Cada español ha prestado 5.500 euros a los bancos para tapar su pufo inmobiliario. Por José Luis Gordillo
Las ayudas del Estado al sistema financiero, en forma de avales,
créditos o subvenciones, superan ya los 200.000 millones y se estima que
al menos un tercio se perderán, pagándolos la ciudadanía. Los
desahucios sin embargo no se frenan y alcanzan ya a 400.000 familias en
estos cinco años de crisis.
La burbuja inmobiliaria de la década 1998-2008 ha provocado en el
sistema financiero español un agujero de unos 250.000 millones de
euros, prácticamente impagable para los bancos, casi todos, que
asumieron el riesgo de financiar la construcción de casas, urbanización
de suelos y compra de terrenos para una demanda ficticia. El Estado
español ha ido en su auxilio otorgándoles ayudas, en forma de avales,
créditos, subvenciones o participaciones de capital, por un valor
superior a los 200.000 millones de euros, según diversas estimaciones.
Eso significa que cada ciudadano mayor de 18 años residente en España ha
prestado ya a los bancos 5.500 euros para tapar su pufo
inmobiliario, lo que paradójicamente no ha conseguido frenar la sangría
de 400.000 desahucios de familias desalojadas de esas mismas viviendas.
Existe bastante confusión y opacidad en los datos oficiales sobre
ayudas directas o indirectas a los bancos. Sin embargo, algunas
estimaciones realizadas por expertos coinciden en su diagnóstico. Un
estudio publicado por ATTAC Madrid
revela que las ayudas públicas a la banca ascenderían actualmente a
219.397 millones de euros. De esta cantidad, 59.130 millones son
inyecciones directas de capital a Bankia (22.425), Catalunya Caixa
(12.052), NovaCaixaGalicia (9.052), Banco de Valencia (5.500), CAM
(5.249), CCM (1.650), Mare Nostrum (1.645), Unnim (953) y Caja España
(604).
En segundo lugar están los llamados esquemas de protección de
activos, ante las posibles pérdidas de determinadas entidades con
problemas que han sido adquiridas por otras más solventes. Significan,
según este estudio, 28.267 millones más garantizados por las arcas
públicas para las operaciones Banco de Sabadell-CAM (16.610 millones),
BBVA-Unnim (4.440), CaixaBank-Banco de Valencia (4.350), Liberbank-CCM
(2.475) y Kutxabank-Cajasur (392).
A esto hay que añadir la factura que nos espera por el denominado
banco malo, la SAREB, que se ha hecho cargo de los activos tóxicos del
conjunto del sistema financiero: viviendas vacías, por terminar o suelos
por edificar. La deuda garantizada más el capital aportado por el
Estado, y descontado el privado, suma 48.546 millones. Se supone que
gran parte de este dinero se recuperará, por la venta de estos bienes
inmobiliarios a precio de saldo. Lo mismo ocurre con la adquisición de
activos financieros por parte del Estado, que ha ascendido a 19.342
millones.
Y por último están los 64.112 millones en avales. Se trata de deuda
emitida por las entidades financieras avaladas por el Estado, que no es
dinero líquido en sí, y que por el momento no cuenta como deuda pública.
Sólo lo haría en caso de impago, lo cual es probable en muchos casos
teniendo en cuenta que buena parte de esos avales han respaldado
emisiones de deuda de entidades casi en ruinas, como Bankia, Catalunya
Caixa y NovaCaixaGalicia.
Otras estimaciones elevan aún más la factura pública del rescate a la
banca española. El ex ministro de Trabajo y actual diputado socialista
en el Congreso, Valeriano Gómez, la calcula en 232.000 millones de
euros. Según sus cuentas, las ayudas públicas directas para la solvencia
de las entidades financieras ascienden a 61.000 millones de euros, a lo
que hay que añadir 36.000 millones de posibles futuras pérdidas
cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos, más el déficit
originado por la venta de las entidades nacionalizadas (Bankia,
Catalunya Caixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia), que según sus
previsiones pueden ser de unos 35.000 millones, y por último unos
100.000 millones en avales, contabilizando también los últimos 30.000
concedidos por el Gobierno el pasado mes de noviembre.
¿Cuánto de este dinero se recuperará? Pues las estimaciones no son
muy halagüeñas, puesto que el Fondo de Reestructuración y Ordenación
Bancaria (FROB) podría tener que asumir pérdidas por al menos un tercio
de estos 200.000 millones. Pérdidas que de hecho ya se vienen
produciendo desde 2010 y que están siendo pagadas por los ciudadanos en
forma de recortes sociales y subidas de impuestos, ya que, por otra
parte, la política de austeridad impuesta por Alemania en la UE obliga a
ir rebajando progresivamente el déficit público. La predicción que
lanza Gómez es aún más pesimista, pues eleva el coste total a futuro del
rescate bancario para la ciudadanía a 150.000 millones, un 15 por
ciento de nuestro Producto Interior Bruto (PIB). Luego los recortes
sociales, bajada de sueldos y subidas de cotizaciones e impuestos aún no
habrían acabado.
Curiosamente, este enorme caudal público de ayudas a un sector
privado, sin precedentes en la historia de España, no ha ido acompañado
de contraprestaciones hacia la población en la actuación bancaria. Ni ha
vuelto a fluir el crédito con suficiente fuerza ni se han parado los
desahucios de familias que no pueden pagar porque se han quedado en paro
y porque la cuota de su hipoteca es bastante elevada, problemas ambos
provocados por esa misma burbuja inmobiliaria. Todo lo contrario. El
Gobierno ha impugnado insistentemente la legislación antidesahucios
aprobada por la Junta de Andalucía, hasta que ha conseguido paralizarla
en el Tribunal Constitucional, con la justificación de que ponía en
peligro la reestructuración bancaria.
De esta forma, los desalojos de familias que se quedan en la calle siguen produciéndose a diario. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca desde
que se inicie en rigor la crisis, en 2008, y hasta finales de 2012, se
habían producido en nuestro país 362.776 desahucios. A ello hay que
sumar los del cuatro trimestre de ese año más los del primer semestre de
este año 2013, cuando, según los datos del Banco de España, se han
entregado a entidades financieras 35.098 viviendas por falta de pago, la
mitad de manera voluntaria y la otra mitad mediando un desalojo
forzoso. En total, unas 400.000 familias expulsadas de sus hogares.
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