Más capitalismo: La patronal, sus gobiernos e instituciones sindicales investigados, esta vez y de nuevo en Andalucia, por un enorme escándalo de corrupción de varios cientos de millones de euros
La
Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía y
la Fiscalía Anticorrupción están investigando irregularidades en cursos
de formación subvencionados por la Junta de Andalucía entre 2007 y
2013.
Las pesquisas se encuentran en una fase “muy incipiente” e
inicialmente se han centrado en Málaga, aunque las indagaciones se
extienden a otras provincias andaluzas. El escándalo es especialmente
grave en Almería y Granada.
En los siete años que se están
analizando, la Junta de Andalucía, gobernada hoy por PSOE e Izquierda
Unida, destinó más de 3.000 millones de euros para los programas de
formación, según fuentes de la investigación, que añadieron que, aunque
es muy prematuro, la cantidad defraudada o utilizada irregularmente
puede oscilar entre 20 y 40 millones. “Puede alcanzar cifras superiores a
las detectadas en el conocido caso de los ERE”, dicen.
Los
agentes ya han tomado declaración a cerca de 300 personas,
principalmente aquellas cuyos nombres están incluidos en cursos de
formación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Unos 1.000 beneficiarios
están bajo sospecha (la mayoría de ellos empresas que han dado cursos
de formación que tienen sedes en varias provincias). “Hay firmas que son
auténticas tapaderas, creadas a propósito para defraudar”, según un
alto cargo policial.
Las pesquisas tienen su origen en una
denuncia cursada por la Seguridad Social hace alrededor de un año. La
fiscalía de Málaga ya tiene sobre la mesa un informe, referido al
ejercicio 2010, en el que el 50% de los investigados han incurrido en
fraude o en algún tipo de irregularidad.
Las pesquisas se centran en los fondos concedidos entre 2007 y 2013
Sindicatos,
empresas dedicadas a la formación y miembros de la Administración se
beneficiaron supuestamente de esas subvenciones que están en el punto de
mira de la policía en la operación Edu, avanzada este martes por
elconfidencial.com. El caso todavía no está en manos de ningún juez
porque la policía quiere reunir antes más información.
La Sección
de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la UDEF, y la
Fiscalía Anticorrupción, han centrado sus pesquisas en Málaga y en
varios municipios de esta provincia (Antequera, Fuengirola y
Vélez-Málaga). En este caso no se han producido registros ni
detenciones.
La mayoría de los interrogados hasta ahora son
supuestos alumnos de los cursos de formación. Una de las irregularidades
descubiertas en la investigación inicial se centra en cursos
programados que ni siquiera llegaron a impartirse y que se habrían
justificado rellenando listados con asistentes ficticios, aunque el
nombre y apellidos de esos beneficiarios sí son reales.
Entre las
anomalías detectadas está también el incumplimiento de algunas empresas
adjudicatarias de su compromiso de contratar a un porcentaje determinado
de los alumnos durante varios meses, un requisito que en teoría era
imprescindible para obtener la ayuda.
La Seguridad Social ha
solicitado a la Junta información sobre 17 empresas de Málaga que
recibieron 1,5 millones de euros en ayudas en 2010. Fuentes de la
Administración andaluza precisaron que ese año se destinaron 5,9
millones a los programas de enseñanza para trabajadores de esta
provincia. La Junta de Andalucía ha requerido información a las empresas
para que acrediten qué uso dieron al dinero percibido.
Los
agentes encuadrados en la UDEF sospechan, según fuentes del caso, que ha
habido supuestos en los que un adjudicatario de ayudas recibía el 75%
de la subvención y después no reclamaba a la Administración regional el
25% restante, cantidad que estaba condicionada al cumplimiento de todos
los requisitos para poder ser beneficiario de la ayuda.
Desde hace
tiempo, los cursos de formación están bajo sospecha. El caso Aneri
destapó en Madrid una trama de cursos de formación falsos organizada
para captar subvenciones, un caso que también investiga la UDEF. El
empresario José Luis Aneri está en el epicentro de este caso, que ha
salpicado a cargos de la Cámara de Comercio y de la patronal madrileña.
En
Andalucía, los cursos de formación han sido un instrumento básico de la
llamada concertación social, un acuerdo para la paz social en el que
participan el Gobierno autónomo, la Confederación de Empresarios de
Andalucía y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. En el caso de este
sindicato, la juez que investiga el fraude de los ERE, Mercedes Alaya,
también abrió una línea relacionada con el destino irregular dado a
dinero de la formación (como el gasto de la caseta de la Feria de
Abril).
La crítica más contundente a la gestión de los cursos de
formación la dio recientemente la Cámara de Cuentas de Andalucía. En un
informe que hizo público el pasado mes de enero, el órgano de
fiscalización censuró la gestión de la formación los años 2009 y 2010.
El documento señalaba el 89% de las ayudas para formación concedidas ese
primer año se dio sin control, porcentaje que se redujo al 36% en 2010.
Los agentes ya han tomado declaración a unas 300 personas en Málaga
Los
auditores señalaban que el dinero se había concedido sin “concurrencia
competitiva” y añadían: “Las subvenciones concedidas se instrumentan a
través de convenios de colaboración y se abonan por el importe total sin
necesidad de justificación previa, mediante acuerdos del Consejo de
Gobierno, y en virtud de lo establecido en las correspondientes leyes de
Presupuestos”.
Según la Cámara de Cuentas, la Junta otorgó en
esos dos años 745 millones para cursos de formación: 615 para
desempleados y otros 130 para trabajadores en activo. En el anexo del
informe se detallan cuáles fueron los principales perceptores de las
ayudas para formación en 2009 y 2010. De los 745 millones concedidos, la
Confederación de Empresarios de Andalucía recibió 83 millones. La
Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, un organismo dependiente
de la Junta de Andalucía, manejó 66,3 millones de euros; CC OO recibió
63 millones, mientras que a UGT fueron a parar 63,5 millones. Tras este
informe, el PP pidió una comisión de investigación en el Parlamento
andaluz, que fue rechazada por PSOE e IU.
Las competencias sobre
la formación en Andalucía han cambiado de consejerías en los últimos
años. En 2007, primer año del periodo que investiga la policía, la
formación estaba en la Consejería de Empleo. El titular de este
departamento era entonces Antonio Fernández, quien está imputado en el
caso de los ERE. Luego pasaron a la Consejería de Economía, y en la
actualidad están en la de Educación.
elpais
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