Un informe de Cifuentes califica el 15M como "un tipo de delincuencia"
eldiario.es
El
Plan Integral sobre Lavapiés aprobado por la Delegación del Gobierno de
Madrid, la Comunidad y el Ayuntamiento, afirma que el 15M y el
movimiento okupa son “un tipo específico de delincuencia”
El informe denomina grupos antisistema a los movimientos sociales que intentan detener controles policiales de identificación de inmigrantes basados en perfiles raciales, y afirma que el 15M auspició "estos incidentes"
La Federación de Asociaciones de Vecinos denuncia un intento de criminalizar algunos movimientos sociales
El informe denomina grupos antisistema a los movimientos sociales que intentan detener controles policiales de identificación de inmigrantes basados en perfiles raciales, y afirma que el 15M auspició "estos incidentes"
La Federación de Asociaciones de Vecinos denuncia un intento de criminalizar algunos movimientos sociales
Asamblea de barrio del 15M en Madrid (EFE)
El
Plan Integral sobre el barrio de Lavapiés elaborado por la Delegación
del Gobierno de Madrid, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid - y
aprobado en diciembre de 2012- ha hecho saltar las alarmas en diversos
sectores vecinales y sociales madrileños. En él se da prioridad a
cuestiones relacionadas con la seguridad y se estigmatiza a movimientos
como el 15M.
En el apartado de propuestas de
asociaciones de empresarios, comerciantes y vecinos el informe menciona
demandas y sugerencias presentadas por algunas de ellas:
Extracto del Plan Integral sobre Lavapiés
Más adelante, y ya fuera del apartado de sugerencias de las asociaciones, el Plan califica de antisistema a
los grupos que intentan detener los controles policiales de
identificación basados en perfiles étnicos y raciales, una práctica cuya
existencia fue reconocida por el propio Sindicato Unificado de Policía y
que la ONU ha exigido erradicar.
En
referencia a estos grupos que califica como "antisistema", el Plan
afirma que "estos incidentes fueron incrementándose hasta llegar a su
punto más álgido en el verano de 2011 y siempre auspiciados por el
movimiento denominado 15M, manteniéndose su incidencia el resto del año y
en el inicio de 2012":
Extracto del Plan Integral
A
lo largo de sus páginas, el Plan Integral insiste en los problemas de
seguridad de Lavapiés. Y, al hablar de ellos, menciona de forma
inmediata la diversidad social, cultural y racial del barrio, a cuya
existencia atribuye las causas de "tensiones y problemas de convivencia,
es decir, conductas incívicas, la mayoría de ellas de difícil encaje
sancionador, ya sea penal o administrativo".
Extracto del Plan Integral
Extracto del Plan Integral
A pesar de que la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
(FRAVM) ya advirtió de que el enfoque anunciado para el Plan era
“irresponsable porque estigmatiza y no responde a la verdad”, las
autoridades han mantenido las líneas principales del mismo en su
redacción final.
"Intentos de criminalización"
“La
ciudadanía activa no es parte del problema, sino de la solución. A
pesar de que ya criticamos en su día los intentos de criminalización de
una parte de los movimientos sociales, finalmente el informe ha
mantenido esa línea”, lamenta el presidente de la FRAVM, Ignacio Murgui,
en declaraciones a eldiario.es.
“Las asociaciones vecinales ya han dicho que no hay graves problemas de inseguridad en la zona, que los problemas se derivan por la falta de inversiones públicas”, añade.
Del mismo modo se expresa el presidente de la Asociación de Vecinos La Corrala de Lavapiés, una de las agrupaciones que ha mantenido reuniones con representantes de la Delegación del Gobierno para abordar el Plan Integral.
“Sinceramente, no estamos de acuerdo con ese enfoque que ataca a algunos movimientos sociales, de los que no formamos parte pero que desde luego no son problema”, indica el presidente de La Corrala, Manuel Osuna.
“Las asociaciones vecinales ya han dicho que no hay graves problemas de inseguridad en la zona, que los problemas se derivan por la falta de inversiones públicas”, añade.
Del mismo modo se expresa el presidente de la Asociación de Vecinos La Corrala de Lavapiés, una de las agrupaciones que ha mantenido reuniones con representantes de la Delegación del Gobierno para abordar el Plan Integral.
