"... el Gobierno quiere ciudadanos mudos, sordos y ciegos...
...
violencia es lo que encierra el articulado sancionador de la Ley de
Seguridad Ciudadana: la violencia del Estado de excepción; la violencia
destinada a cercenar la legitimidad del pueblo a defender sus derechos;
la violencia legal que hace posible este expolio...
...
Como todas las leyes injustas, ésta de la Seguridad Ciudadana...
auspiciará la desobediencia civil, radicalizará las posturas
reivindicativas del pueblo y fomentará la violencia"
AHORA
QUE AÚN PUEDO
Voy
a aprovechar que todavía puedo. Sí, aún me está permitido
escribir un artículo como este y “echarlo a volar por la red”
firmado con mi nombre y sin tener que utilizar la antigua
“vietnamita” clandestina y tirar las octavillas por bares y
calles jugándome la libertad e incluso la vida. Poco queda ya para
poder hacerlo y hay que aprovecharlo.
La brecha entre el Gobierno de España y la
Democracia es cada vez más ancha, más grande, más profunda. Entre
él y los que le precedieron en su misma función habían conseguido
ya fomentar un país de bueyes, pero no éramos todos; por eso, ahora
nos traen la España del yugo, para que nadie escape a la más
absoluta sumisión, so pena de tener que afrontar con los
empobrecidos bolsillos salva bancos, corruptos y criminales, multas
escandalosas o inaceptables penas de cárcel.
Así
lo ha propuesto el ministro del Interior, Jorge Fernández, profeta
de Dios, el gran legislador del Universo; siervo amantísimo también
del Dios Mercado, al que adoran el 90% de la casta política actual
como los hebreos al becerro de oro y máximo responsable del borrador
de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que trata de criminalizar la
realidad.
Mientras
que el fiscal general del Estado actúa como abogado defensor de la
infanta real; mientras que la defensora del pueblo se alía con los
que lo dejan sin libertades; mientras que Rajoy y su Gobierno
chapotea en la mentira y la corrupción como cerdo en pocilga;
mientras crucifijos y sotanas retornan por sus fueros de
condenaciones, pecados y discriminaciones sexistas en algunos
colegios, para más inri subvencionados con nuestro dinero; mientras
el fascismo saca pecho y vuelve a las andadas, el Gobierno pretende
sacar una ley que penaliza de forma escandalosa cualquier intento de
protesta ciudadana. Imagínese: que usted, sin pedir el
correspondiente permiso, se reúne con otras personas en las
inmediaciones de “infraestructuras críticas” –a saber qué
entenderán por tales–, pues le puede caer una multita de entre
30.000 y 600.000 euros; esto es: lo que gana un mileurista entre dos
años y medio y 50 años por su trabajo. En definitiva: una
barbaridad.
Lo
mismo le puede pasar si le da por llamarle ratero y sinvergüenza a
un político ratero y sinvergüenza, o le da por concentrarse en los
aledaños del Congreso de los Diputados a gritarles a sus señorías
que no nos representan y que están llevando al país a la más
desoladora ruina.
Tampoco
saldrá bien parado –multas de entre 1.001 y 30.000 euros del ala–
si se le ocurre asistir a una manifestación con un pasamontañas,
una careta o con cualquier cosa que dificulte su identificación. Y
si se acuerda uno de la madre que parió al pistolero con uniforme
que quiebra cráneos a vergajazos reprimiendo el simple hecho de
salir a la calle a denunciar el continuo atropello de esta dictadura
de mayoría absoluta, o filma la agresión desproporcionada y el
salvajismo de la policía, ya sea autonómica o nacional, seguramente
tendrá que pedir un crédito a los bancos –a módico interés, que
ya lo habrán pactado con sus lacayos del Ministerio de Hacienda–
para pagar la multa que te impondrán los tiranos que hoy tenemos que
soportar.
Si
como es prácticamente seguro, esta Ley sale adelante, nos habrán
instalado de nuevo en la España de Franco; en un Estado policial y
tiránico que amordaza con multas escandalosas buscando reprimir la
libertad de manifestar y expresar el sumo descontento de la
ciudadanía ante el creciente atropello que viene padeciendo; es
decir: exactamente como entonces, salvo que por ahora no hay aún
“tiros al aire”.
Habrá
pues que acudir a la clandestinidad. Llevar a cabo manifestaciones
relámpago como las de entonces, infestar barrios y establecimientos
de propaganda “ilegal” y leerle la cartilla al incauto que vaya a
votar, por contribuir con su acción a mantener la farsa que nos ha
llevado a esta situación bochornosa e intolerable.
Pese
a la pasividad de la ciudadanía, la frecuencia con que se han venido
sucediendo los escándalos a nivel político y judicial, y la
impunidad con que se desenvuelven corruptos y corruptores e
igualmente la inmensa mayoría de cofrades de la casta política,
trajo como consecuencia que brotara un pequeño foco de rebelión. El
suficiente, pese a su talante pacífico, para que el Gobierno
estimara necesario acudir a la coerción que vemos desarrollarse en
esta ley, la cual abunda en el ensañamiento que la tijera de los
recortes practica también en el campo de las libertades.
No
hay duda: el Gobierno quiere ciudadanos mudos, sordos y ciegos con la
salud necesaria para aguantar sin la mínima objeción la plaga de
calamidades que se les ha echado encima desde las más altas
instancias del Poder, que no está en el Parlamento, sino en los
consejos de administración de la Banca y las grandes
multinacionales.
La
coerción destilada en la nueva ley, la disposición de ejercerla y
la amenaza de recurrir a ella, componen los elementos esenciales de
toda violencia. Y violencia es lo que encierra el articulado
sancionador de la Ley de Seguridad Ciudadana: la violencia del Estado
de excepción; la violencia destinada a cercenar la legitimidad del
pueblo a defender sus derechos; la violencia legal que hace posible
este expolio y con la que habrá que acabar de la peor manera porque,
desgraciadamente, no nos dejarán otro camino.
Lo
cierto es que, ley a ley, abuso a abuso, desvergüenza a
desvergüenza, van acercándose al borde del abismo quemando cartucho
tras cartucho. Todavía les quedan los fusilamientos, pero poco más.
Ellos mismos se están encerrando en un búnker cada día más
difícil de defender y esta ley es una prueba de su inseguridad, de
su fragilidad, pese a todo el aparato que los fortifica, y de su
frustración al no poder nadar y guardar la ropa como han venido
haciendo desde hace mucho tiempo, cuando todavía les servía la
careta y se hacían pasar por mandatarios y gobernantes. Ahora sólo
son capataces y paniaguados del verdadero poder, ese que jamás
pasará por las urnas y que ha vivido y chupado hasta ahora de este
sucedáneo de democracia.
Como
todas las leyes injustas, ésta de la Seguridad Ciudadana, en contra
de lo que creen sus progenitores y pese a su carácter represivo y
disuasorio, auspiciará la desobediencia civil, radicalizará las
posturas reivindicativas del pueblo y fomentará la violencia, que
acabará situándose en la frontera que ponga la sociedad insumisa y
no en la que dicte la tiranía de los poderosos. Siempre fue así y
así seguirá siendo. ¿Nos apostamos algo?
Tiempo
al tiempo.
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