El reino de la gentrificación, es decir el cambio de la composición social (y en este caso política) de un barrio a consecuencia de un determinado proyecto inmobiliario 
Identificación obligatoria, cacheos y registros indiscriminados son las nuevas facultades excepcionales a las que la policía puede someter a los ciudadanos en un parte determinada de Hamburgo. El partido socialdemócrata (SPD) muestra su verdadera cara: estado represivo. Desde el domingo pasado existe una especie de estado de excepción en Hamburgo, limitado a algunos barrios de la ciudad-estado e ilimitado en el tiempo. Según la versión oficial, sostenida por el alcalde y jefe de Gobierno regional, el socialdemócrata Olaf Scholz (SPD), se pretende poner fin a una serie de disturbios que desde las Navidades enfrentan a integrantes de la izquierda y del movimiento autónomo con las fuerzas de orden público. El SPD de Hamburgo, y sobre todo su senador de Interior, el exmilitar Michael Neumann, reducen el conflicto a los brotes de violencia. Al mismo tiempo, el Ejecutivo de Scholz obvia el fondo social que hay detrás.
El malestar del tradicionalmente muy activo y polifacético movimiento izquierdista de Hamburgo ha sido alimentado por un lado porque Neumann ha puesto bajo sospecha de ser un inmigrante ilegal a cualquier hombre de piel oscura y de aspecto africano. Por otro, el emblemático centro de los «okupas» alemanes, la Rote Flora, y las históricas «Casas de Esso» deben ser desalojadas al ser objeto de especulación. Al mismo tiempo la burguesía despilfarra 789 millones de euros, procedentes del erario, en la construcción de una filarmonía a orillas del Elba. Por eso se organizaron varias manifestaciones bajo el lema «Esta ciudad es de todos» en defensa de la Rote Flora como centro cultural, la idiosincrasia social de determinados barrios y la dignidad de los refugiados.
La última manifestación se llevó a cabo el 28 de diciembre con 7.300 o 10.000 manifestantes, según la policía y los organizadores, respectivamente. Las autoridades aludieron a varios incidentes para disolverla, lo que causó una mayor confrontación entre manifestantes y unos 3.000 agentes antidisturbios, procedentes también de otros estados federales. La batalla campal culminó con más de 120 policías heridos, 19 de gravedad, según las autoridades. El «Comité de diligencias», un organismo que asiste a manifestantes detenidos, registró 500 heridos, 20 de ellos graves. Además criticó que la Policía impidió a los abogados asistir legalmente a los más de 320 arrestados. La responsable d política interior del partido Die Linke (La Izquierda), Christiane Schneider, acusó a la Policía de haber recurrido a una «táctica escaladora». Testigos presenciales y medios locales informaron de que los agentes lanzaron gases lacrimógenos a la multitud de forma indiscriminada. Por último las autoridades anunciaron que los manifestantes habían atacado la conocida comisaría Davidswache. Con este supuesto ataque justificaron la instalación de las denominadas «zonas peligrosas». Poco después el seminario «Der Spiegel», originario de Hamburgo y de orientación centro-liberal, demuestra la falsedad de dicha acusación. El Gobierno regional admite este extremo pero no retira sus medidas excepcionales.
Ante este «estado de excepción» fáctico, los «sospechosos habituales» han iniciado «paseos» por las «zonas peligrosas». Esta forma de protesta es secundada también por ciudadanos ajenos al mundillo de la izquierda radical porque se sienten afectados injustamente por las medidas excepcionales. Estas últimas se basan en la Ley de Policía, hecha por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en 2005 y calificada como «la más dura de Alemania». Desde entonces las autoridades han recurrido a ella en 40 ocasiones para establecer «zonas peligrosas». Estas estaban limitadas en el tiempo y a un lugar en concreto, por ejemplo a las horas antes, durante y después de un partido de fútbol y al respectivo estadio. Asimismo se aplicó esta ley para combatir el tráfico de droga en una determinada de estación de tren porque permite que la Policía prohíba a ciudadanos entrar o permanecer en ese lugar.
