Ayer
sábado se celebró la I Jornada autonómica sobre servicios sociales
convocada en la Escuela de Empresas de Antequera por la Plataforma
pública de Alcalá del Valle, en colaboración con la coordinadora
de las Marchas de la Dignidad 22M, el Colegio profesional de
Educadores Sociales de Andalucía, el Consejo andaluz de Colegios
Profesionales de Trabajo Social y la Marea Naranja.
Tres
ponencias introdujeron a l@s asistentes en la dura problemática que
plantea la nueva Ley de Servicios Sociales, que sustituirá a la
antigua de 1988 e ignora a la Ley de Dependencia de 1996, a la que ni
siquiera nombra, permitiendo con ello el grave riesgo de no darle
valor. Una ley que hasta hace dos días
se encontraba en su periodo
de alegaciones, abierto con “agostidad”, para evitar que los
colectivos implicados se organizasen frente a ella. Sin embargo,
además de por los colectivos directamente implicados, ha sido
recurrida por más de 4000 municipios, ya que se ponen en grave
peligro los servicios sociales municipales. Y es que esta nueva ley,
de claro afán privatizador e ideología neoliberal, da un inmenso
paso atrás, devolviendo a los servicios sociales a la época de la
beneficencia y eliminándolos directamente en aquellos municipios de
menos de 20.000 habitantes.
Los
colectivos profesionales se quejaron de la situación actual que se
vive en Andalucía, una comunidad grande y diversa, que está
provocando que se produzcan agravios entre municipios y subjetividad
en las prestaciones, al no existir una ley de mínimos coherente y
eficaz. Pero esta que ahora nace no solo no solucionará estos
problemas sino que viene a empeorarlo todo. Por ello, frente al
anteproyecto, defendieron como elementos clave:
1º.-
La necesidad de un sistema de protección público como derecho
irrenunciable que garantice la asistencia y prestaciones de los
servicios sociales, del mismo modo que la educación o sanidad. Debe
garantizar el mayor número de derechos y prestaciones, y, por
supuesto, todos los de la ley de Dependencia.
2º.-
El anteproyecto patina y habla demasiado de “asistencia”, en
lugar de intervención o ayuda en el proceso de acompañamiento y
crecimiento personal de las personas.
3º.-
Debe estar llevado a cabo por un cuerpo profesional, de carácter
público, que garantice la independencia, equidad y privacidad de
esos servicios. Además ha de ser interdisciplinar para que sea
completa. Hay determinadas prestaciones que es impensable que puedan
privatizarse como la tutela de menores.
4º.-
Municipalidad y territorialidad, para estar cerca de la ciudadanía,
pilar clave. Muchos municipios han crecido al amparo de los servicios
sociales a lo largo de los últimos 30 años en los que se ha puesto
en marcha el sistema público de servicios sociales. Por no decir de
la importancia que tiene en cuanto al empleo de mujeres, crucial en
los pueblos más pequeños.
Tras
el debate en grupos de trabajo se realizaron una serie de propuestas
entre las que se eligieron tres de partida:
- En primer lugar, crear conciencia a la ciudadanía, profesionales y alcaldes sobre la situación de los servicios sociales y cómo les afectará la nueva ley.
- Realizar una Asamblea andaluza con todos los sectores, mareas, etc ya que la problemática es común a tod@s ell@s.
- Participar en la Marcha de la Dignidad Andaluza.
El
acto se cerró con la intervención y el agradecimiento de las
ponentes y de algunos colectivos que habían acudido en apoyo, como
el 22M, por el que habló Pepe Caballero, responsable de
organización nacional del SAT, que recalcó que los servicios
sociales nos afectan a tod@s y no se pueden mendigar, sino que son un
derecho por el que debemos pelear. Invitó a l@s asistentes a
participar en las movilizaciones que se realizarán en los próximos
meses con el 22M. Intervinieron también
representantes del SAT y
Marea Verde que insistieron en la necesidad de expresar en las
campañas de concienciación las verdaderas razones de esta crisis,
que no son otras sino el pago de la deuda; la necesidad de
coordinación y unidad de los movimientos sociales, siendo el marco
más adecuado el del 22M; y respecto a la problemática más concreta
de los servicios sociales insistir en el concepto de “inversión
social” frente al de “gasto social”, tal y como se hace en
Venezuela, ya que es un derecho irrenunciable y una inversión de
futuro. Por último, recalcar que en los últimos años se han
desmunicipalizado y privatizado gran parte de la asistencia de los
servicios sociales, precarizando el empleo en unas condiciones
inmorales.
Felicitamos
y agradecemos a l@s compañer@s de la Plataforma Pública y del SAT
de Alcalá del Valle el esfuerzo realizado para la realización de
esta Jornada, convirtiéndose en la voz de l@s más desfavorecid@s.
En la actualidad hablar de dependencia y servicios sociales queda incompleto si no se incorpora una mención a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, llamada pomposamente, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local".
ResponderEliminarEn mi blog trato de temas de atención a personas mayores y recientemente he escrito una entrada sobre esa Ley. Como también gestiono un portal de internet que trata sobre residencias geriátricas en España, me he centrado en el futuro de las residencias y los servicios de ayuda a domicilio para dependientes (ya sean discapacitados, mayores o de otros colectivos) de titularidad municipal. Por si os interesa, aquí tenéis el enlace http://josepdemarti.blogspot.com.es/2014/10/el-futuro-de-las-residencias-y-sad.html