El primero defraudó a
Hacienda durante 4 años, el segundo rompió algunos parquímetros por sus
abusivas tasas en el curso de varias protestas contra las autoridades
del régimen. El primero se llama Carlos Fabra (foto) expresidente del PP
de Castellón, el segundo, Alberto Torre y es "un peligroso
delincuente"
Postrado en una silla de
ruedas, con el lado izquierdo de su cuerpo inmovilizado a causa de un
ictus. Uno de sus compañeros de la Coordinadora 25-S le empuja por la
rampa de los juzgados de Plaza de Castilla. Alberto Torre, de 57 años,
entra en la sede judicial para conocer la fecha de su entrada en
prisión, tras haber sido condenado a un año de cárcel por el destrozo de
parquímetros en 2006, durante las protestas vecinales en el distrito
madrileño de Fuencarral-El Pardo.
Su caso se ha ido
dilatando desde 2006 hasta alcanzar un ritmo vertiginoso en los últimos
meses. Para este "peligroso criminal", como ha sido definido en el auto
de la Audiencia Provincial, existe, sin embargo, otra causa paralela no
escrita y que condena su activismo social. El 29 de septiembre Torre
insistió en participar en la marcha contra la monarquía, incluso con las
secuelas provocadas por el ictus. Iba encabezando la manifestación tras
una pancarta que rezaba "Jaque al Rey". Un día después, la sección
segunda de la Audiencia desestimaba la petición de suspensión de pena de
Alberto.
"Lo que se desprende de
la causa es la peligrosidad criminal del penado, entendida ésta como
posibilidad de volver a delinquir, ya que el penado ha sido condenado en
cuatro ocasiones por delitos de daños", reza la resolución, a la que ha
tenido acceso eldiario.es. Esas cuatro condenas previas se enmarcan,
según su abogado, Erlantz Ibarrondo, en el mismo periodo de lucha
vecinal contra los parquímetros. "Desde 2006 no tiene una sola denuncia.
El argumento del juez es, no obstante, que se intuye que puede tener un
comportamiento delictivo de aquí al futuro", explica Ibarrondo. Alberto
es, para la Justicia, un presunto futuro culpable.
El Juzgado de lo Penal
Nº 12 le había citado hoy para notificarle la fecha de su entrada en
prisión. Sin embargo, la defensa del activista ha tratado de agotar su
último cartucho legal: acogerse al artículo 80.4 del Código Penal por
sus circunstancias de enfermedad permanente e incurable, ha explicado su
letrado. Torre está medicado para paliar una embolia pulmonar sufrida
la semana pasada. Tras la vista, el juez estudiará las alegaciones y
resolverá si ingresa o no en presidio en un plazo que no ha sido
definido.
Mientras, se encuentra a
la espera de que se resuelva el indulto que ha solicitado. "Estoy
preocupado por mi estado médico, entrar así en prisión sería complejo",
explica, con su mano izquierda atrapada en una rigidez equiparable a la
de su situación procesal. "Nos hemos ofrecido a hacer un trabajo social,
pero dicen que soy un tipo peligroso. Hay una lista de un millón de
personas que debían ir a la cárcel antes que yo; por ejemplo, el señor
Blesa y compañía. Si yo pago un año por una tontería, el resto debería
pagar miles".
En la antesala de la
aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, entendida por los
movimientos sociales como una 'ley mordaza', el caso de Alberto Torre se
ha tomado como una agresión directa a la participación activa en la
protesta social. "Con este caso están intentando reprimir y asustar a la
gente que sale a la calle, a los que no somos de esa mayoría
silenciosa, ellos nos quieren tapar la boca", ha señalado antes de
abandonar la sede del juzgado en un mensaje que los concentrados han
respaldado con aplausos y gritos de ánimo (...).
El diario.es
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