No
solo hay presos políticos, como los de ETA, como dice Maximo
Relti más abajo.
En
este régimen hay además presos, perseguidxs, detenidxs,
apaleadxs, multadxs, humilladxs, despedidxs, represaliadxs..., políticos, porque sufren ese
acoso por motivos políticos, por defender sus derechos, su trabajo,
su vivienda, su sanidad, su educación, por defender la
propiedad colectiva, su dignidad, la libertad de información,
sus vidas... y eso es también represión y persecución
política..., con la que el régimen castiga a los dirigentes y
militantes del SAT, de las organizaciones obreras y populares, del 15M, de Stop desahucios, de las PAHs, a lxs
trabajadorxs en huelga, a los activistas contra el TAV y en defensa
del medio ambiente, a los colectivos de paradxs, a lxs obreroxs en lucha, a las
plataformas vecinales, a los activistas de las distintas mareas, a
los que luchan por la emancipacipacion de sus clase, a los que lucha
por la emancipación, por la soberanía de su pueblo, da igual que
sea por medios pacíficos..., a los militantes obreros y populares,
todos son perseguidxs, acosadxs, vigiladxs, fotografiadxs,
fichadxs..., por que según los gobiernos de turno y sus
instituciones, que empobrecen al pueblo, a la clase obrera, para
beneficio de la banca y sus grandes patronales, son peligrosxs para
su "democracia". Eso también es política, la política
de la clase propietaria para seguir robando al pueblo, para seguir
manteniendo sus privilegios, su impunidad.
Salud
y poder popular
espinodefuego
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La derecha ultraconservadora española es incapaz de abandonar las manifestaciones compulsivas y escandalosas de sus tics
fascistoides. No se trata solamente de una expresión irreprimible de
su naturaleza autoritaria. Es también el sello inocultable de su
herencia genética. Así lo puso de relieve el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuando el pasado martes amenazó con descargar el mandoble de la ley sobre “quien hable de presos políticos o de muertes políticas en España”. Según el ministro Fernández Díaz, "conviene recordar que en España no hay presos políticos» ni «delitos políticos» y que «los etarras son asesinos»".
La derecha ultramontana celtibérica es especialmente torpe a la hora de precisar conceptos, calificar situaciones históricas o entender simplemente que otros tengan diferentes percepciones sobre la esencia de los acontecimientos pasados. Hace un totum revolutum en la cocktelera que tiene por cerebro, lo agita y el resultado se lo impone, sin más, a quienes discrepan de sus tercos criterios ideológicos. Por eso la perseverante cerrilidad que ha mantenido por muchas décadas no ha dejado de provocar estragos durante los dos últimos siglos.
LA VIOLENCIA PLANETARIA EN LOS SIGLOS XX - XXI
La historia contemporánea del mundo en el que vivimos se ha
caracterizado por el desarrollo de intensos conflictos que han afectado
por igual a la geografía de los cinco continentes. Además de las dos
grandes conflagraciones mundiales, se han producido centenares de
confrontaciones violentas, la mayoría de ellas de naturaleza
anticolonial y antiimperialista. La rebelión independentista argelina
contra el colonialismo francés, por ejemplo, se transformó en una
guerra violentísima que acabó con la vida de miles de combatientes de
uno y otro lado. El recurso a las bombas por parte de ambos
contendientes fue dolorosa y dramáticamente cotidiano, como reflejó
magistralmente el director italiano Gillo Pontecorvo en su film “La batalla de Argel”. Quienes protagonizaban aquellos hechos sangrientamente violentos eran calificados como “luchadores por la libertad” o “terroristas”, dependiendo de quién emitiera el juicio, si lo hacían las autoridades coloniales francesas o el pueblo argelino.
Otro tanto sucedió en Irlanda del Norte. El enfrentamiento entre los unionistas, partidarios de conservar sus vínculos con la Gran Bretaña, y los republicanos, partidarios de la independencia o de la integración en el Estado de Irlanda,
desató una implacable espiral de violencia que se prolongó durante
casi 40 años. Lo que está muy claro históricamente es que todos los que
participaban en la confrontación lo hacían por razones políticas. Y
cuando eran detenidos lo eran porque, también movidos por razones de
carácter político, recurrían a la violencia armada para la consecución
de sus fines, igualmente políticos. Otra cosa es que, dependiendo del
punto de vista que se tenga, puedan ser denominados presos políticos “terroristas” o, simplemente "presos políticos".