Política represiva del SPD
Sin embargo, es la primera vez que se aplican estas medidas a 50.000 personas y para un tiempo indeterminado. En teoría la Policía no tiene derecho a prohibir a un ciudadano volver a su casa, pero aún así aumenta la protesta contra las medidas decretadas por el SPD de Hamburgo. Die Linke quiere llevar el asunto al Parlamento regional para que ponga fin a esta medida excepcional pero los socialdemócratas gobiernan con mayoría absoluta. En el campo jurídico está por ver si el tribunal constitucional se va a pronunciar sobre la alegada anticonstitucionalidad de esta Ley de Policía. Algunos juristas apuntan a que ningún juez tiene que legalizar estas medidas, otros aducen que su aplicación limita la libertad de movimiento, de concentración y el derecho civil sobre el uso de datos privados.
Que justamente el SPD se preste a aplicar esta severa ley no extraña porque tradicionalmente ha representado el ala más represiva para mantener a raya cualquier movimiento que surja a su siniestra. Ya en 2001 intentó adelantar a la CDU mediante una política policial drástica y fracasó en las elecciones regionales porque el electorado prefirió el original antes que la copia. Ahora Scholz y Neumann quieren ganar puntos entre la burguesía, presentándose como guardianes de «tranquilidad y seguridad» frente a una supuesta «izquierda violenta». Con esta estrategia Scholz, a la sazón vicepresidente del SPD, quiere ganar terreno político cara a las elecciones generales de 2017 de las que su formación quiere salir como vencedora para reconquistar el gobierno perdido en 2005.
Para ello recurre a una Ley de Policía que hasta ahora nunca ha sido empleada de forma tan extrema. Cabe pensar que el SPD quiere ver hasta qué punto funciona legal y prácticamente. Conviene recordar que casi el 20% de los alemanes vive al borde de la pobreza y un 30% no participa en las elecciones. Hasta ahora no ha habido rebelión social en Alemania porque la República Federal no ha entrado en crisis ni existe formación política izquierdista que articule el descontento social.
Los intereses económicos y la gentrificación originan las protestas políticas y sociales
El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) pretende reducir el conflicto político-social de Hamburgo al enfrentamiento violento entre policías y manifestantes izquierdistas obviando el trasfondo social y económico de las protestas.
En el centro del conflicto se halla la lucha por la Rote Flora, un teatro ocupado desde 1989, que en los últimos 25 años se ha convertido en un símbolo del movimiento okupa europeo. A lo largo de este cuarto de siglo sus ocupantes lograron ser tolerados y hasta cierto también legalmente protegidos por la política. Esta situación terminó definitivamente a finales de 2013 cuando el propietario del inmueble, Klausmartin Kretschmer, reanimó el conflicto, evitando la actuación de una banda de música y exigiendo a los inquilinos de la Rota Flora el pago mensual de 25.000 euros aduciendo pérdidas de unos nueve millones de euros por todas las actuaciones culturales que los «autónomos» habían llevado a lo largo de este cuarto de siglo. Ante la previsible imposibilidad de pagar la cuota deseada, Kretschmer anunció el desalojo del edificio. En su día compró el inmueble por 375.000 marcos (190.000 euros). Según sus propias palabras, la propiedad podría valer ahora unos 20 millones de euros.
Un panorama parecido se da en el emblemático barrio Sankt Pauli donde hace poco las autoridades desalojaron los 110 apartamentos de las históricas «Casas de Esso» después de que inquilinos avisaron de extraños movimientos en las estructuras de los edificios. Un inquilino desalojado dijo a la prensa que por un piso de 80 metros cuadrados tenía que pagar 930 euros al mes a pesar del pésimo estado en el que se hallaba el edificio. Tanto la empresa propietaria como la administración de Hamburgo optan por su pronto derribo mientras que una iniciativa popular aboga por la renovación. Los dueños rechazan esta idea porque quieren edificar allí apartamentos de venta y de alquiler además de un centro comercial.
De esta forma las «Casas de Esso» muestran cómo se quiere llevar a cabo la gentrificación, es decir el cambio social de un barrio a consecuencia de un determinado proyecto inmobiliario. Ante la pasividad de las autoridades a la hora de buscar una solución adecuada tanto para los afectados en particular como para el barrio en general, varios manifestantes asaltaron las «Casas de Esso» y las ocuparon.
