Un atestado de la Guardia Civil remitido a la juez que investiga los
ERE fraudulentos afirma que el exdirector general de Trabajo de la Junta
de Andalucía (PSOE) Francisco Javier Guerrero incluyó como "intrusos" a
cinco personas de su entorno y consiguió para su suegra varias ayudas y
un "trato preferente"
Un atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Efe, recoge
que la suegra de Guerrero, Victorina Madrid Pisabarro, fue adjudicataria
de una ayuda mensual fija de 1.300 euros hasta cumplir los 65 años en
el expediente de la empresa SOS Cuétara, pese a que nunca había
trabajado en ella.
La Guardia Civil afirma que, en el registro de las oficinas de
Vitalia, se encontró un sobre con el nombre de esta beneficiaria y en su
interior un documento de 6 de julio de 2004 enviado desde un fax que
corresponde a la dirección general de Trabajo cuando Guerrero era su
titular.
Según un auto del propio juzgado que investiga los ERE irregulares,
Victorina Madrid ha cobrado en total 119.699 euros por una póliza de
Vitalicio.
Por otra parte, datos del Consorcio de Compensación de Seguros
indican que esta mujer "es tomadora y beneficiaria de otra póliza de
Personal Life" por la que percibió, entre diciembre de 2004 y septiembre
de 2009, un total de 46.283 euros, añade el informe.
Tras su imputación en abril de 2011, Victorina Madrid "decidió, en
connivencia con su esposo, desprenderse de todo su patrimonio, para lo
cual disolvió la sociedad de gananciales y enajenó una propiedad", según
la Guardia Civil.
En otra parte de su atestado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la
Guardia Civil enumera los casos de cinco personas que obtuvieron ayudas
"a las que no tenían derecho, prevaliéndose de su relación de amistad
con el director general de Trabajo".
Se trata de dos vecinos de Guerrero en El Pedroso (Sevilla): Antonio
Arquero, a quien le prometió "solucionar su problema hasta la
jubilación", y Alejandro Millán Torres, a quien le dijo que le llevase
toda su documentación laboral y médica a su despacho de la Junta para
arreglarle una ayuda.
Además, Rafael Ruiz García, amigo personal de Guerrero que firmó los
papeles de su ayuda en las oficinas de la Consejería de Empleo; Rafael
Rosendo Villavieja, exalcalde de El Pedroso y amigo personal de
Guerrero; y Cristóbal Martínez Victoria, que era un "compromiso" del
exdirector general.
En estas irregularidades, la Guardia Civil incluye la inclusión en
una póliza del exfutbolista José Antonio Gómez Romón, conocido como
"Pizo" Gómez, que trabajaba para la empresa Cenforpre.
Explica el atestado que entre los años 2004 y 2006 esta empresa
desarrolló para la Junta un proyecto de divulgación de la Ley de Riesgos
Laborales y "ante la falta de presupuesto para pagarle, el propio
Guerrero le propuso afrontar el pago de sus servicios mediante la
suscripción de una póliza" cuyo titular debía ser una persona física.
La utilización de este método "era conocido por el consejero y
viceconsejero, los cuales no se opusieron a su utilización", dice la
Guardia Civil en relación a quienes entonces ocupaban esos altos cargos,
Antonio Fernández y Agustín Barberá, ambos imputados en una causa que
ya acumula 116 acusados.
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