La unificación de laboratorios muestra el camino a la privatización sanitaria llevada a cabo por la Junta.
02/04/13
inforelacionada
Una nómina de trabajo de un día y al 75%; nóminas de menos de 30 euros/día; recortes del 10% en el sueldo; subcontratación de personal externo que sustituye a la apertura de plazas internas; trabajo médico que se hacía en jornadas de 37,5 horas semanales y que ahora se hace en 28; reducción de las sustituciones y la unificación de laboratorios. ¿De qué estamos hablando? Del suma y sigue de los recortes en Sanidad en Andalucía. Ya se entrevé una estrategia hacia la privatización de la sanidad y así lo alertan los sindicatos.
La Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE con el apoyo de Izquierda Unida, está aplicando recortes económicos en prestaciones sociales amparándose en la imposición del Gobierno estatal del Partido Popular (PP). En la actualidad, la Consejería de Sanidad sigue el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía (2011-2013) anunciado en el consejo de ministros de 3 de Septiembre de 2010, cuando estaba en el poder el PSOE de Rodríguez Zapatero.
En esta fecha ya se marcó el “ahorro” de fondos públicos por medio de la eliminación de las sustituciones de personal en verano. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) estima que el 40% de su personal sanitario contratado es eventual. Un ejemplo de cómo se está gestionando la sanidad son los 22 millones de euros que la Junta de Andalucía ahorró en sustituciones en atención primaria en verano de 2012.
La precarización de los servicios sanitarios puede llevar a justificar la privatización progresiva del sistema en su conjunto
De momento, se han detectado tres pilares principales que atacan a la sanidad en la actualidad: la unificación de laboratorios, la precarización del trabajo y los recortes económicos que implican peor atención sanitaria y marcan el camino hacia la privatización.
Contratación de celadores
Las jornadas laborales se han reducido, pero no el número de pacientes que debe atender el personal sanitario.Por tanto, se debe hacer el mismo trabajo en un 25% menos de tiempo, por una retribución salarial reducida al mismo porcentaje. Esto ha llevado a la contratación de personal día por día con nóminas que en ocasiones no alcanzan los 30 euros.
La precarización de los servicios sanitarios puede llevar a justificar la privatización progresiva del sistema en su conjunto, como ya está sucediendo en otras comunidades autónomas, por lo que diferentes organizaciones y sindicatos han dado la señal de alarma. Un ejemplo del avance de las privatizaciones es la contratación de celadores a través de empresas privadas, como en el caso de los hospitales Macarena y Virgen del Rocío, donde la contrata Infinity lleva este servicio.
Según la sección sindical de CC OO, la unificación de laboratorios "es el primer paso hacia la privatización”. Ya se conoce la propuesta de un edificio de servicios sanitarios unificado en La Cartuja. Este edificio sería construido y equipado por iniciativa privada. Mientras, la Sanidad Pública sería la encargada del personal sanitario, una forma de gestión que comenzó a aplicar el Gobierno popular de Esperanza Aguirre en algunos hospitales de Madrid. Desde CC OO alertan que esta unificación significa el despido de muchos trabajadores. Además, hay direcciones que ya han reconocido que con la unificación de servicios “sobraría” personal. La dirección de Valme ha afirmado que con la unificación quedarían en su laboratorio “las urgencias y poco más”. Y la dirección del Hospital de la Macarena confirma que “les sobraría el 50% del personal de los laboratorios”.
Cifras del proceso de privatización
27% de las camas hospitalarias pertenecen a gestoras privadas. De los 88 hospitales andaluces sólo 29 son 100% públicos
144 El Servicio Andaluz de Salud está 144 euros por debajo de la media de gasto por paciente en España.
65 Un 28% de los 65 hospitales privados tienen conciertos establecidos con la sanidad privada. Hay 17 hospitales concertados.
1,5 millones de andaluces tienen algún tipo de
seguro médico privado, lo que supone casi un 18% de la población y
convierte a la Comunidad a la tercera en este tipo de seguros, tras
Madrid y Catalunya.
0,56 La tasa de hospitales públicos por cada cien
mil habitantes en Andalucía es de 0,56; la del resto del Estado, 0,71.
Entre 1995 y 2005, el número de centros privados aumentó un 282%.
Tres casos de afectados:
PEDIATRA
“Soy Pediatra y no podemos ofrecer citas suficientes para los pacientes. Estoy asumiendo las citas de mi compañero, por tanto hay mayor número de urgencias. Al no dar citas en un mes se pierden revisiones que no se pueden recuperar. Los cupos están sobredimensionados por encima de 1.500 niños por pediatra”. .
“Soy Pediatra y no podemos ofrecer citas suficientes para los pacientes. Estoy asumiendo las citas de mi compañero, por tanto hay mayor número de urgencias. Al no dar citas en un mes se pierden revisiones que no se pueden recuperar. Los cupos están sobredimensionados por encima de 1.500 niños por pediatra”. .
