El pasado día 13 de septiembre la Audiencia Nacional condenó a
penas de entre 10 y 18 años a cuatro jóvenes independentistas gallegos
por participación en “organización terrorista”, por falsificación de
documento oficial “con fines terroristas” y -a dos de ellos- por
tenencia de explosivos “con fines terroristas”. Lo cierto es que, más
allá de las numerosas irregularidades registradas durante el proceso, el
tribunal no ha podido probar la comisión de ninguna acción terrorista
por parte de los acusados y, a pesar de eso, les ha impuesto las penas
más altas contempladas en el código penal. El asunto es que la única
prueba de que los jóvenes independentistas son “terroristas” es que
pertenecen a “una organización terrorista”, pero la única prueba de que
pertenecen a una “organización terrorista” es que son “terroristas”: una
tautología viciosa que suspende la racionalidad jurídica y aplica en
Galicia, como antes en el País Vasco, el principio de analogía y el
derecho penal del enemigo para criminalizar una intención y un programa
políticos. Si Resistencia Galega existe y es una organización
terrorista, todo lo que hagan los cuatro activistas -junto a otros
compañeros todavía libres o a la espera de juicio- es potencialmente
“terrorista”: comprar zapatos con “intenciones terroristas”, lavarse los
dientes “con intenciones terroristas” y hasta condenar el terrorismo
“con intenciones terroristas”. Si la Audiencia Nacional decide que el
club filatélico al que pertenezco es una “organización terrorista”,
pegar sellos en un álbum -ésta es la lógica- se puede convertir en un
delito condenado con 10 años de prisión y hasta con 18, si se prueba que
la cola con la que pego los sellos admite un “doble uso” criminal.
No se trata de defender la inocencia de los acusados. Son sin duda
culpables de compromiso político equivocado. Si hubieran sido fascistas y
hubieran usado gas pruriginoso contra niños tras asaltar un local
público, les habrían impuesto una multa por vandalismo. Lo suyo es más
grave, claro, porque no habían causado daño a nadie. Las sentencias a
los activistas gallegos deberían llenarnos a todos de preocupación,
porque es un mensaje fuerte dirigido a todo el espectro de la izquierda
del Estado español. Como antes en el País Vasco, como siempre en el País
Vasco, se criminalizan no las acciones sino las ideas, los proyectos y
los objetivos políticos. Por desgracia, en Galicia y en el resto del
Estado estamos más desvalidos y más desprevenidos, y eso hasta el punto
de que la atroz noticia de la condena de los activistas gallegos ha
pasado casi completamente desapercibida en los medios de izquierdas.
A la preocupación se añade un dolor muy fuerte. Conozco a uno de los
condenados y lo considero mi amigo, pero no necesito tener un amigo en
prisión para representarme, también como padre, lo que significa una
pena injusta y desproporcionada aplicada a cuatro jóvenes sensibles y
comprometidos cuyas carreras y proyectos personales quedan de pronto
despiadadamente rotos. Sorprende un aparato judicial, apoyado
constitucionalmente en la idea de la reintegración social, que utiliza
los márgenes de discrecionalidad que le permite una ley demencial para
ensañarse con los más jóvenes, los más solidarios, los más conscientes y
politizados, mientras utiliza esos mismos márgenes para liberar o
aliviar la suerte penal de aquellos a los que más convendría, desde un
punto de vista pedagógico, la estancia en prisión: banqueros y
políticos, cuyo desprecio por la gente e insensibilidad moral se ajusta
más al medio carcelario.
Siento dolor desinteresado, puramente humano, y también una inquietud
interesada. Mi amigo encarcelado podría ser mi hijo. Quiero decir que a
mi hijo podría pasarle algo parecido y a los hijos de la mayor parte de
mis amigos y a mis propios amigos, todos ellos comprometidos en
proyectos políticos equivocados. Y podría pasarme también a mí. Puede
pasarnos, en realidad a todos en un marco estatal en el que el Derecho
está lleno de agujeros por los que sólo se deslizan, como en un colador,
los menos peligrosos, los menos dañinos, los más vulnerables, los más
débiles, los más pobres, los más comprometidos, los más sensibles y los
potencialmente más beneficiosos para la democracia y la sociedad
-mientras los verdaderamente destructivos se sostienen en la red, y
tanto mejor y con tanta más arrogancia cuanto más arriba están.
Si hicieran falta otras pruebas y no fueran a venir más, la condena a
penas escalofriantes, disparatadas, de los cuatro activistas gallegos
bastaría para demostrar que casi todos vivimos en una situación de
libertad provisional. Defender la democracia y el derecho de quienes
quieren imponer la ley de la selva, la represalia y el implacable
nacionalismo español -y la victoria de clase- como único horizonte
posible, es cada vez más un imperativo ciudadano común, por encima de
los alineamientos ideológicos. Mi solidaridad con los activistas y sus
familias, en cuyo pecho me estremezco y me indigno desde aquí.
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