Comunicado nº 10
El reciente ingreso en establecimiento disciplinario militar del Teniente Luis Gonzalo Segura y su consiguiente huelga de hambre, ponen en evidencia lo que ya resulta un secreto a voces: existe un intolerable nivel de corrupción en nuestras Fuerzas Armadas que, como en todas las instituciones y estructuras de nuestro país, las autoridades no están dispuestas a corregir.
El reciente ingreso en establecimiento disciplinario militar del Teniente Luis Gonzalo Segura y su consiguiente huelga de hambre, ponen en evidencia lo que ya resulta un secreto a voces: existe un intolerable nivel de corrupción en nuestras Fuerzas Armadas que, como en todas las instituciones y estructuras de nuestro país, las autoridades no están dispuestas a corregir.
Las denuncias del Teniente Segura nada tienen
que ver con la disciplina: en ningún momento él se ha negado a obedecer
las órdenes recibidas ni ha puesto en riesgo el éxito de operaciones o
maniobras de la fuerza. Sin embargo, es la vía disciplinaria la empleada
por el mando para reprimir sus críticas. Una vez más, como se denunció
hasta la saciedad con ocasión del encarcelamiento del Subteniente Bravo,
Presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), se
utiliza el Régimen Disciplinario, simplemente, para eliminar la
disidencia y la crítica.
El Régimen Disciplinario militar viola
flagrantemente el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sitúa a los
militares españoles como ciudadanos de segunda, al limitar indebidamente
su derecho a la libertad de expresión. Libertad de expresión que, como
es razonable, puede y debe estar limitada (no solo para los militares)
para evitar males mayores, como puede ser el éxito de las operaciones
militares, la seguridad colectiva o el derecho a la intimidad de
terceros. Sin embargo, nada de esto estaba en juego por las denuncias,
en su libro en calve de ficción, del Teniente Segura.
A pesar de
ello, ha sido condenado, en un proceso sin garantías, por hacer
declaraciones en los medios de comunicación. El actual Régimen
Disciplinario (y también al nuevo, en trámite parlamentario) sanciona
como falta de disciplina, susceptible de ser castigada con privación de
libertad, a las meras manifestaciones a medios de comunicación, sin
entrar en el detalle del contenido de tales declaraciones. Esto concede a
la jerarquía militar el abusivo poder de controlar cuanto cuestione su
forma de proceder.
La jerarquía militar reproduce así los esquemas
de valores del ejército franquista y de sus predecesores monárquicos de
la restauración. Desean unas fuerzas armadas monolíticas y acríticas,
instrumento más manejable en su papel de sostén, en apariencia
transparente y neutral, del régimen jurídico-político del Estado.
Este
estatuto especial ha sido consentido por los partidos políticos que se
han sucedido en los gobiernos del régimen bipartidista del 78. Unos, por
considerarlas como propias y aliadas naturales en el sostenimiento de
sus métodos de explotación; otros, por falta de coraje y determinación
para enfrentarse con la jerarquía militar, siempre próxima a los
intereses de la clase dominante.
Los mandos militares, consentidos
por los políticos corruptos, ponen así en evidencia que lo que
realmente les importa no es la soberanía, independencia y unidad de la
patria, sino el sostenimiento de un régimen que condena a la mayoría al
sufrimiento, al tiempo que multiplica los beneficios para unos pocos. No
quieren oír hablar de corruptelas en el seno de las FAS, de la misma
manera que los políticos corruptos niegan, contra toda evidencia, que
hayan cercenado cualquier posibilidad de regeneración dentro de este
sistema. Y de camino, los mandos militares se benefician del más cerrado
oscurantismo para mantener sus prebendas y su estatus incontestados.
Las
FAS son mucho más que sus mandos. Están compuestas de miles de hombres y
mujeres que se esfuerzan día a día por hacer bien su trabajo, a menudo
arriesgando su vida. E igual que en el resto de la sociedad, las
desigualdades de clase conllevan muy distintos niveles de sufrimiento,
generalmente asociados al origen de cada uno y escasamente modulados por
el mérito o el esfuerzo personal.
Es por tanto legítimo y hasta
moralmente obligado, desvelar los abusos de los poderosos en su seno,
contra la cerrazón impuesta por este sistema. Permitamos que todos los
vientos del pueblo irrumpan violentamente en los cuarteles para una
ineludible tarea higiénica de regeneración y de vocación de servicio
auténtico a los españoles que sufren.
Y nuestra solidaridad con el
valeroso teniente Segura, que arriesga su libertad y aún su integridad
física por respeto a sus convicciones personales, en la denuncia de un
sistema podrido.
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