MÉDICO INTERNISTA
“Soy internista en un hospital de la provincia de Málaga. Desde hace años estoy con contratos eventuales y ahora al 75% de la jornada. Estoy pendiente de hacerme una operación que salió mal. No sé si me podré operar alguna vez, porque si hay otra complicación y tengo que pedir la baja me veo en la calle”.
MÉDICO
“La sensación negativa y de frustración que te genera el atender a los pacientes a contrarreloj, lo cual deja insatisfecho tanto al paciente como al médico. El aumento del riesgo de error en cualquiera de los actos médicos que tiene la consulta médica. Aumento del nivel de estrés laboral, estrés que te llevas contigo a casa”.
http://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/30-euros-por-dia-contrato-la-sanidad-andaluza.html
Los desencuentros entre la Junta y el Ministerio han sido constantes.| Kiko Huesca | Efe
La sanidad andaluza: mucho ruido y pocas nueces
- Los indicadores de esta CCAA no siempre permiten evaluar bien los resultados
- Se prima el ahorro sobre el buen hacer, denuncian estos especialistas
Según el Padrón Municipal de habitantes del Instituto Nacional de
Estadística (INE), la población de derecho en Andalucía es de 8.370.975
personas (a 1 de enero de 2010), siendo la región más poblada de España y
representando el 17,8% del total nacional. La economía andaluza es la
tercera economía de España en cuanto al tamaño de su Producto Interior
Bruto (PIB). En términos nominales, en el 2010 fue de 147.806 millones
de euros, lo que represento el 13,9% del total nacional. El PIB per
cápita se situó en 17.656,9 euros, el 78,1% de la media nacional.
El número de hospitales en nuestra CCAA a fecha de 2011 es de 105, de
los que 44 son públicos, nueve hospitales privados benéficos y 48
hospitales privados no benéficos [con ánimo de lucro]. El número de
camas hospitalarias totales es de 22.231 (en 2005 eran 22.784), de las
cuales 18.229 son publicas o concertadas y 4.002 están en hospitales
privados (546 camas más que en el 2005). El porcentaje del presupuesto
dedicado a conciertos con entes privados fue del 4,72, siendo de los
menores a nivel nacional.
Por cada 1.000 andaluces existen, según el último informe publicado
por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
(FDASP, enero 2013): 2,38 camas hospitalarias públicas; 1,43 médicos y
2,63 enfermeros en Atención Especializada (los más bajos de España), y
0,73 médicos y 0,56 enfermeros en Atención Primaria. Andalucía se
encuentra entre las comunidades con consultas de Primaria superiores a la media nacional (incluyendo enfermería) e ingresos hospitalarios inferiores a la media.
Los logros sanitarios más significativos
en nuestra CCAA (según la Junta de Andalucía) han sido: equidad,
eficiencia, uso racional del medicamento y sistema de incentivos a
profesionales.
Así, el diferencial entre los tramos de ingresos altos y bajos en
buena salud percibida es más acentuado para el conjunto de España que en
Andalucía. Tampoco existen diferencias en la frecuentación a consulta
médica en función de la renta del paciente.
Los parámetros de eficiencia usados en la evaluación del Sistema de
Salud Público Andaluz (SSPA) indican unos buenos resultados: bajo gasto sanitario público por persona protegida versus esperanza de vida a los 65 años, y bajo gasto en farmacia.
Respecto al uso racional de medicamentos, nuestra
comunidad fue pionera en la prescripción por principio activo,
situándose actualmente en más del 85% del total de prescripciones,
aunque con mucha diferencia entre atención especializada y primaria. El
gasto por receta facturada en el SSPA es de los más bajos en nuestro
país, siendo de 11,34 euros/receta en el 2010.
La evolución del gasto en Atención Primaria sobre el gasto sanitario
público en Andalucía desde 2002 a 2009 se ha situado en torno al 17% y
por encima del conjunto de CCAA, con una diferencia porcentual de
alrededor de 2,7 puntos, a raíz del pacto andaluz por el desarrollo de
estrategias para la Atención Primaria del siglo XXI, del año 2002.
Otra de las características son los incentivos a profesionales, que
se realizan por resultados y no en función de los actos médicos, y desde
hace años funcionan las Unidades de Gestión Clínica (UGC), un diseño
organizativo que permite incorporar a los profesionales en la gestión de los recursos utilizados en su propia práctica clínica.
'Much Ado About Nothing' (mucho ruido y pocas nueces)
¿Bueno, bonito y barato? Si unimos un catálogo de prestaciones más
generoso que el de Reino Unido, junto a una creencia popular de que "lo
que es de todos no es de nadie" y una fuerte percepción de que 'quien
paga manda' (prepotencia gerencial), todo a la vez 'difícil es'.