“Sinceramente, no estamos de acuerdo con ese enfoque que ataca a algunos movimientos sociales, de los que no formamos parte pero que desde luego no son problema”, indica el presidente de La Corrala, Manuel Osuna.
"Menos Policía, más inversiones"
“Nuestros
problemas no son de seguridad, y sin embargo el informe aborda con
insistencia los temas de seguridad. Los problemas de Lavapiés son otros,
son temas relacionados con el urbanismo o con la limpieza, por ejemplo.
Necesitamos del Plan de Rehabilitación Integral pero se va a suspender.
En cuanto a la limpieza, se nota que hay menos personal, el barrio está
más sucio y somos el único sin contenedores amarillos en todo el
centro”, afirma Osuna.
Y añade: “ Se intenta
estigmatizar a Lavapiés. Tenemos la suerte de tener un 60% de nuevos
vecinos, lo que demuestra que este barrio sigue vivo, y esto es motivo
de orgullo. Es la única zona de Madrid donde a las diez de la noche la
calle está llena de gente en pleno invierno”.
"No se necesita más Policía, sino inversiones en equipamiento y servicios públicos", remata Murgui, de la FRAMV.
De
hecho el Plan Integral, aunque dedica buena parte de su contenido a
necesidades "de seguridad y convivencia", reconoce que en Lavapiés "no
hay un problema de delincuencia específico", y que "la tasa de
criminalidad está muy por debajo de la media del distrito" Centro de
Madrid.
Desde el grupo municipal de Izquierda Unida
también se ha defendido a los movimientos sociales criminalizados o
estigmatizados en el Plan.
"El 15M y
el resto de movimientos del barrio están haciendo una gran labor social
con decenas de iniciativas de todo tipo, desde la lucha contra los
desahucios y recuperación de espacios públicos, hasta iniciativas
educativas, de mejora de la convivencia o de apoyo al pequeño comercio y
la hostelería del barrio", ha indicado a eldiario.es el concejal de IU
Jorge García Castaño.
"Intentos de deslegitimar los actos contra las redadas racistas"
En
cuanto a las referencias que el informe hace a las actuaciones de
movimientos vecinales para detener determinados controles policiales, a
los que denomina "grupos antisistema", las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos
consideran que hay un intento claro de deslegitimar a los colectivos o
personas que denuncian que las redadas policiales racistas siguen
produciéndose.
"No nos extraña este informe, es la
actitud habitual de la Delegación del Gobierno, sobre todo desde julio
de 2012. Se deslegitiman las acciones contra las redadas racistas y se
mantienen sanciones a personas que han denunciado este tipo de controles
de identificación. Hay intentos por normalizar la equiparación y
relación entre inmigración, delincuencia y seguridad ", denuncia
Natalia, de las Brigadas Vecinales, quien subraya que "quienes tienen
que dar explicaciones son las autoridades, no los colectivos que
denuncian estas prácticas policiales y que defienden nuestros derechos".
"La
actuación de la sociedad civil ante este tipo de prácticas policiales
que han sido condenadas por la ONU es absolutamente legítima. Son
acciones siempre pacíficas", añade.
Otra integrante de
las Brigadas Vecinales, Teresa, hace hincapié en que tanto los
controles de identificación policiales a inmigrantes como las acciones
contra las redadas racistas se registran en muchos puntos de Madrid, y
no solo en Lavapiés, "pero está claro que siempre hay intentos de
estigmatizar determinadas zonas de la ciudad".
"Ahora
que las redadas racistas están muy visibilizadas, que cada vez más gente
de diferentes esferas está informada o actúa contra esta barbaridad y
aberración que son estos controles de identificación policiales guiados
por los rasgos étnicos o raciales, la estrategia de las autoridades pasa
a ser la siguiente: se afirma que los controles son siempre por
prevención de la delincuencia y tráfico de droga. De este modo ligan aún
más delincuencia con inmigración. Es lo que hemos denunciado en
nuestros nuevo informe", indica.
Recientemente las Brigadas Vecinales presentaron una demanda
contra la Delegación del Gobierno de Madrid por vulneración del derecho
a la libertad de expresión, de información y de reunión "de una
compañera nuestra a la que el Ministerio del Interior ha tratado de
disuadir de abandonar su labor de observadora de derechos humanos
mediante una multa y el consiguiente infierno de “lucha” burocrática que
la acompaña". La demanda ha sido admitida a trámite.
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