CC.OO concentra a 200 liberados contra la jueza que investiga la corrupción de esta institucione del sistema
Ante el pase a disposición judicial en las próximas de uno de sus
dirigentes implicado en el fraude los ERE, Roberto Carmona, detenido por
el cobro de comisiones en el que se registró en la faja pirítica de
Huelva, CCOO ha promovido una concentración ante el juzgado de Mercedes
Alaya desde primeras horas de la mañana de este jueves. Poco después de
las diez, los concentrados superaban las doscientas personas.
Según algunas fuentes consultadas por El MUNDO.ES, esta
concentración, además de darle su apoyo y expresar su solidaridad al
sindicalista arrestado, trataría de mostrar su repulsa por la actuación
de la magistrada que investiga esta estafa. Ayer mismo los máximos
dirigentes de CCOO a nivel nacional y autonómico, Ignacio Fernández Toxo
y Francisco Carbonero, respectivamente, descalificaron a Alaya
acusándola de usar métodos propios de la policía franquista contra los
sindicalistas detenidos en la última fase de la 'Operación
Heracles'contra las sobrecomisiones que cobraban los mediadores en los
ERE. Los detenidos continúan, por el momento, en los calabozos de la
Guardia Civil en Montequinto (Sevilla), mientras la Unidad Central
Operativa (UCO) concluye el atestado.
La segunda fase de la Operación Heracles se desarrolló el pasado
martes mediante registros simultáneos en ocho provincias en donde fueron
detenidas diez personas, se realizaron diez registros y se llevaron a
cabo ocho requerimientos a entidades bancarias. Entre los detenidos se
encuentran los sindicalistas Salvador Mera, secretario provincial de la
UGT en Cádiz, y el propio Roberto Carmona Soto, exsecretario de
Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía, además de otros seis
representantes sindicales imputados.
Esta segunda fase de la operación se centra en las maniobras que
llevaban a cabo los imputados para "distraer partidas de
dineroidentificadas como sobrecomisiones, de los fondos públicos
asociados a subvenciones excepcionales vinculadas principalmente a
expedientes de regulación de empleo", según la Guardia Civil.
Entre los presuntos responsables hay mediadoras, aseguradoras,
"conseguidores", entramados societarios creados para dar cobertura a las
operaciones, un despacho de abogados como distribuidor de los activos
obtenidos de manera irregular, sindicatos, empresarios y la Junta de
Andalucía "como fuente de financiación de la que se surtirían las
numerosas sobrecomisiones".
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