LOS TERRORISTAS RESPETABLES
De conflictos de este tipo, con idénticas características y similares contendientes, está jalonada la superficie entera del mapa mundi de este planeta. Otra cosa es que el uso de la violencia se justifique o no dependiendo de quién sea el que la practique. El gobierno de los EEUU y sus aliados españoles, franceses y británicos celebraron, por ejemplo, las insurrecciones violentas que han tenido lugar en nuestros días en Siria o Libia, llegando incluso a hacer uso de su tecnología militar para ayudar a quienes desde el interior de esos países combatían violentamente a sus gobiernos.
José María Aznar, sin ir mas lejos, ha declarado estos días que no se arrepiente de su contribución y apoyo a la guerra de Irak, aunque hoy esté fehacientemente demostrado que ese país no disponía de armas de destrucción masiva. "Apoyamos aquella guerra - ha dicho el ex presidente - porque los EEUU son nuestros amigos y porque con ella defendíamos los intereses de España". Las declaraciones del ex mandatario español ¿no son una manifestación expresa de terrorismo? ¿Por qué razón no cae el peso de la ley sobre él? ¿Cuál es el motivo por el que ningún periódico se escandaliza por las manifestaciones de un terrorista confeso que admite tener sobre su conciencia el haber contribuido a la muerte de 600.000 mil iraquíes, la inmensa mayoría de ellos civiles, entre los que se encontraban miles de mujeres y niños? ¿Por qué no existe en España un solo juez que inicie un procedimiento indagatorio sobre las declaraciones a Onda Cero del ex presidente Aznar? Las razones que explican la falta de respuestas a estas interrogantes tienen mucho que ver con la consideración que hacíamos inicialmente de que la violencia se convierte en un instrumento condenable o no dependiendo de quiénes sean los que la ejecuten.
MORALMENTE DESCALIFICADOS
La amenaza del Ministro del Interior, Jorge Fernández, de procesar a todos aquellos que mantengan que en España "hay presos políticos", me retrotrae al túnel del tiempo en la década de los sesenta, cuando el fallecido presidente del Partido Popular, Fraga Iribarne,
entonces Ministro de Información y Turismo de la Dictadura, mantenía
con inusitada firmeza ante los corresponsales de la prensa extranjera
que en España "no había presos políticos". Basaba su razonamiento el iracundo ministro de Franco en el hecho de que como la legislación franquista no reconocía la existencia del “delito político” a los que estaban condenados en las prisiones por actividades de ese carácter se les consideraba como simples "delincuentes comunes".
A quienes fuimos considerados durante años vulgares delincuentes, una
vez muerto el dictador se nos empezó a reconocer que habíamos luchado
por la conquista de las libertades. El actual ministro del Interior,
pues, no ha hecho otra cosa más que recoger en su exhortación
intimidatoria las lecciones que ya hace más de cuarenta años recibiera
su padre ideológico, el Sr. Fraga Iribarne.
La prepotencia de la derecha cavernícola española al intentar imponernos en qué términos debemos referirnos a acontecimientos pasados o a situaciones del presente se convierte en una irritante provocación cuando, año tras año, se constata cómo los herederos de la pasada dictadura que hoy ocupan el Gobierno del Estado, se niegan a reconocer públicamente la naturaleza violentamente terrorista de un Régimen como el de Franco, que además de provocar un millón de muertos ocasionó durante casi cuarenta años sufrimientos sin fin al conjunto de los pueblos que conforman el Estado español. La significativa negativa del Partido Popular a aceptar el veredicto que ya ha pronunciado la historia sobre ese tipo de regímenes no solo los descalifica moralmente para cualquier tipo de exigencias, sino que pone de relieve los auténticos orígenes del actual sistema político español.
Y un apunte más. La autoritaria amenaza del ministro me plantea una duda. Como se habrá podido deducir a través de la lectura de estas líneas, razono, sostengo y mantengo que en España hay presos políticos. Si por esa razón el ministro decidiera instar mi procesamiento y la jurisdicción especial de la Audiencia Nacional me condenase... ¿cuál sería la clasificación que me correspondería? ¿La de "primer preso político" de la Monarquía o la de último “terrorista” de la “democracia”?
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