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Interior presiona con Asuntos Internos a los policías que investigan al PP
- Los agentes han sido interrogados en secreto por la publicación hace un año del informe sobre los regalos de Gürtel a la familia de Ana Mato
- La citación se produce cuando aún está pendiente el informe sobre los pagos de las obras de Génova, clave para acreditar la caja B del partido
- La unidad de Asuntos Internos responde en exclusiva ante Eugenio Pino, el comisario elegido por el PP para la dirección operativa del Cuerpo
- El juez Pablo Ruz no fue informado de los interrogatorios a los policías, a pesar de dirigir la investigación del caso Gürtel
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía, que depende
directamente de la dirección del Cuerpo, tiene entre sus objetivos a
los agentes que investigan la financiación irregular del Partido
Popular. El pasado febrero, una decena de policías fueron llamados a
declarar en secreto por la aparición en los medios de comunicación de
informaciones relativas al caso Gürtel, según ha podido saber
eldiario.es.
La mayoría de los policías interrogados
pertenecen al Grupo XXI de la Brigada de Blanqueo de Capitales y
Anticorrupción, integrada en la Unidad de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF). Solo dos de los que declararon ante Asuntos Internos ya
no pertenecen al Grupo XXI y ocupan en la actualidad otro destino. Por
tanto, la ronda de declaraciones se centró en los responsables de las
investigaciones de la trama Gürtel y del llamado caso Bárcenas, cuyas
revelaciones sacuden judicialmente al PP en la Audiencia Nacional.
La declaración ante Asuntos Internos es uno de los episodios más
complicados a los que se puede enfrentar un policía durante su carrera.
Esta unidad es designada para investigar sólo si hay indicio de delito
en la conducta de un policía, ya que de las sanciones reglamentarias se
encarga la Unidad de Régimen Disciplinario. Una filtración a la prensa
puede constituir un delito de revelación de secretos castigado en el
Código Penal con hasta cinco años de prisión para los agentes.
Por eso, en medios policiales causa sorpresa el motivo del
interrogatorio a los investigadores de la UDEF. Entre ellos figura un
informe del caso Gürtel aparecido en los medios cuando ya no pesaba
sobre él el secreto de sumario. Según las fuentes consultadas, se trata
del informe de 81 páginas con registro de salida al juzgado 10.418/13.
Se trata de un análisis ampliatorio de la documentación incautada en un
local de Easy Concept, una de las empresas de la red Gürtel, ubicada en
un polígono industrial de Alcorcón (Madrid). Con esa documentación se
pudo acreditar los regalos que los cabecillas de la trama entregaron a
un imputado, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda. Pero lo
que concedió trascendencia mediática a aquel informe
fue la identidad de la esposa de Sepúlveda en el momento de los
regalos, la actual ministra de Sanidad, Ana Mato. Los policías
redactaron el informe por orden expresa del juez Pablo Ruz.
La Unidad de Asuntos Internos trabaja a las órdenes directas del máximo
responsable operativo de la Policía, el comisario que nombra el
Gobierno de turno para dirigir el Cuerpo. Sus investigaciones son
secretas, ni siquiera las dos brigadas que la componen saben en qué está
trabajando la otra. Es habitual que realicen seguimientos y pinchen con
autorización judicial el teléfono de los policías a los que investigan
desde las sedes que tienen en Madrid, de localización también reservada y
sin distintivos en el exterior.
Las fuentes
consultadas por eldiario.es aseguran que los agentes de la UDEF no
fueron llamados como acusados, pero añaden que se les preguntó por la
custodia de los documentos analizados en el informe publicado en la
prensa. La Dirección General de la Policía no ofrece información al
respecto alegando que nunca lo hace si la investigación sobre la que se
solicita corre a cargo de Asuntos Internos.
El citado
informe es uno de los miles de escritos policiales, de la Agencia
Tributaria, Intervención del Estado, autos, escritos de Fiscalía y un
largo etcétera que integran el más del millón de folios, separados en
2.000 tomos, que forman el sumario del 'caso Gürtel' y de los que no
debe quedar uno con interés mediático por publicar. El informe sobre los
regalos a la familia Mato-Sepúlveda apareció en los primeros medios de
comunicación en la tarde del 1 de febrero, solo unas horas después de
que hubieran podido acceder a él los abogados de los más de 100
imputados en el 'caso Gürtel' (187 en la actualidad).
A pesar de ello, la ministra de Sanidad reprochó a su colega de
Interior, Jorge Fernández Díaz, la divulgación de su contenido en los
medios, que dejó a Mato malherida políticamente. Entre las cajas de
documentos hallados en la nave de Alcorcón aparecían documentos que
apuntaban al pago de viajes, fiestas familiares y la entrega de
obsequios de lujo a Ana Mato y su familia por un valor superior a los
60.000 euros. Solo en confeti para una fiesta infantil, el gasto superó
los 4.600 euros. En esa época, a principios de la década pasada, Ana
Mato ya era dirigente del Partido Popular. Sin embargo, la Fiscalía
Anticorrupción no aprecia delito en la conducta de la ministra y en
ningún momento se ha planteado solicitar su imputación.
