El 27 de octubre de 2011, tres personas “entartaron” a la
presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, en el transcurso de una sesión
plenaria de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, en la ciudad de
Toulouse. Durante unos instantes, la cara de Barcina estuvo cubierta de
dulce merengue. La acción de protesta
realizada por el movimiento de
desobediencia al TAV Mugitu! tenía como objetivo denunciar a Yolanda
Barcina como principal responsable presente en aquella reunión de la
imposición del Tren de Alta Velocidad en Euskal Herria (País Vasco), que
desde sus orígenes ha suscitado una amplia oposición.
En Toulouse, la acción no fue causa de ninguna detención ni
identificación, limitándose los guardas de seguridad a expulsar a los
“tartalaris” de la sala. Sin embargo, de regreso a Navarra, los autores
de los tartazos fueron detenidos por la policía foral e imputados por
un supuesto delito de “atentado a la autoridad” en la Audiencia
Nacional española, tribunal de excepción que se ha arrogado el
derecho de juzgarlos.
Además, una cuarta persona también fue posteriormente imputada bajo
la misma acusación por su participación en la acción de protesta de
Toulouse y en la rueda de prensa realizada al día siguiente en Iruñea
para explicar los motivos de la acción. Actualmente, la Audiencia
Nacional ha fijado para el próximo 18 de noviembre la celebración del
juicio, con demandas de penas de 5 a 9 años de prisión.
El Tren de Alta Velocidad es un proyecto ecológicamente devastador y
económicamente ruinoso. Gran despilfarrador de energía, destructor del
entorno, ruidoso, el TAV acrecienta la centralización del territorio en
las grandes urbes en detrimento de los pueblos pequeños y ciudades
medianas, fomenta la hipermovilidad y es elitista: la mayor parte de los
ciudadanos lo utilizan muy poco o nunca, y sólo una minoría se sirve
de él con cierta frecuencia. Encima, las grandes obras como el TAV
suponen un enorme derroche de recursos públicos y son uno de los
motivos de los fuertes recortes sociales que padecemos.
Por si fuera poco, la clase dirigente ha ocultado a sabiendas durante
los últimos veinticinco años el coste social, económico y ecológico
del proyecto; se ha dedicado a mentir sobre sus supuestas bondades y ha
insultado cuando no ha criminalizado a la oposición al TAV allí donde
ésta se ha manifestado, mientras que en muchos casos se ha enriquecido
fraudulentamente como lo demuestran los papeles de Bárcenas. Yolanda
Barcina representa a la perfección esta actitud de prepotencia y engaño
permanente.
Así pues, consideramos que acciones populares como el “entartado” de
dirigentes que, como Yolanda Barcina, son responsables de haber
impuesto el TAV ocultando sus efectos nocivos, así como de haber
mentido sobre su verdadero impacto económico y social, son
perfectamente legítimas y comprensibles como forma de protesta justa
contra el TAV. En cambio, denunciamos que la gravedad y la absoluta
desproporción de las penas de 5 a 9 años de prisión solicitadas contra
estas cuatro personas no tienen parangón en ningún país occidental,
puesto que acciones similares de lanzamiento de tartas a las
autoridades son consideradas infracciones menores y apenas suelen tener
consecuencias legales. Todo ello contrasta vergonzosamente con la
“magnanimidad” que muestra la Justicia con los políticos embusteros y
corruptos, absueltos en la mayoría de los casos.
Por todo ello, exigimos la paralización de las obras del TAV y el
archivo del proceso incoado en la Audiencia Nacional contra estas cuatro
personas por las tartas que endulzaron el rostro de Barcina. Además,
este es un asunto que debiera haberse juzgado en todo caso en Toulouse,
lugar de los hechos. Podemos sin duda afirmar que este proceso reúne
todos los elementos propios de la “injusticia penal”, como son la
utilización de tribunales de excepción como la Audiencia Nacional para
reprimir la disidencia social y la aplicación de códigos penales cada
vez más represivos para criminalizar la desobediencia civil. Y queremos
que el final de este proceso sirva de toma de conciencia respecto a lo
innecesario y dañino del TAV, y de otras infraestructuras igualmente
megalómanas y destructoras.
No al Tren de Alta Velocidad
Fin del proceso contra los cuatro tartalaris
La desobediencia no es delito
Fin del proceso contra los cuatro tartalaris
La desobediencia no es delito
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