Disopress
La penalización del aborto en El Salvador conlleva cárcel, pobreza y muerte.
Madrid, 24 de octubre de 2013.
El colectivo Unidad Popular de Clase (UPK) organizó ayer en la librería
Traficantes de Sueños un acto público con el tema “Mi cuerpo, mi
decisión. Aborto libre y en la sanidad pública” al que invitó como
ponentes a Mariana Moisa de Colectiva Feminista El Salvador y a Mónica
Calvo de Zirikatuz Feminista Taldea (Euskal Herria).
A las 19 horas, Susana Cerrudos de UPK introdujo los motivos de este
debate: “El número de abortos nunca disminuye como consecuencia de una
legislación más restrictiva, es decir, si una mujer necesita abortar lo
hará donde sea, como sea y cuando sea. Las mujeres trabajadoras mueren,
las burguesas viajan. (…) La propia Organización Mundial de la Salud
calcula que alrededor de 50.000 mujeres mueren cada año como
consecuencia de abortos inseguros y se estima que 5 millones acaban
sufriendo graves problemas de salud”.
Después
de su intervención dio paso a la ponencia de Mariana Moisa. Proveniente
de un colectivo de El Salvador dedicado a la defensa y revisión de los
casos de mujeres en prisión con penas de hasta 30 y 40 años por delitos
de aborto en este país, Moisa aportó algunas cifras relevantes y expuso
el panorama actual al que se enfrentan. “Aun cuando la vida de la mujer o
de la niña corra peligro. Hay embarazos en adolescentes en una tasa que
asusta, 1.700 agresiones sexuales. Hay muchísima violencia contra las
mujeres, muchísima violencia sexual y, en ese contexto, una penalización
absoluta del aborto. Estamos hablando de que hay niñas embarazadas de
11 años”, explicó.
Hasta el año 1997 en El Salvador la ley admitía 3 supuestos en los
que era posible el aborto, al igual que en España, “cuando la vida de la
mujer corre peligro, por estupro o agresión sexual y en el caso de
malformación”. Después se cambia el código penal procesal y se penaliza
el aborto. Además, en esos años se aprueba una reforma constitucional,
apoyada también por la izquierda, en la que el Artículo 1 declara que el
Estado debe proteger al ser desde el instante de la concepción. Estos
cambios legislativos conllevan la penalización absoluta del aborto e
imponen penas de hasta 30 a 40 años por ser considerado el aborto como
homicidio agravado.
Las
consecuencias que todo esto conlleva son la obligación del personal
médico de denunciar y el no respeto de la presunción de inocencia. Se
produce un traslado directo desde el hospital público a la cárcel. “Ahí
mismo son custodiadas, y algunas también las esposan a la cama”, destacó
Moisa. Por otro lado, la activista añadió que hay además una cuestión
de desigualdad muy grave, ya que no se persigue a los hombres con lo que
se legitima la paternidad irresponsable, y además, “de las 129 mujeres
en prisión, ninguna proviene de un hospital privado”.
Para finalizar su intervención, Moisa relató los casos de Karina
Clímaco y Beatriz. La primera de ellas, pasó 7 años en prisión por un
aborto en el que el informe presentado por el Instituto de Medicina
Legal estaba lleno de errores y hasta, según cuenta la activista, “decía
que el feto de la niña tenía próstata”. Consiguieron que Karina saliera
de prisión y pudiera volver con sus 3 hijos. En el caso de Beatriz, al
tratarse de un embarazo anencefálico, el médico solicitó la
interrupción. El tribunal demoró la decisión y en la semana 27 le
practicaron una cesárea. “Ese mismo día, los grupo pro-vida aparecieron
con una canastilla y hasta con un gorrito para que no se viera el cráneo
no formado del niño”, detalló Moisa.
Antes del turno de preguntas, Mónica Calvo quiso relacionar el caso
extremo de El Salvador con el de la reforma prevista por el ministro de
Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en España, para advertir de las
consecuencias que puede tener un endurecimiento del aborto.
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