Los "expertos" de la banca hacen bien el trabajo encargado por sus amos: recorte brutal de las pensiones y retraso de la edad de jubilación en el horizonte

por Kaos. Laboral y Economía

Si el proyecto que el gobierno quiere aplicar, a instancias de la troika, sale adelante, las pensiones sufrirán un recorte constante en el futuro por dos vías: la rebaja del importe de la pensión y el retraso en la edad de jubilación.

El comité de "doce expertos" - vinculados en su gran mayoría a la banca y las aseguradoras, principales interesadas en la privatización de las pensiones- al que el Gobierno pidió su opinión sobre la reforma del sistema de pensiones ha aprobado su informe definitivo con un voto en contra y una abstención, además de con tres votos particulares aunque el consenso ha resultado imposible.

Los miembros afines al PSOE y la UGT -parece evidente que por intereses puramente electorales, dada su posición favorable a la reducción de las pensiones, como muestra el "pensionazo" de Zapatero- han roto el acuerdo entorno al documento final sobre el factor de sostenibilidad. Santos Ruesga ha votado en contra y José Luis Tortuero se ha abstenido. Sin embargo lo más significativo es que el técnico de CC.OO, Miguel Ángel García Díaz, ha suscrito la propuesta aunque con un voto particular.

Este resultado permite anticipar que el Gobierno podrá contar con el apoyo de Comisiones Obreras para poner en marcha la reforma de las pensiones, lo que no debe escandalizar a nadie ya que, al fin y al cabo y en una situación de crisis de las finanzas de los grandes aparatos burocráticos, una fuente de financiación de primer nivel para ellos es la gestión de fondos de pensiones privados -objetivo último de la reforma de las  pensiones para la banca-, amén de la adaptación capitulante a los postulados neoliberales de ambos sindicatos.  La discrepacia de los socialistas, sin crediblidad alguna y meramente oportunista, previsiblemente se escenificará de nuevo en el Pacto de Toledo. Cabe recordar también para hacerse una idea cabal del giro derechista  de Comisiones Obreras, que este sindicato convocó la primera huelga general desde la transición precisamente contra el recorte en pensiones que en 1985 impusieron el gobierno social-liberal de Felipe González y su ministro de trabajo Joaquín Almunia (cuando las pensiones se calculaban en base a los dos últimos años de cotización).

El “factor de sostenibilidad” propuesto por los "expertos" -en realidad mercenarios del capital financiero al servicio del gobierno neoliberal de turno- consta de dos fórmulas. La primera recoge los criterios para actualizar las pensiones. Para ello se tomarán como referencia once años. Los cinco previos al ejercicio en curso, el año de referencia y una proyección de los cinco siguientes. Si la media de ingresos en dicho periodo es superior a la media de gastos, las pensiones pueden aumentar con referencia en el IPC. Pero en el caso en que los gastos superen a los ingresos, el Gobierno debería congelarlas o retocarlas a la baja. Es evidente, en consecuencia, que la intención que reposa detrás de este factor es la rebaja sostenida de las pensiones futuras, abriendo la puerta a que puedan ser congeladas o recortadas arugumentando razones económicas, mientras se seguirán detrayendo recursos de la Seguridad Social mediante la rebaja de las cotizaciones sociales de la patronal, tal como exigen una y otra vez los empresarios y recomiendan los organismos e instituciones económicas del capital (Banco de España, BCE, troika, OCDE).

La segunda fórmula que está vinculada a la esperanza de vida -que cada 8 años aumenta en uno-. Esto significa que la edad de jubilación se irá ajustando en función de estos cambios. Se les aplicarà además un dato de esperanza de vida completamente falso: estudios demográficos muestran que la esperanza de vida de los trabajadores es inferior a la de las capas sociales superiores.

Aplicación gradual

El Gobierno se ha planteado la aplicación del citado factor en dos fases. Ya desde el principio entraría en funcionamiento la fórmula que vincula la revalorización de las prestaciones a la evolución de la economía, dejando para 2019 la vinculación de las pensiones y el derecho a la jubilación a la esperanza de vida, planes que deben recibir el visto bueno de la troika comunitaria de la que, en todo caso y vista la voracidad del capital financiero a que representan, sólo cabe esperar un eventual endurecimiento.

Por supuesto que el gran argumento que utilitzan todos (troika, gobierno, "expertos"...) para este proceso de desmantelamiento del derecho a la jubilación -verdadero golpe de gracia a este derecho de consecuencias infinitamente superiores a las contrarreformas vividas desde el 85, primero, y con el pacto de Toledo de 1995, después- es que sus medidas resultan imprescindibles para asegurar la sostenibilidad de las pensiones en el futuro, dado que el gasto supera  el 10% del PIB y se ha convertido en la principal amenaza para reducir el déficit público, como si numerosos y rigurosos estudios de economistas independientes (sin ir más lejos Vicenç Navarro y Juan Torres López, o el mismo Martín Seco) no hubieran demostrado la falsedad interesada de esos argumentos.

Conclusión: los trabajadores se jubilarán más tarde y con una pensión baja que seguirá disminuyendo en el futuro, salvo que la lucha clases -y en ella nada se puede esperar de CCOO y poco de la UGT, situados al otro lado de la barricada- lo impida. Por consiguiente, el mensaje que nos lanzan es claro: ¡háganse ustedes, si pueden, un fondo de pensiones! Tarea en la cual colaborarán encantados los sindicatos burocráticos, contribuyendo a que una parte del salario directo se convierta en diferido a través de la negociación colectiva, y sacando buena tajada de su gestión para mantener a sus privilegiados burócratas.

Kaos. Laboral y Economía

Enlace al informe:
http://file01.lavanguardia.com/2013/06/07/54375783273-url.pdf