Sara Rosenberg
Hay
una gran diferencia según quién, dónde y en nombre de qué intereses se
aplican las leyes y se administra la justicia. Hay una gran diferencia
entre lo que significa gobernar para cumplir con la justicia o gobernar
para cumplir con las leyes del mercado y la corrupción que lo
sostiene.
Es la diferencia que hay entre la sentencia contra la multinacional
Chevron por los desastres causados en Ecuador y la sentencia absolutoria en el caso Prestige que causó un desastre en el costa norte de España.
Y esa diferencia entre justicia y corrupción de la justicia tiene que
ver con la voluntad política. Con quién gobierna en nombre de los
ciudadanos.
Hay quienes de verdad han iniciado un
camino democrático capaz de frenar los crímenes del mercado y las
corporaciones y hay quienes usan la palabra democracia para proteger los
negocios corruptos de las multinacionales. Son dos proyectos
diferentes y cada vez más antagónicos. Una cosa es la democracia
participativa que respeta y hace respetar la constitución votada por los
ciudadanos, otra es la democracia “representativa” que sólo representa a
los intereses de los dueños del dinero y usa la retórica democrática
para ocultar que gobiernan por decretos anticonstitucionales. Y este
último es el caso de España, y también de Europa. La legalidad y la
justicia han desaparecido en nombre del capricho y la soberbia
guerrerista de los mercados.
La justicia puede juzgar a favor de las
personas y de la vida del planeta, o bien juzgar a favor de las
multinacionales y sus gerentes políticos, en detrimento de las personas y
de la vida. Si en la constitución se afirma que todos somos iguales
frente a la ley, en España ese precepto se contradice constantemente y
se demuestra una y otra vez que la justicia sirve sólo para proteger a
los poderosos y criminalizar al pueblo cuando no acepta la sumisión al
despojo al que está siendo sometido. El caso del Prestige lo corrobora:
una vez más la impunidad de los responsables de la catástrofe humana y
ambiental es la norma. No hay culpables ni hay penalización. Y como se
escuchó decir en off a una diputada imputada por corrupción en
Valencia, “que se jodan”. Que se joda el marinero, el pescador, el
minero, el estudiante, el trabajador, los viejos, las mujeres, los
niños…esa es la ética que impone el neoliberalismo salvaje al que este
país está entregado. Mientras ayer mismo se votaba otra ley que
penaliza y multa la protesta ciudadana. Si protestas cerca del Congreso
puedes ser multado con una suma que llega a los treinta mil euros,
cuando el sueldo mínimo no alcanza a los 600. Se suprime así un derecho
humano básico, el derecho a luchar por lo que es justo, y ya no sólo se
criminaliza la protesta, sino que además se penaliza y se multa.
Mientras los corruptos –imputados,
juzgados y absueltos- están en la calle y gobiernan, Gordillo, alcalde
de Marinaleda es condenado a siete meses de prisión por el “delito” de
haber intentado hacer que tierras improductivas sirvan para alimentar a
las familias jornaleras y desempleadas de Andalucía.
Acaba de terminar la huelga de los trabajadores de la limpieza de Madrid,
que seguirán estando condenados a bajos sueldos y a los caprichos de la
empresa privada, con la picota de futuros despidos y sin ningún control
ni protección por parte de eso que se llama estado.
Al mismo tiempo que esto sucede, donde la
impunidad para los corruptos es lo que rige, (más de la mitad de los
cargos políticos y muchos de la familia monárquica están imputados por
corrupción) en el diario El País no cesan de atacar a aquellos
gobiernos que aplican una justicia para las mayorías y protegen los
derechos humanos y sociales. Aquellos gobiernos que cumplen con su
función y hacen respetar la Constitución votada por todos.
El corresponsal del diario El país en Venezuela,
E. Shakenberg, es un experto desinformador y casi todos los días
escribe para tergiversar lo que está sucediendo en ese país, donde el
gobierno bolivariano del presidente Maduro
hace cumplir la Constitución e impide que la guerra económica llevada a
cabo por una minoría parasitaria, desestabilice el país y lo lleve al
caos. Con la ley en la mano, el gobierno venezolano protege a las
mayorías y persigue a los especuladores y usureros que fijan precios
para ganar más del mil por ciento con sus operaciones de ingeniería
mafiosa, apoyada directamente por Estados Unidos
y su corrupta política del dólar que es quizás el virus corruptor por
excelencia. Compra una lavadora por 100 y véndela por cien mil, compra a
un lumpen para que pueda destruir una central eléctrica, una escuela o
un centro médico, compra a periodistas mercenarios para desinformar y
sabotear el sentido, pero compra, y sobre todo corrómpete que esa es la
ley del imperio que necesita crear el caos y la guerra, porque con el
caos y la guerra hacen grandes negocios. Hay casos claros: aniquilan
países con guerras abiertas (Libia, Afganistán, Irak, entre otros), destruyen países con intervenciones encubiertas de mercenarios pagados en dólares y euros (Siria) y pretenden aniquilar países como Venezuela con guerras económicas, sabotajes y bloqueos. La lista es larga.
Está claro, aquí hay dos proyectos bien
diferenciados, y en el epicentro el concepto de justicia que se aplica
en cada caso: Justicia para las mayorías o justicia para esa casta
especuladora y explotadora (la burguesía parasitaria) que está
destruyendo absolutamente la vida en el planeta. O fusiles o cadenas,
se decía en un momento. O justicia para las mayorías o corrupción e
impunidad para los poderosos.
Está claro cuál es el camino. Y aunque
los medios intenten demonizar a aquellos gobiernos que gobiernan por y
para las mayorías, como es el caso de Venezuela, lo que hay debajo y lo
que cada vez se ve con más claridad es el negro y terrible petróleo, que
USA y sus “democráticos” socios de la OTAN, necesitan para seguir parasitando y destruyendo el mundo.
Dos modelos: La justicia para todos y esa
es la función de la ley y la Constitución, o la injusticia en la que
vivimos en España hoy, dónde la Constitución y la ley brillan por su
ausencia.
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