La Junta de Andalucía, personada como acusación en el caso de los
expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha recurrido el
auto en el que la juez Mercedes Alaya imputa a 20 cargos y excargos de
la Administración autonómica, entre los que destaca la exconsejera de
Economía y Hacienda entre los años 1994 y 2004, exministra de Fomento y
actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena
Álvarez. La jueza cerca a Griñán
Fuentes de la Junta han informado de que
el gabinete jurídico de la Administración autonómica ha presentado en el
Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla un recurso contra el
referido auto, en el que la magistrada imputa también al actual
viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos entre el
21 de abril de 2002 y el 26 de abril de 2009, Antonio Vicente Lozano
Peña, y al ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez
Martínez, el único de los imputados que ya tiene fecha para
declarar,concretamente el próximo 25 de julio.
Otra de la polémicas que ha surgido en torno al caso ERE es la
posibilidad de que la Junta de Andalucía, personada en el caso, corra
con los gastos de la defensa de aquellos trabajadores que hayan sido imputados, según recoge el reglamento de la propia institución.
En el auto, y respecto a Magdalena Álvarez, Alaya dice que "fue la
persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto
presupuestario de las transferencias de financiación a través de la
orden de 4 de junio de 2003", no obstante lo cual "la transferencia de
financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales
desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no
se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación,
pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de
las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones
presupuestarias".
La juez recuerda que, conforme a la Ley, "corresponde al consejero de
Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos
económicos de la hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones
económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales
derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y
eficacia", motivos por los que imputa tanto a Álvarez como a su
viceconsejero, José Salgueiro.
Recientemente, la Fiscalía Anticorrupción remitió un escrito a la
juez en el que señalaba que "la necesidad de avanzar en la instrucción
de la presente causa garantizado adecuadamente los derechos y garantías
de todos los imputados hasta la fecha, muy especialmente los recogidos
en el artículo 24.2 de la Constitución, exige la fijación de un
calendario razonable para la declaración de todas estas personas
imputadas", de forma "que se pueda proceder a la concreción de los
hechos delictivos que se imputan".
ecodiario
inSurgente
Comentarios
Publicar un comentario