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La Sala Segunda del TS hizo pública su sentencia
Por A.R. Suárez - Canarias-semanal.org
El Tribunal Supremo ha
confirmado la condena por un delito de corrupción que la Audiencia
Provincial de Palma impuso, en el caso Palma Arena, al expresidente balear Jaume Matas,
pero como suele suceder en estos casos ha rebajado la pena de 6 años
de prisión a 9 meses. Ello impedirá, naturalmente que el político
corrupto ingrese en prisión.
La Sala Segunda del Supremo hizo pública este martes su sentencia sobre el caso, en la que elimina los delitos de malversación y prevaricación y mantiene la condena por tráfico de influencias.
MATA Y LAS CINCO SINDICALISTAS CANARIAS
Las penas de hasta dos años de cárcel permiten el cumplimiento fuera de prisión siempre que no pesen sobre el reo antecedentes penales anteriores y no se produzca ninguna otra condena posterior. El caso de este político corrupto del PP fue muy notorio en los medios de comunicación españoles. La sentencia que ahora corrige el Tribunal Supremo contrasta con la petición fiscal contra cinco mujeres sindicalistas canarias para las que el fiscal Pallarés pide un año de cárcel por poner una pancarta en los balcones de la Confederación Canaria de Empresarios. Y es que los jueces y fiscales estiman que mientras la propiedad empresarial no debe ser ocupada bajo ningun pretexto, hay que ser displicentes con la dilapidación de los dineros publicos por parte de empresarios y politicos corruptos.
La Sala Segunda del Supremo hizo pública este martes su sentencia sobre el caso, en la que elimina los delitos de malversación y prevaricación y mantiene la condena por tráfico de influencias.
MATA Y LAS CINCO SINDICALISTAS CANARIAS
Las penas de hasta dos años de cárcel permiten el cumplimiento fuera de prisión siempre que no pesen sobre el reo antecedentes penales anteriores y no se produzca ninguna otra condena posterior. El caso de este político corrupto del PP fue muy notorio en los medios de comunicación españoles. La sentencia que ahora corrige el Tribunal Supremo contrasta con la petición fiscal contra cinco mujeres sindicalistas canarias para las que el fiscal Pallarés pide un año de cárcel por poner una pancarta en los balcones de la Confederación Canaria de Empresarios. Y es que los jueces y fiscales estiman que mientras la propiedad empresarial no debe ser ocupada bajo ningun pretexto, hay que ser displicentes con la dilapidación de los dineros publicos por parte de empresarios y politicos corruptos.
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