El tercer foco de conflicto se centra en un grupo de refugiados africanos que se halla en Hamburgo. El senador de Interior, Michael Neumann (SPD), opina que se trata de inmigrantes ilegales y el año pasado ordenó a su policía que controlase a cualquier hombre de apariencia africana. Desde la izquierda autónoma se le acusó de proceder una forma racista ya que también la Iglesia había concedido «asilo parroquial» a los denominados «refugiados de Lampedusa».
En la otra cara de esta misma moneda se encuentra el ambicioso proyecto de dotar a Hamburgo con una gran sala de conciertos. Desde los años 80 la ciudad portuaria opta por atraer a turistas mediante la ubicación de espectáculos musicales en sus respectivos teatros. Esta política dio lugar al conflicto por la Rote Flora que anteriormente había sido un antiguo teatro que debería ser renovado para fines empresariales. En esta misma línea se ubica la decisión de los sucesivos gobiernos regionales de Hamburgo de construir la impresionante «Filarmónica del Elba». Sin embargo, y lejos de la famosa «perfección alemana», este proyecto se ha convertido junto con el polémico aeropuerto internacional de Berlín en un símbolo del despilfarro público. En 2007 las autoridades de Hamburgo dijeron que la obra iba a costar 77 millones de euros. En 2013 admitieron que los costes llegarían a los 789 millones de euros. La inauguración está prevista para 2017 pero nadie se fía ya de la fecha porque en el pasado ha sido cambiada en varias ocasiones.
El 10% de la población de Hamburgo controla el 65% de la riqueza de la ciudad, unos 33.000 millones de euros. Al mismo tiempo, el 13% de los ciudadanos recibe ayudas estatales. Hamburgo lidera la lista de los pensionistas que no pueden vivir de lo que cotizaron en su vida laboral. El 23% de los niños requiere asistencia del Estado porque son considerados pobres. En algunos barrios este porcentaje sube al 50%. Con un índice de paro del 7,3%, Hamburgo se sitúa por encima de la media alemana del 6,7%.
CALPU
Identificación obligatoria, cacheos y registros indiscriminados son las nuevas facultades excepcionales a las que la policía puede someter a los ciudadanos en un parte determinada de Hamburgo. El partido socialdemócrata (SPD) muestra su verdadera cara: estado represivo. Desde el domingo pasado existe una especie de estado de excepción en Hamburgo, limitado a algunos barrios de la ciudad-estado e ilimitado en el tiempo. Según la versión oficial, sostenida por el alcalde y jefe de Gobierno regional, el socialdemócrata Olaf Scholz (SPD), se pretende poner fin a una serie de disturbios que desde las Navidades enfrentan a integrantes de la izquierda y del movimiento autónomo con las fuerzas de orden público. El SPD de Hamburgo, y sobre todo su senador de Interior, el exmilitar Michael Neumann, reducen el conflicto a los brotes de violencia. Al mismo tiempo, el Ejecutivo de Scholz obvia el fondo social que hay detrás.
El malestar del tradicionalmente muy activo y polifacético movimiento izquierdista de Hamburgo ha sido alimentado por un lado porque Neumann ha puesto bajo sospecha de ser un inmigrante ilegal a cualquier hombre de piel oscura y de aspecto africano. Por otro, el emblemático centro de los «okupas» alemanes, la Rote Flora, y las históricas «Casas de Esso» deben ser desalojadas al ser objeto de especulación. Al mismo tiempo la burguesía despilfarra 789 millones de euros, procedentes del erario, en la construcción de una filarmonía a orillas del Elba. Por eso se organizaron varias manifestaciones bajo el lema «Esta ciudad es de todos» en defensa de la Rote Flora como centro cultural, la idiosincrasia social de determinados barrios y la dignidad de los refugiados.
