Por A.R. Suárez - Canarias-semanal.org
La alta magistratura está resultando implacable con quienes estima
son sus enemigos . Y es que en las jerarquías de la judicatura se
conciertan los más conspicuos representantes del conservadurismo
histórico español. Es la cúpula de la judicatura quien se encarga de
mantener las esencias legales del sistema. Cualquier supuesta desviación
de las mismas es atentamente examinada y castigada. Ese es el papel del
poder judicial, cuya independencia no es ni ha sido nunca la que en la
Ilustración y los albores de la Revolución Francesa preconizara Montesquieu.
Por ello no tiene nada de extraño que tal y como todo el mundo preveía, el Consejo General del Poder Judicial
se haya decidido por dar el primer paso para separar de la magistratura
a quien se atrevió un día a arrastrar hasta una celda de una prisión
madrileña a uno de los más destacados prebostes de las altas finanzas .
En efecto, el Consejo General del Poder Judicial suspendió de sus funciones al juez Elpidio José Silva
hasta que se produzca una sentencia en el proceso que se le sigue por
presunta prevaricación y otros delitos cometidos supuestamente durante
la investigación al expresidente de caja Madrid, el multimillonario Miguel Blesa.
Con ello, el juez Silva se ve obligado a abandonar el juzgado de
instrucción número 9 de Madrid, al que había retornado después de
cumplir una sanción de cuatro meses que le había impuesto el CGPJ . La
ofensiva del alta magistratura española contra el juez está adquiriendo
características que muchos interpretan como de una sistemática
persecución. El fiscal que lleva su causa pide nada menos que 30 años de inhabilitación por "prevaricar"
en contra del banquero. Pero el propio banquero Blesa va más allá:
solicita a través de los abogados pagados por él para llevar la
acusación, la friolera de 45 años de inhabilitación. De serle adversa la
sentencia tal y como muchos esperan, Silva se vería imposibilitado para retornar a la carrera judicial. Con lo que los deseos de que el "caso Silva "
pueda servir de lección para aquellos magistrados que en el futuro
pudiera pasárseles por la cabeza traspasar los límites señalados por
el sistema político vigente.
Lo más provechoso de esta última secuencia protagonizada por el
Poder Judicial es que está contribuyendo a colocar en el sitio que
corresponde ante la sociedad española, a cada una de las piezas del
sistema monárquico post franquista.
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