%2B13.14.35.jpg)
Miembros del Grupo de Acción Comunitaria dan las claves de un estudio sobre 45 personas torturadas.
“Para el conflicto vasco existe una justificación social [de la
tortura]. En este caso es más fuerte la política del miedo que la
defensa de los derechos humanos”, dice Gabriela López, psicóloga del Grupo de Acción Comunitaria (GAC). López fue una de las más de 30 profesionales de la salud que han participado en la elaboración del estudio Incomunicación y tortura. Análisis estructurado en base al Protocolo de Estambul,
elaborado por diferentes organizaciones de derechos humanos, entre las
que se encuentra el GAC, y presentado el pasado 18 de septiembre en
Madrid. En él se detallan 45 casos de personas que han estado en régimen de incomunicación y alegan haber sido torturadas.
“El estudio no hace tanto hincapié en los trámites judiciales, sino que
se basa en el impacto que la tortura puede tener en las personas y, a
partir de ese impacto, que hemos visibilizado a través de los
testimonios, podemos decir que ésta ha sucedido. No necesitamos una
sentencia legal, no necesitamos que haya llegado a trámite o a juicio.
El proceso ha sido supervisado y acompañado por profesionales
reconocidos a nivel internacional de la ONU y del Subcomité de
Prevención de la Tortura. Es un instrumento que ha salido de Naciones
Unidas y se está aprobando su uso como prueba pericial”, continúa López.
“El régimen de incomunicación es ya parte de la tortura”, afirma la psicóloga Gabriela López
“El régimen de incomunicación es ya parte de la tortura”, afirma la psicóloga Gabriela López
A juicio de los expertos forenses que han participado en el
estudio, se considera que estas 45 personas han hecho un relato cierto y
sustancialmente veraz de lo que constituyó su experiencia de detención
incomunicada. El 53,3% obtiene un grado de credibilidad de máxima
consistencia, el 31,1% es muy consistente y el 15,6% consistente.
Nunca condenado
Sin embargo, y pese a que estudios como éste y diversos –y repetidos– informes de organismos internacionales como Amnistía Internacional denuncian a España
como un lugar en el que se practica, todavía el Gobierno se puede
jactar de que ninguno de sus funcionarios ha sido nunca condenado por
torturas. Tampoco por asesinato. En ningún caso se ha%2B13.12.05.jpg)
considerado que
el régimen de incomunicación sea un agravante o un delito por sí mismo.
Es, sencillamente, una herramienta. Éste es otro de los temas que el
presente estudio ayuda a entender. Julia L., miembro también del equipo
sobre tortura del GAC, apunta: “La persona en régimen de
incomunicación no tiene la asistencia de un abogado, de un médico
forense de confianza, sólo de la propia policía. No hay
salvaguarda ni control real. En todos los informes de los organismos
internacionales es señalado como un momento en el que es muy posible que
tengan lugar las torturas”. Incluso, apunta López, “la incomunicación
es ya parte de la tortura”.
+13.12.05.jpg)
considerado que
el régimen de incomunicación sea un agravante o un delito por sí mismo.
Es, sencillamente, una herramienta. Éste es otro de los temas que el
presente estudio ayuda a entender. Julia L., miembro también del equipo
sobre tortura del GAC, apunta: “La persona en régimen de
incomunicación no tiene la asistencia de un abogado, de un médico
forense de confianza, sólo de la propia policía. No hay
salvaguarda ni control real. En todos los informes de los organismos
internacionales es señalado como un momento en el que es muy posible que
tengan lugar las torturas”. Incluso, apunta López, “la incomunicación
es ya parte de la tortura”.
Cuando el escándalo de los GAL
salió a la luz, lo que al parecer alarmó de la noticia fue la tortura y
asesinato, pero de inocentes. Se entendía que la policía tuviera mano
dura contra los terroristas. Se sobreentendían las torturas con piadosa
tolerancia. Y es que la tortura tiene su función: por una parte, supone
una desmovilización de la persona torturada, un miedo a la militancia
política; por otra, como señala Irene R., miembro también del grupo de
trabajo de tortura, “contiene un componente ejemplarizante para los
jóvenes”.
El estudio muestra los tipos de torturas sufridas por las 45
personas examinadas. Las más utilizadas fueron la privación y
manipulación de la estimulación sensorial –presente en el relato de las
45 personas examinadas–, humillaciones de tipo verbal –92,3% de los
relatos–, técnicas psicológicas para desestructurar al individuo –como
la ruptura del ritmo sueño-vigilia, la manipulación visual y auditiva;
presentes en el 89,7% de los casos–, amenazas de muerte y daños a
familiares y amigos –87,2%–, las posturas forzadas –79,5%–, los golpes
–69,2%– y la asfixia –51,7%–. Los testimonios detallaron, en menor
medida, cómo en algunos casos las personas detenidas habían sido
obligadas a permanecer desnudas así como vejaciones sexuales, choques
eléctricos o violaciones.
“No hay una reivindicación de reparación
del daño en términos económicos, laborales o de otro tipo, o, si la hay,
no es parte de lo que las personas consideran relevante a efectos de
reparación”
Sin embargo, son los efectos en la salud mental los que más prevalecen:
más de la mitad de las personas examinadas en el estudio mostraron en
algún momento un trastorno de estrés postraumático, en un 13,4% de los
casos mostraban un trastorno depresivo y un 8,7% de los examinados
tenían síntomas de padecer un trastorno persistente de la personalidad
tras un hecho catastrófico, un cambio persistente e irreversible cuyo
diagnóstico se basa en la “presencia de rasgos previamente ausentes
como, por ejemplo, una actitud permanente de desconfianza u hostilidad
hacia el mundo, aislamiento social o sentimientos de vacío”, explica el
estudio. Ésta es la consecuencia psicológica “más grave”, según señala
María Ángeles Plaza, psicóloga y también miembro del GAC.
El informe acaba abordando la percepción de las personas examinadas
sobre la restitución del daño a las víctimas. Según detalla, ninguna de las personas con las que se habló expresaron propuestas de restauración del daño sufrido.
“No hay una reivindicación de reparación del daño en términos
económicos, laborales o de otro tipo, o, si la hay, no es parte de lo
que las personas consideran relevante a efectos de reparación”.
Sólo dos
de las personadas examinadas mencionaron la reparación económica, pero
con terceras personas como beneficiarias. En el resto de casos, no se
plantea esa necesidad o, si se les pregunta sobre esa posibilidad, la
rechazaron.
GAC, derechos humanos y violencia política
Desde su nacimiento el Grupo de Acción Comunitaria (GAC) ha visto
en la formación un espacio donde apoyar a las diferentes formas
organizativas y a los colectivos que desarrollan un trabajo psicosocial y
comunitario en materia de salud mental y derechos humanos en contextos
de violencia política y catástrofe. Entre la formación que oferta
destacan los cursos ‘Cuidados a equipos que trabajan en contextos de
violencia’, ‘Control social y estrategias represivas en el S. XXI’,
‘Miedo y represión: cuidados grupales en el corazón de la bestia’,
‘Criminalización, represión y exclusión del diferente’ e ‘Identidad,
interseccionalidad y resistencias’.
inforelacionada
Comentarios
Publicar un comentario