El mito de la vuelta al “Estado del Bienestar”: otro capitalismo es imposible, un comunicado de Red Roja
El mito de la vuelta al “Estado del Bienestar”: otro capitalismo es imposible, un comunicado de Red Roja
El pasado 20 de febrero se hizo público un Manifiesto 1 “En defensa del Estado del Bienestar y de los servicios públicos” firmado por cuarenta organizaciones entre las que se encuentran algunas organizaciones como CC.OO, CEAPA o la FADSP.
Su aparición debe vincularse con el auge de un discurso que, coincidiendo con la pérdida del poder político del PSOE en el gobierno del Estado, CC.AA y Ayuntamientos, propone como solución a la crisis la vuelta a una especie de paraíso perdido, llamado “Estado del Bienestar”; una treta, que lo único que persigue es precisamente mantener el “bienestar” de toda la nebulosa que accedió a la gestión del capitalismo en el estado español de la mano del PSOE en lucha puramente interna de poder con los exfranquistas (hoy en el PP) y en medio de una gravísima crisis sistémica que amenaza por afectar a los propios equilibrios dentro del bloque dominante recompuesto tras la Transición.
Efectivamente, hay un cinismo en origen en plantear ahora, por parte de organizaciones que se sitúan ideológicamente en la órbita del PSOE – y que han sido generosamente subvencionadas – unas políticas que han sido sistemáticamente negadas por los gobiernos “socialdemócratas”, tales como fiscalidad progresiva, gestión pública directa de los servicios públicos o financiación suficiente de los mismos.
La desfachatez alcanza cotas delirantes cuando se dice que “las políticas de bienestar social y las propuestas relacionadas con los servicios públicos han sido elementos esenciales en el proceso de construcción europea” o que “la evolución de los estados democráticos en Europa ha estado vinculada al desarrollo del Estado de Bienestar Social, conocido como el Modelo Social Europeo”.
Una de las constantes en las declaraciones de este tipo de organizaciones es incidir en los “recortes sociales” sin señalar el objetivo esencial al que ha venido respondiendo durante muchos años: las privatizaciones.
Tanto en sanidad, como en educación, como en los servicios sociales, con la complicidad necesaria de todos los gobiernos – estatales, autonómicos y municipales – se ha producido desde la Transición un proceso continuado de penetración del capital privado en los servicios sociales públicos.
Ciertamente ahora, con la profundización de la crisis sistémica, muchos “recortes sociales” responden simple y llanamente a una política de transferencias desde la esfera social a la financiera para salvar y fortalecer a los mismos que han provocado la crisis; una política de expropiación social, donde también la única disputa real entre pepistas y “centroizquierdistas” gira en torno a quién se lleva las prebendas por gestionar esa política.
En este tipo de manifiestos, que mal encubren a quien defienden, se oculta que los conciertos en educación con la enseñanza privada– sobre todo religiosa- fueron obra de gobiernos socialistas, que en sanidad – tras un proceso de privatizaciones de servicios hospitalarios- la Ley 15/97 permite la entrada masiva del capital privado en la gestión de los centros sanitarios (votada por PP,PSOE, CiU, PNV y CC) y que los precarios servicios sociales han sido subcontratados por ayuntamientos y CC.AA de todo color político.
Lo que se pretende enmascarar es que los diferentes gobiernos, independientemente del color político, sirven – con los correspondientes sobornos que pocas veces salen a la luz pública – a una estrategia general del capitalismo. Su ocultación les hace cómplices, no sólo por ocultar sus objetivos – que conocen perfectamente – sino por contribuir con el poder económico que reciben y con el acceso a los medios de comunicación que les ofrecen, a debilitar la respuesta social ante tamaño atropello.
Un intento desesperado de legitimar la UE y la Constitución Española.
Es imposible que los redactores y firmantes de dicho Manifiesto ignoren que las políticas neoliberales implementadas por el capitalismo a escala mundial desde los años setenta han supuesto un sistemático recorte del gasto social público y que en el Estado español, desde 1980, el desfase ha pasado de ser de cinco a siete puntos en relación al PIB con respecto a la media de la UE.
