La jueza que lleva el caso de los ERE en Andalucía vincula en la trama a CC.OO y UGT
La juez que investiga los ERE fraudulentos afirma en sus últimos
autos de prisión que el sistema de ayudas se había convertido en un
"verdadero negocio" en el que las mediadoras "corrompían" a cargos
públicos y los sindicatos buscaban "nuevas empresas en situación de
crisis para incrementar el negocio".
En los autos de prisión, la juez Mercedes Alaya dice que los ERE se
habían convertido en un "negocio bilateral" en el que...
los directivos de
las aseguradoras "previo ofrecimiento de dádivas" al exdirector general
de Trabajo Francisco Javier Guerrero -encarcelado el miércoles- se
garantizaban que se "obviaría la celebración de un concurso público para
la adjudicación de los servicios de mediación de seguros".
La juez incluye en la "trama corrupta" a la autoridad pública que
"permitía la ilícita disposición de los fondos de la Administración" y a
los sindicatos CCOO y UGT e intermediarios en los ERE, que "seguían
buscando nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el
negocio".
Esta distracción de fondos públicos suponía "todo un proceso en el
que han de intervenir múltiples actores: por un lado la Consejería de
Empleo, otorgando las subvenciones, y por otro las consultoras,
intermediarios y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de
reestructuración empresarial".
En el caso de la mediadora Vitalia, Alaya cree que al menos ordenó el pago a CCOO y UGT de 4.291.384 euros.
El sistema permitió a las aseguradoras cobrar "sobrecomisiones
elevadísimas, superiores en un 15%" a las de mercado, que eran
soportadas en su mayor parte por la Junta de Andalucía a cambio, para
los políticos implicados, de "importantes gratificaciones" y de la
posibilidad de incluir como beneficiarios de las pólizas a "personas
cercanas a su entorno privado o político".
En el caso del exdirector de Vitalia Antonio Albarracín, que fue
encarcelado a las 7.00 horas de hoy, este sistema permitió "importantes
beneficios para su empresa", a la vez que él pagaba
presuntamente "comisiones a todo aquel que hubiera facilitado que
Vitalia gestionara las pólizas derivadas de los procesos de
reestructuración".
Entre otras cosas, le imputa haber pagado al intermediario Juan
Lanzas -también encarcelado hoy- 1.964.763 euros solo en el periodo
2003-2007, pero además le incluyó a él mismo y a su esposa en el ERE de
Hytemasa e intentó de nuevo incluirlo en el ERE de 2007 de Mercasevilla.
Además, la póliza de Lanzas y su esposa se pagó por una "cantidad
notablemente superior a la que aparecía en sus certificados" pues
alcanzó los 227.509 euros en lugar de 29.627 para él y 18.144 para ella.
Consentimiento de la Junta
La Junta de Andalucía "consentiría este hecho en claro perjuicio del
erario público", como también la inclusión en los expedientes de esposas
de sindicalistas y amigos de Juan Lanzas", entre ellos César Braña,
fallecido consejero delegado incluido en el ERE de HAMSA y "antes
gobernador civil por el PSOE de Burgos y Cádiz", dice Alaya en uno de
los autos.
"La sobrecomisión ha dejado de ser algo que pasara desapercibido para
la administración, con una pasividad que irritaba a muchos, al ser el
verdadero alimento de una trama corrupta del que se nutre no solo la
mediadora, sino, presuntamente, y a espaldas de ésta, sus principales
responsables", añade la juez.
Alaya ha dictado prisión en las últimas horas para Juan Lanzas,
Antonio Albarracín y Francisco Javier Guerrero, y en las próximas horas
va a tomar declaración a ocho personas que permanecen detenidas desde el
miércoles.
Albarracín, dice la juez en el auto de prisión contra él, pasó de ser
titular de cuatro inmuebles a comienzos de 2001 a poseer en 2011 un
total de 16 inmuebles, de los que "al menos ocho" procedían de las
sobrecomisiones.
Agencias/ecodiario
Tomado de inSurgente
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