La última manifestación se llevó a cabo el 28 de diciembre con 7.300 o 10.000 manifestantes, según la policía y los organizadores, respectivamente. Las autoridades aludieron a varios incidentes para disolverla, lo que causó una mayor confrontación entre manifestantes y unos 3.000 agentes antidisturbios, procedentes también de otros estados federales. La batalla campal culminó con más de 120 policías heridos, 19 de gravedad, según las autoridades. El «Comité de diligencias», un organismo que asiste a manifestantes detenidos, registró 500 heridos, 20 de ellos graves. Además criticó que la Policía impidió a los abogados asistir legalmente a los más de 320 arrestados. La responsable d política interior del partido Die Linke (La Izquierda), Christiane Schneider, acusó a la Policía de haber recurrido a una «táctica escaladora». Testigos presenciales y medios locales informaron de que los agentes lanzaron gases lacrimógenos a la multitud de forma indiscriminada. Por último las autoridades anunciaron que los manifestantes habían atacado la conocida comisaría Davidswache. Con este supuesto ataque justificaron la instalación de las denominadas «zonas peligrosas». Poco después el seminario «Der Spiegel», originario de Hamburgo y de orientación centro-liberal, demuestra la falsedad de dicha acusación. El Gobierno regional admite este extremo pero no retira sus medidas excepcionales.
Ante este «estado de excepción» fáctico, los «sospechosos habituales» han iniciado «paseos» por las «zonas peligrosas». Esta forma de protesta es secundada también por ciudadanos ajenos al mundillo de la izquierda radical porque se sienten afectados injustamente por las medidas excepcionales. Estas últimas se basan en la Ley de Policía, hecha por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en 2005 y calificada como «la más dura de Alemania». Desde entonces las autoridades han recurrido a ella en 40 ocasiones para establecer «zonas peligrosas». Estas estaban limitadas en el tiempo y a un lugar en concreto, por ejemplo a las horas antes, durante y después de un partido de fútbol y al respectivo estadio. Asimismo se aplicó esta ley para combatir el tráfico de droga en una determinada de estación de tren porque permite que la Policía prohíba a ciudadanos entrar o permanecer en ese lugar.
Política represiva del SPD
Sin embargo, es la primera vez que se aplican estas medidas a 50.000 personas y para un tiempo indeterminado. En teoría la Policía no tiene derecho a prohibir a un ciudadano volver a su casa, pero aún así aumenta la protesta contra las medidas decretadas por el SPD de Hamburgo. Die Linke quiere llevar el asunto al Parlamento regional para que ponga fin a esta medida excepcional pero los socialdemócratas gobiernan con mayoría absoluta. En el campo jurídico está por ver si el tribunal constitucional se va a pronunciar sobre la alegada anticonstitucionalidad de esta Ley de Policía. Algunos juristas apuntan a que ningún juez tiene que legalizar estas medidas, otros aducen que su aplicación limita la libertad de movimiento, de concentración y el derecho civil sobre el uso de datos privados.
Que justamente el SPD se preste a aplicar esta severa ley no extraña porque tradicionalmente ha representado el ala más represiva para mantener a raya cualquier movimiento que surja a su siniestra. Ya en 2001 intentó adelantar a la CDU mediante una política policial drástica y fracasó en las elecciones regionales porque el electorado prefirió el original antes que la copia. Ahora Scholz y Neumann quieren ganar puntos entre la burguesía, presentándose como guardianes de «tranquilidad y seguridad» frente a una supuesta «izquierda violenta». Con esta estrategia Scholz, a la sazón vicepresidente del SPD, quiere ganar terreno político cara a las elecciones generales de 2017 de las que su formación quiere salir como vencedora para reconquistar el gobierno perdido en 2005.
Para ello recurre a una Ley de Policía que hasta ahora nunca ha sido empleada de forma tan extrema. Cabe pensar que el SPD quiere ver hasta qué punto funciona legal y prácticamente. Conviene recordar que casi el 20% de los alemanes vive al borde de la pobreza y un 30% no participa en las elecciones. Hasta ahora no ha habido rebelión social en Alemania porque la República Federal no ha entrado en crisis ni existe formación política izquierdista que articule el descontento social.
Los intereses económicos y la gentrificación originan las protestas políticas y sociales
El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) pretende reducir el conflicto político-social de Hamburgo al enfrentamiento violento entre policías y manifestantes izquierdistas obviando el trasfondo social y económico de las protestas.