El falseamiento deliberado que se hace obedece al objetivo de insistir en el mito de un “modelo social europeo”, que tan útil fue al PSOE en 1986 para vender la entrada a un paraíso de derechos sociales y laborales, - ya en plena descomposición - por el cual bien valía pagar el peaje de entrada en la OTAN.
Más grave es, si cabe, la afirmación que se hace en el citado Manifiesto de que: “La protección integral y la universalización de la cobertura, parte indispensable del Estado Social, han tenido su reflejo en las constituciones democráticas como la española, lo que supone un mandato a los poderes públicos para que desarrollen una política redistributiva activa que garanticen de forma real y efectiva los principios de igualdad, libertad y participación”.
Como estamos comprobando de forma dramática, todos los artículos de la Constitución Española que hacen referencia a derechos como el trabajo, la vivienda, las pensiones públicas dignas, la educación o la sanidad públicas de calidad son meros “principios de política social y económica” que los gobiernos de turno interpretan a su antojo. Son papel mojado frente al derecho a la propiedad privad o a la libre empresa que tienen carácter de derechos fundamentales y reivindicables directamente ante la justicia.
El Estado Social y Democrático de Derecho fue un pobre plato de lentejas para comprar la complicidad de una izquierda que vendió a los derrotados en la Guerra contra el Fascismo y al potente movimiento obrero y popular que se gestó en la lucha contra la Dictadura.
El señuelo del “modelo social europeo es directamente una estafa. Como cada vez se deja más a las claras, la Constitución Europea es la herramienta privilegiada para imponer un modelo de capitalismo salvaje, y principalmente al servicio de un núcleo duro imperial en torno a Alemania, en la que los derechos sociales, medioambientales y laborales, están en vías de extinción y subordinados a la hegemonía de la banca y las grandes multinacionales.
La famosa “carta secreta” de Trichet (presidente del BCE) y del “socialista” Fernández Ordóñez (gobernador del Banco de España) dirigida a Zapatero exigiéndole reducir el gasto social y privatizar, aún más, la sanidad y la educación, a cambio de vulnerar el artículo 123 de la Constitución Europea para comprar deuda pública y evitar así que aumentaran los intereses de la misma y evitar la quiebra del Estado, es suficientemente explícita.
Tanto la reivindicación del “modelo social europeo” como de los “aspectos sociales” de la Constitución, son engañifas destinadas a legitimar – ante unos pueblos progresivamente esquilmados en sus derechos - instituciones básicas del capitalismo europeo y español que han servido para legitimar una Transición que perpetuó el poder de las clases dominantes herederas de la Dictadura y de los nuevos ricos de la “democracia” de la mano del PSOE y del PP.
Por eso, aspirar a reformar la UE no es menos irreal que aspirar a reformar la OTAN y, a despecho de IU (e incluso de una parte de la izquierda extraparlamentaria), el primer paso que, de alcanzar el poder, habría de tomar todo proyecto mínimamente transformador sería el inmediato abandono de la Unión Europea y del euro.
Lo que el citado Manifiesto pone en evidencia una vez más, junto al Pacto Social, mil veces reeditado, sobre la base de la primacía de la aceptación de la competitividad como instrumento supremo para generar riqueza y crear puestos de trabajo, es la impagable – para el capital - función de este tipo de organizaciones para legitimar el orden establecido y evitar que la clase obrera y los pueblos descubran el expolio a que se les somete y actúen en consecuencia.
El imprescindible análisis histórico e internacionalista del Estado del Bienestar.
Ahora, una vez derribado el campo socialista, sobornados los sindicatos y desarticuladas las organizaciones obreras en todo el mundo, el capital ejecuta su contraofensiva. Sin embargo, la socialdemocracia, a pesar de estar recibiendo su refutación más definitiva por parte de los propios hechos, vuelve a ponerse de moda.
¿Para qué socializar los medios de producción, intercambio y distribución? Basta con resucitar el “modelo social europeo” (como sugiere el Manifiesto citado), incrementar los impuestos directos así como su progresividad (como propone Vicenç Navarro) y, como mucho, crear “una” banca pública -sin nacionalizar, faltaba más, la privada- o alguna especie de Tasa Tobin (como sugiere ATTAC).