En nuestra CCAA -desde tiempos pasados- la equidad suele confundirse
con la igualdad, y la mayoría de los indicadores sanitarios empleados
por la Junta son de igualdad de acceso de la población (tiempos de
espera para consultas, pruebas o intervenciones; utilización de las
consultas de AP, etc.), no siendo adecuados para conocer la verdadera
equidad sanitaria (mas o mejor acceso quien más lo necesite).
Hay diferencias importantes entre zonas rurales y urbanas,
al menos en Atención Primaria, con ausencia de pediatras en muchas
zonas con desigualdades de acceso para la población; lejanía de pueblos a
centros de referencias para pruebas complementarias con nulo desarrollo
de los Centros de Alta Resolución de Especialidades (CARE) rurales,
prometidos tantas y tantas veces en períodos electorales.
Además, los resultados sanitarios obtenidos a veces pueden estar sesgados por un mal uso de indicadores.
Así, a pesar del buen resultado al comparar gasto y esperanza de vida,
si aplicásemos otro criterio de efectividad (mucho más equitativo)
obtendríamos datos diferentes pues estamos situados entre las CCAA con
menor esperanza de vida libre de incapacidad.
De otra parte, aunque no cabe duda del gran auge en estrategias para el uso racional de medicamentos,
la realidad es otra, ya que hasta hace poco tiempo se seguían
financiando medicamentos de bajo o nulo valor terapéutico retirados de
la financiación nacional hace más de una década. También coexiste una
política de incentivos monetarios y presiones gerenciales hacia los
médicos para el impulso de prescripción por principio activo,
realizándose lo que tantas veces ha sido criticado a otros sectores
sanitarios. Por no hablar del déficit a los proveedores (incluidos los
farmacéuticos).
Los incentivos implantados en muchos de nuestros hospitales, suelen
ser aquellos que premian el ahorro y no la calidad y el buen hacer o la
excelencia profesional. Los objetivos de gestión clínica se plantean por
Unidad y no individuales (por profesional) con lo cual se esconden
muchas veces en el grupo para no evaluar de forma correcta y no aplicar
objetivos asistenciales claros, primando claramente el capítulo 1 de
Gasto y el de Farmacia por encima de cualquier otro.
Desde la Consejería de Sanidad se pregona la acreditación individual,
que no se manifiesta en mejora al profesional, no se refleja en la
microgestión y la consecución de objetivos es generalizada (café para todos) no según grado de ineficacia o poca efectividad o mala prescripción, etc.
Existe una clara miopía gerencial (o degeneración macular), que no
evalúa los resultados en salud sino los resultados economicistas: cuánto
has ahorrado en estatinas o en antihipertensivos o en antidiabéticos
orales, en vez de cuántos infartos, ictus, amputaciones en diabéticos o
muertes has evitado. A esto se puede sumar el exceso de celo de algunos
profesionales produciendo medicamentos no autorizados en ciertas
patologías graves.
Claro que nuestro sistema es barato, sobre todo cuando los sueldos de los profesionales sanitarios están entre los más bajos de nuestro país.
Actualmente, con la crisis, existe una clara ausencia de inversión en
estructuras y recursos humanos en Primaria y Hospitalaria, con
amortización de plazas y no cobertura de ausencias cortas o largas con
detrimento claro de la calidad en la atención por tener que asumir el
resto de profesionales el cupo o la labor de ese compañero.
En cualquier sistema sanitario del mundo lo importante es que los
profesionales tengan la información y los incentivos convenientes para
tomar decisiones clínicas coste-efectivas (V. Ortún),
y esto con las UGC impuestas y cargos asignados (recolocación
gerencial) nunca será posible (por ejemplo, se hace énfasis en la
participación en la micro-gestión, cuando están inoperativos los
Consejos de Salud en la planificación macro de las políticas sanitarias;
o se ha renunciado a trabajar con el movimiento asociativo de
pacientes; o una completa ausencia de la participación de los
profesionales y la recogida de consenso en las UGC).
¿Que hemos perdido por falta de conocimiento y clientelismo/servilismo gerencial hacia la clase 'política'
en nuestra CCAA? Pues, pasar de la gestión basada en el simple ahorro a
una gestión más compleja y racional basada en criterios de evidencia y
eficiencia, en el manejo de datos económicos y la revisión continua de
los resultados.
A río revuelto, ganancia de pescadores, o lo que es igual: sanidad
privada. Si se hunde el sector público hay oportunidad de negocio (algo
que decía un profesor universitario y asesor sanitario).
Antonio García Ruiz y Nuria García-Agua Soler,
especialistas de la Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del
Medicamento (Departamento de Farmacología de la Universidad de Málaga).
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/02/08/noticias/1360315856.html
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