Fernández Díaz: "Son elementos de la UDEF"
En plena tormenta en el seno del Gobierno por el informe, Fernández Díaz declaró a ‘Abc’
que los policías que investigan el caso Gürtel y la financiación del PP
no están bajo control de Interior. Sus responsables son "elementos" de
la UDEF, como llamó a los policías, que trabajan directamente a las
órdenes del juez Ruz. Las tensiones en el seno del Ministerio del
Interior y la dirección de la Policía ya no cesaron y en verano se decidió la destitución del comisario Losada,
al que se le comunicó que se haría efectivo en breve. Sin embargo, la
afirmación de Rajoy el 15 de julio de que a él nadie le impone fiscales o
policías –en respuesta a la publicación de los SMS que se intercambió
con Bárcenas- retrasó al 17 de octubre la destitución, que intentó
difuminarse en medio de una reestructuración más amplia de la cúpula
policial. Interior informó de la misma en una nota de prensa a las nueve
de la noche.
A pesar de la relevancia de los
interrogatorios a los policías del caso Gürtel, el juez Pablo Ruz no fue
informado con anterioridad a que se produjeran, precisaron fuentes
jurídicas. Cuando tuvieron lugar las declaraciones, los policías ya
trabajaban en uno de los informes clave para la investigación de la
financiación irregular del PP. Para su elaboración todavía hoy estudian
miles de correos electrónicos incautados en la empresa del arquitecto
responsable de las obras en la sede de Génova, de las que la Policía y
el juez Pablo Ruz sospechan que fueron abonadas con dinero negro. Esa información está siendo cruzada con la obtenida de los ordenadores analizados en la propia sede nacional del PP, registrada el 19 de diciembre pasado por orden de Ruz después de distintas maniobras del partido para obstaculizar la investigación.
Fuentes del caso consideran que las pesquisas acerca de la reforma en
Génova es la rama del caso que con mayor precisión puede acreditar la
existencia de una caja B en el PP mantenida en el tiempo, como apuntan
los papeles de Bárcenas.
Investigaciones al PP o a
algunos de sus destacados miembros han costado el puesto a dos
comisarios generales de Policía Judicial, máximos responsables de la
UDEF, en lo que va de legislatura. Enrique Rodríguez Ulla apenas duró cinco meses.
Fue destituido por investigar, sin informar a sus superiores, el origen
del ático que Ignacio González tiene en Estepona (Málaga). Su
sustituto, José Losada, cayó por no frenar los informes de la UDEF sobre
el caso Gürtel y la financiación irregular del partido. En octubre
pasado, el director adjunto operativo, Eugenio Pino, puso al frente de
la Comisaría General de Policía Judicial a un comisario de su total confianza, José Santiago Sánchez Aparicio, del que internamente se esperaba que comenzara realizando cambios en la UDEF.
Policía 81.067
Sin embargo, dos obstáculos principales han frenado desde entonces la
'limpia' en la unidad. El revuelo mediático que causó el cese de Losada
obligó al Ministerio del Interior a frenar sus planes. En contra de lo
previsto y de lo que se le llegó a comunicar, el jefe de la UDEF, el
comisario Manuel Vázquez, continúa a día de hoy en el cargo. La
estrategia, según fuentes policiales, ha cambiado. Ahora se trata de
intentar influir en el contenido de los informes del Grupo XXI sin el
ruido que producen las destituciones. En esta nueva forma de proceder se
enmarcarían los interrogatorios realizados el pasado febrero por
Asuntos Internos a los investigadores.
Otra de las
circunstancias que no puede cambiar Interior es la jefatura del Grupo
XXI. El inspector que la lidera, Manuel M., tiene su destino ganado por
oposición y no puede ser relevado hasta que ascienda a inspector jefe,
lo que no ocurrirá antes de que finalice la instrucción de los casos que
afectan al PP. Además, cuando Ruz abrió la pieza separada de los
papeles de Bárcenas'designó al Grupo XXI en funciones de Policía
Judicial para el caso, con lo que la Dirección del Cuerpo no puede
asignársela a otros funcionarios. El inspector Manuel M. es el agente
que firma con su número de carnet profesional, el 81.067, todos los
informes del caso Gürtel desde hace 5 años y los de la pieza separada de
la financiación irregular desde que arrancó el caso hace un año.
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía está dirigida por el
comisario Marcelino Martín-Blas Aranda. Su nombre sonaba para ocupar
puestos de responsabilidad cuando el PP ganara las elecciones de 2011,
aún meses antes de que se produjera el relevo en Moncloa. Descrito en el
Cuerpo como auténtica mano derecha de Eugenio Pino, Martín-Blas fue
destinado sin embargo a una unidad sin visibilidad pero clave en el
control de los más de 68.000 agentes que integran la Policía. Su nombre
apareció en los medios de comunicación cuando trascendió que dos
comisarios habían viajado a Barcelona en plena campaña electoral
catalana para convencer sin éxito a los fiscales anticorrupción de que
había que registrar de inmediato la sede de Convergència Democràtica de
Catalunya, en relación con el caso Palau. Como denunció el Consejo Fiscal en una nota, ni Martín-Blas ni el otro comisario, José Luis Olivera, tenían relación alguna con esa investigación.
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