La misma lógica proponen los economistas de Izquierda Unida, que hablan literalmente de que “hay alternativas” dentro del capitalismo. Una IU que, actualmente, ha abandonado las propuestas marxistas, adoptando plenamente las ideas neokeynesianas (es decir, una adaptación a la actualidad de las ideas de un economista cuyo objetivo declarado era salvar la sociedad de clases). ¿Problema? Que, en un capitalismo globalizado, los neoliberales tienen la razón: si haces eso, Moody’s rebaja tu rating, tu deuda se incrementa automáticamente y las empresas, simplemente, se deslocalizan y se van a otro país donde encuentren condiciones más ventajosas, hundiendo tu economía.
La socialdemocracia, sencillamente, ha devenido imposible. Por eso hoy día los reformistas son más utópicos que los revolucionarios: una salida de izquierdas para la crisis es imposible desde un punto de vista estrictamente técnico y sin abandonar el sistema económico capitalista. Máxime en países como el nuestro, que, al haber estallado en el mismo centro del sistema una crisis que durante años se ha venido retardando en la periferia “tercermundista”, devienen ellos mismos la periferia de unos estados imperialistas mucho más fuertes que exigen que nos “neoliberalicemos” a marchas forzadas. Y es aquí que enlazamos precisamente con el aspecto principal a tener en cuenta en toda esta cuestión. El proyecto del Estado del Bienestar no puede separarse de su carácter imperialista, ya que las concesiones en las metrópolis del Primer Mundo están estrechamente ligadas a la sobreexplotación histórica de las neocolonias.
Dicha explotación ha financiado, en última instancia, la “economía social de mercado”, al producirse una redistribución internacional de salarios entre los explotados. A consecuencia de dicha redistribución, los trabajadores del Primer Mundo se han beneficiado objetivamente de la explotación de sus equivalentes en el Tercer Mundo. Ya lo dijo el Che Guevara en “El socialismo y el hombre en Cuba”: “Cabría aquí la disquisición sobre cómo en los países imperialistas los obreros van perdiendo su espíritu internacional de clase al influjo de una cierta complicidad en la explotación de los países dependientes y cómo este hecho, al mismo tiempo, lima el espíritu de lucha de las masas en el propio país”.
Si el nivel de vida no se calculara dividiendo el PNB de un país únicamente por el número de habitantes del mismo, sino que en el denominador ubicásemos a todos los habitantes de otros países que, de un modo u otro, han contribuido a su riqueza, las estadísticas de los países imperialistas no serían tan halagüeñas. Por eso, abandonar la perspectiva mundial del proceso de explotación capitalista supone enmascarar el funcionamiento real del sistema.
La escuela mercantilista afirmaba que “el enriquecimiento de
una nación sólo se puede hacer a costa del empobrecimiento de otras”.
En realidad, el mercantilista concebía la riqueza únicamente en forma
de metales preciosos, que, obviamente, sólo podían incrementarse
atesorándolos en el extranjero. Sin embargo, el concepto de riqueza
actual no sufre una menor escasez que el de los mercantilistas. De
hecho, en la siguiente dirección, http://www.footprintnetwork.org/newsletters/gfn_blast_0610.html,
puede descargarse en lengua castellana un estudio del Global Footprint
Network (California) que analiza la Huella Ecológica del ser humano.
Este estudio concluye que el nivel de consumo por habitante promedio de
Estados Unidos y Europa es imposible de generalizar a toda la
población del planeta, porque serían necesarios, respectivamente, 5’3
(EE UU) y 3 (UE) planetas Tierra para ello.
La genealogía de esta
situación de privilegio tampoco es ningún misterio, ya que figura en
los libros de historia. Los países que experimentaron la revolución
industrial acudieron a los países precapitalistas por necesidades
comerciales, para extraer sus materias primas y para absorber mano de
obra barata. A pesar del transcurrir de los siglos, las antiguas
colonias, siempre retrasadas en la carrera tecnológica, sólo han
logrado especializarse en las líneas de producción que eran
desmanteladas en las metrópolis, generando una nueva dependencia del
equipo extranjero.