En el centro del conflicto se halla la lucha por la Rote Flora, un teatro ocupado desde 1989, que en los últimos 25 años se ha convertido en un símbolo del movimiento okupa europeo. A lo largo de este cuarto de siglo sus ocupantes lograron ser tolerados y hasta cierto también legalmente protegidos por la política. Esta situación terminó definitivamente a finales de 2013 cuando el propietario del inmueble, Klausmartin Kretschmer, reanimó el conflicto, evitando la actuación de una banda de música y exigiendo a los inquilinos de la Rota Flora el pago mensual de 25.000 euros aduciendo pérdidas de unos nueve millones de euros por todas las actuaciones culturales que los «autónomos» habían llevado a lo largo de este cuarto de siglo. Ante la previsible imposibilidad de pagar la cuota deseada, Kretschmer anunció el desalojo del edificio. En su día compró el inmueble por 375.000 marcos (190.000 euros). Según sus propias palabras, la propiedad podría valer ahora unos 20 millones de euros.
Un panorama parecido se da en el emblemático barrio Sankt Pauli donde hace poco las autoridades desalojaron los 110 apartamentos de las históricas «Casas de Esso» después de que inquilinos avisaron de extraños movimientos en las estructuras de los edificios. Un inquilino desalojado dijo a la prensa que por un piso de 80 metros cuadrados tenía que pagar 930 euros al mes a pesar del pésimo estado en el que se hallaba el edificio. Tanto la empresa propietaria como la administración de Hamburgo optan por su pronto derribo mientras que una iniciativa popular aboga por la renovación. Los dueños rechazan esta idea porque quieren edificar allí apartamentos de venta y de alquiler además de un centro comercial.
De esta forma las «Casas de Esso» muestran cómo se quiere llevar a cabo la gentrificación, es decir el cambio social de un barrio a consecuencia de un determinado proyecto inmobiliario. Ante la pasividad de las autoridades a la hora de buscar una solución adecuada tanto para los afectados en particular como para el barrio en general, varios manifestantes asaltaron las «Casas de Esso» y las ocuparon.
El tercer foco de conflicto se centra en un grupo de refugiados africanos que se halla en Hamburgo. El senador de Interior, Michael Neumann (SPD), opina que se trata de inmigrantes ilegales y el año pasado ordenó a su policía que controlase a cualquier hombre de apariencia africana. Desde la izquierda autónoma se le acusó de proceder una forma racista ya que también la Iglesia había concedido «asilo parroquial» a los denominados «refugiados de Lampedusa».
En la otra cara de esta misma moneda se encuentra el ambicioso proyecto de dotar a Hamburgo con una gran sala de conciertos. Desde los años 80 la ciudad portuaria opta por atraer a turistas mediante la ubicación de espectáculos musicales en sus respectivos teatros. Esta política dio lugar al conflicto por la Rote Flora que anteriormente había sido un antiguo teatro que debería ser renovado para fines empresariales. En esta misma línea se ubica la decisión de los sucesivos gobiernos regionales de Hamburgo de construir la impresionante «Filarmónica del Elba». Sin embargo, y lejos de la famosa «perfección alemana», este proyecto se ha convertido junto con el polémico aeropuerto internacional de Berlín en un símbolo del despilfarro público. En 2007 las autoridades de Hamburgo dijeron que la obra iba a costar 77 millones de euros. En 2013 admitieron que los costes llegarían a los 789 millones de euros. La inauguración está prevista para 2017 pero nadie se fía ya de la fecha porque en el pasado ha sido cambiada en varias ocasiones.
El 10% de la población de Hamburgo controla el 65% de la riqueza de la ciudad, unos 33.000 millones de euros. Al mismo tiempo, el 13% de los ciudadanos recibe ayudas estatales. Hamburgo lidera la lista de los pensionistas que no pueden vivir de lo que cotizaron en su vida laboral. El 23% de los niños requiere asistencia del Estado porque son considerados pobres. En algunos barrios este porcentaje sube al 50%. Con un índice de paro del 7,3%, Hamburgo se sitúa por encima de la media alemana del 6,7%.
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