¿Qué ocurrirá cuando los
millonarios rateros y franquistas den curso legal a su nueva ley de
seguridad ciudadana? Igual piden la perpetua o el garrote vil.
Patricia, una vecina de
mi barrio (Hortaleza, en Madrid), acudió hace un par de años a una
convocatoria para paralizar el desahucio de una familia por parte de la
Empresa Municipal de la Vivienda. Varias decenas de vecinos intentaron
sin éxito impedir el desahucio: tras la intervención de la Policía
Municipal, los cinco miembros de la familia (madre, abuela, tres hijos)
acabaron en la calle. Los vecinos se limitaron a mostrar resistencia
pasiva, sentados frente al portal, y fueron arrastrados por los
policías, como se ve en este vídeo o en este otro.
La concentración se
disolvió y Patricia volvió a su casa, frustrada por no haber impedido el
desahucio, pero sin más consecuencias. Pero esa misma tarde fue
detenida en su domicilio y llevada a comisaría, donde pasó la noche.
Para su sorpresa, la acusaron de atentado a la autoridad, de haber
causado lesiones graves a un agente (un brazo roto). Comenzó un proceso
lleno de irregularidades, sin testigos ni pruebas de la supuesta
agresión. Hasta hoy: dos años después, Patricia espera fecha para su
juicio. La fiscalía pide para ella tres años de cárcel, el juez le ha
impuesto una fianza de 8.900 euros, y ella solo cuenta con nuestra
solidaridad.
El caso de Patricia es
otra prueba más de la dureza con que las autoridades castigan a los
desobedientes, buscando una sanción ejemplarizante que sirva como
disuasión a quienes participan en esas convocatorias. Podríamos hablar
también de Alberto, cuyo activismo en otra lucha vecinal histórica de
Madrid, contra los parquímetros, le ha dejado una condena a un año de
cárcel y el empeño en que ingrese en prisión, pese a su estado de salud.
O de los cinco profesores de Guadalajara que se enfrentan a una
petición de cuatro años de cárcel tras una protesta por la educación
pública. O del disparate de considerar unos tartazos a una presidenta
autonómica como un atentado a la autoridad que puede costar hasta nueve
años de cárcel. O de la persecución incesante contra los dirigentes del
Sindicato Andaluz de Trabajadores.
El diario.es
Comentarios
Publicar un comentario