La herencia histórica del imperialismo ha conllevado
la expoliación de los recursos naturales de las neocolonias por parte
de compañías extranjeras, que además evaden los beneficios obtenidos y
los reinvierten en la metrópolis; la distorsión de la estructura
económica mediante la imposición del monocultivo; el intercambio
desigual, debido a que los precios de los productos que exportan los
países subdesarrollados tienden a deteriorarse, mientras los precios de
sus manufacturas importadas crecen sin cesar; la deuda externa, a base
de créditos con elevados tipos de interés y condicionados a las
privatizaciones que fija el FMI…
Por eso, observando las fronteras y las
leyes de extranjería, los ministros de economía europeos proponen que
nos encerremos en fortalezas, protegidos por vallas cada vez más altas,
donde poder literalmente devorar el planeta sin que nadie nos moleste
ni nos imite.
Es nuestra solución final, un nuevo Auschwitz invertido
en el que en lugar de encerrar a las víctimas, nos encerramos nosotros a
salvo del arma de destrucción masiva más potente de la historia: el
sistema económico internacional. Pese a la obviedad de estos hechos, no
sólo ya Izquierda Unida, sino incluso una parte de la izquierda
extraparlamentaria está cayendo en esta trampa, generando un peligroso
confusionismo.
Una cosa es oponerse a los recortes sociales que se
produzcan, y otra muy distinta enunciar el “Estado del Bienestar”, así,
de ese modo, como proyecto. Por las siguientes razones:
1º El Estado
del Bienestar fue un proyecto contrarrevolucionario de una clase
dominante que, atemorizada por las revoluciones del siglo XX, sobornó a
la clase trabajadora del Primer Mundo para que siguiera callando ante
la explotación del Tercero, abandonando toda perspectiva revolucionaria
y los principios del internacionalismo.
2º Su formulación, que hizo
correr ríos de tinta, perseguía objetivos ideológicos esenciales para
el capitalismo. El Estado del Bienestar, el capitalismo con rostro
humano, había logrado “unir el capitalismo y lo mejor del socialismo”
salarios suficientes y derechos laborales y sociales. Era el fin de la
historia, enterraba la lucha de clases y debería perdurar por los
siglos de los siglos. Duró 30 años, hasta que fue barrido por las
políticas neoliberales, pero su función de alienación destinada a
engrasar la inútil maquinaria “socialdemócrata”, el mito de que el
capitalismo es reformable, aún perdura.
3º Lo que entonces era un
crimen, hoy es directamente una quimera. El imperialismo – que no el
eufemismo de la globalización – determina que, si no acabamos con el
capitalismo, la ley de hierro de la competitividad nos impondrá las
mismas condiciones laborales y sociales de esclavitud que rigen en los
países a los que deslocalizan las empresas y la guerra para el saqueo de
sus materias primas.
4º Reivindicar la vuelta al Estado del Bienestar
es una inaceptable trampa para que el movimiento obrero y popular
adopte la entelequia de unos objetivos, hoy más imposibles que nunca,
que le aparten de su tarea esencial y la única que puede resolver sus
problemas: destruir el capitalismo, cambiar de raíz las relaciones de
poder y construir una sociedad en la que las riquezas y el poder estén
en manos del pueblo: el socialismo. Sólo así, manteniendo la
perspectiva revolucionaria, y tal como se ha demostrado históricamente,
se conseguirá además una mejor defensa de los derechos y conquistas
alcanzados y una mayor consecución de reformas sociales.
Efectivamente,
hoy más que nunca cabe decir: “sé revolucionario y al menos mantendrás
y conseguirás reformas; sé reformista, y terminarás por
perderlas”.
Notas:
1 http://www.ceapa.es/web/guest/contenido-portada/-/asset_publisher/eR4t/content/manifiesto-en-defensa-del-estado-de-bienestar-y-los-servicios-publicos?redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome2
El
aumento del gasto social público entre 1977 y 1980 que pasó del 12 al
18% del PIB tiene una relación directa con el objetivo de legitimar la
Transición.
El artículo 123 de la Constitución Europea prohíbe que el
BCE venda dinero a los Estados y sólo puede hacerlo a los bancos
privados. Estos compran dinero a un interés del 1,25% y lo venden a los
Estados, comprando deuda pública al precio de mercado. La elevación de
los tipos de interés impuestos a los Estados (el 6 o el 7 %) , si no
son fiables es la forma de imponer contrarreformas laborales,
privatizaciones, “rescates” a la banca privada, etc.
[1] Karl Marx (1850) “La socialización del impuesto” Neue Rheinische Zeitung.
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