por Kaos. Derechos Humanos Ariel Dulitzky reclamó al Gobierno más compromiso con las víctimas
de la Guerra Civil y el Franquismo. En su informe preliminar, el relato
de la ONU pidió también más justicia universal, lo que no esperaba era
la respuesta del Gobierno: "Ahora es prácticamente nula".
Agencias
En entrevista con Efe, el presidente-relator del Grupo de Trabajo de
la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias se sorprende cuando
habla de lo que ha pasado con la justicia universal en España ya que
fue "un país pionero en aplicar este principio".
Al término de su visita de trabajo a España el pasado septiembre, el
Grupo de Trabajo de la ONU pidió al Gobierno que regresara a la
aplicación de este principio. "En cambio, unos meses después la
jurisdicción universal en España es prácticamente nula", señala
Dulitzky, que esta semana ha participado en Madrid en el "I Congreso de
Jurisdicción Universal en el Siglo XXI".
"Pedimos que no se produjeran nuevas modificaciones legislativas que
restringieran aun más la justicia universal", explica al recordar la
reforma de 2009 impulsada por el anterior ejecutivo socialista. "Pero no
ha sido así", dice.
Dulitzky se resiste a especular sobre los motivos del Gobierno para
impulsar la reforma pero sí sobre sus resultados. "La reforma no ha
frenado a los jueces y las instrucciones sigue adelante", explica, lo
que demuestra que las instituciones del Estado "están respondiendo de
forma diferente" sobre este asunto.
El relator no comparte "en absoluto" los argumentos del Ejecutivo a
la hora de justificar la reforma. "La justicia universal sí produce
resultados muy positivos y los tribunales españoles han sido testigos de
ello", asegura.
Y las enumera. Permite a las víctimas que no tienen otro sistema
judicial donde acudir un ámbito donde los jueces las escuchen, es decir,
"son tratados como seres humanos con derechos", comenta. También se han
producido condenas y detenciones como la del dictador chileno Augusto
Pinochet, recuerda.
Continúa, pero ahora alabando el rol de los tribunales españoles.
"Hay evidencias que se produjeron aquí que hoy están siendo utilizadas
en tribunales de otros países", asevera Dulitzky. Y además, agrega, la
apertura misma de casos de justicia universal en España "ha facilitado
que los procesos se reactiven en los países donde se cometieron".
En su opinión, "hay una correlación muy directa entre la justicia
universal ejercida en España y el desarrollo que se vio en Chile,
Argentina y Guatemala".
Pese a todo, pronostica que el debate y la polémica sobre la justicia
universal no ha hecho más que comenzar. "Tendremos muchas idas y
vueltas, hay que esperar".
En cambio, el tiempo apremia cuando reflexiona sobre los más de
114.000 desaparecidos y 30.960 niños secuestrados o robados en la Guerra
Civil y el Franquismo, el tema sobre el que pivota la investigación que
dirige en Naciones Unidas.
Un número "extremadamente alto", asegura, si bien recuerda que son
cifras del Juzgado de Instrucción Penal número 5 de la Audiencia
Nacional. "No es un dato definitivo porque nunca ha existido una
investigación oficial del Estado ni un registro oficial", lamenta.
A la espera de su informe final, que será presentado el próximo
septiembre en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el
experto fija su atención en el Tribunal Constitucional, al pedir que se
pronuncie sobre la prescripción de los crímenes y la Ley de Amnistía:
"No puede estar al margen".
Explica que una doctrina constitucional sobre estos asuntos ofrecería
la oportunidad de modificar la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
"Habría que permitir al Constitucional que se pueda pronunciar sobre
la prescripción, la aplicación de la ley de amnistía y la comisión de
verdad de las víctimas", propone el jurista argentino.
Con todo, Dulitzky defiende que los crímenes cometidos en la Guerra
Civil y el Franquismo constituyen crímenes internacionales que ya
existían con esa tipificación cuando se cometieron. "Por lo tanto son
imprescriptibles", añade.
Pero en su objeto de análisis, es aun más rotundo. "Con las
desapariciones forzadas el crimen es continuado hasta que no se
establece el paradero de la persona". Por ello, explica, "lo que está
haciendo España es claramente contrario a sus obligaciones
internacionales".
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