
general de los ciudadanos al adaptarse el interés general a la
iniciativa particular”.
Cuando Alonso pasó de Turismo a consejero de Cultura, consiguió
convencer a José Antonio Griñán (y luego también a Susana Díaz) de
contar con las competencias de Deporte, hasta ese momento en Turismo. El
golf, por este motivo, continúa en su departamento. Su último logro ha
sido poner la primera piedra de la Escuela Pública de Golf de El Toyo
(Almería), de 18 hoyos. El proyecto cuesta 1,7 millones de euros. ¿Dónde
se ubicará este centro? Frente a otro campo de golf, este de
titularidad municipal, situado apenas a 200 metros del que impulsa la
Junta… Una vez más, el jefe de prensa de Alonso no quiso atender las
llamadas telefónicas de este diario.
isurgente
Un promotor contrató a Iván Chaves para conseguir licencias urbanísticas ante la Junta
Chaves promocionó a una empresa que pagó 28.000 euros a su hijo por presentar un informe
El hijo de Chaves intermedió para empresas ante la Junta siendo su padre presidente.
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