LOS INDULTOS POR TORTURAS: UNA PROTESTA QUE LLEGA TARDE

LOS INDULTOS POR TORTURAS: UNA PROTESTA QUE LLEGA TARDE
 
Decenas de torturadores han sido amnistiados en las ultimas décadas sin que se escuchara una voz de queja

"La reacción suscitada - dice el periodista Iñaki Iriondo en un artículo publicado en el periódico vasco Gara - entre jueces, políticos y periodistas por el indulto a cuatro mossos d'Esquadra condenados por torturas es novedosa en el Estado español. No porque los indultos a torturadores sean algo nuevo, sino porque hasta la fecha se han cubierto con un espeso manto de silencio". 

"Conseguir que prospere una denuncia por torturas en el Estado español  es muy difícil". La queja que formula Iriondo en su artículo, no se debe a que falten los testimonios, sino a que estos son raramente atendidos, como en reiteradas ocasiones ha certificado el Tribunal de  Derechos Humanos de Estrasburgo. Pero lo peor es que cuando se producen las condenas éstas han sido con harta frecuencia revocadas por los tribunales de Madrid. También frecuentemente los tribunales madrileños han sido escenario de cómo la fiscalía, a la que judicialmente le correspondería llevar el peso de la acusación, termina actuando como defensa de los acusados por torturas. Pero aún peor: cuando la pena a quienes han sido protagonistas de torturas se convierte en ineludible, los condenados son finalmente indultados, tanto por los gobiernos del PP como del PSOE.
       La fundación Euskal Memoria realizó un recuento que resultaba elocuente:  ¡de 62 agentes condenados por torturar a ciudadanos vascos, 36 fueron luego indultados!. De los agentes que no lo fueron, se ignora si finalmente llegaron a cumplir la condena, pues se ha podido comprobar que funcionarios policiales que debían estar inhabilitados continuaban trabajando como si no hubiera condena por medio.

     Iriondo cita algunos casos que resultan significativos. Por ejemplo, el del  capitán José Pérez Navarrete, su compañero José Antonio Hernández del Barco y los agentes Emilio Parar Moreno, Alejandro Iglesias Blanco y Julio Saavedra Mariño. Todos ellos fueron condenados por torturas a Juana Goikoetxea en 1987 a cuatro meses de prisión y cuatro años de inhabilitación. En febrero de 1993 fueron indultados por el Gobierno de Felipe González. El ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Salcedo, justificó la decisión con el argumento de que "el discurso de la reinserción" debe ser global. Añadió que tras casi doce años en que estos agentes habían seguido destinados en sus mismos puestos [después de torturar a Goikoetxea] no tendría mucho sentido aplicar la pena de inhabilitación profesional a la que fueron condenados.

        Hay también quien ha sido indultado hasta en dos ocasiones. Tal es el caso de José Domínguez Tuda, Manuel Macías Ramos y Antonio Román Ríos fueron condenados en 1990 por torturas a los hermanos Víctor Jesús, Joxe Mari y Lucio Olarra y a Iñaki Olaetxea, e indultados a primeros de 1991. Al año siguiente, el 22 de setiembre de 1992, el mismo José Domínguez Tuda, era condenado nuevamente, en esta ocasión por torturar a Jokin Olano en 1983.

        En marzo de 1995, el ministro Juan Alberto Belloch volvía a indultarlo por este delito, al igual que al agente Manuel Barroso Caballero, condenado también por los malos tratos a Olano. El entonces ministro de Justicia e Interior dijo que los dos guardias civiles indultados "han demostrado en los últimos once años de servicio en tareas de investigación del terrorismo que están efectivamente reinsertados". No deja de ser interesante indicar  que el tribunal que les condenó se mostró contrario a la concesión del indulto.

         Según Iriondo, en diciembre del año 2002 se produjo una auténtica oleada de indultos a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Fueron indultados nada menos que un total de 15 agentes que habían participado en torturas. "Entre ellos estaban Julio Hierro y María Jesús Fanegas, condenados por la denuncia interpuesta por Ana Ereño; Aníbal Machín, Juan José Fernández y Abel Alberto Núñez, condenados por las torturas a Enrique Erregerena; Isidro Martínez, Emilio Mariño y Carlos Prieto, condenados por los malos tratos a Juan Carlos Garmendia; José Luis Fraila y Luciano García, hallados culpables de torturar a Mikel Ruiz Maldonado; Pedro Laíz y Paulino Navarro, que participaron en el maltrato a Kepa Otero y José Ramón Quintana; y José María Rodríguez y Damián Vinayo, que torturaron a Javier Fernández".

        El entonces ministro de Justicia  Ángel Acebes, hoy imputado judicialmente por delitos de falsificación de cuentas y administración desleal, justificó entonces su decisión de indultar a los condenados, argumentando que todas estas personas indultadas de delitos de tortura habían sido condenados por casos de "escasa gravedad" (aplicación de descargas eléctricas en pene, testículos y cabeza, simulacros de ejecuciones con pistola o por ahorcamiento, golpes continuados...) y en los que su participación había sido "circunstancial o incluso indirecta". Iñaki Iriondo continúa citando en su artículo decenas de casos de condenas por torturas que siguieron la misma senda que las citadas.

            Y es que está muy bien eso de que jueces, instituciones humanistas y gentes de buena voluntad protesten por los lacerantes casos de los indultos gubernamentales recientemente conocidos. Pero llegan tarde. Al igual que el honor sincero que muchos sienten por los centenares de miles de desahucios, se trata de un horror tardío.

 

Tomado de Canarias semanal