Los gobiernos de la patronal PP-SOE, las instituciones a su servicio y quienes les apoyan dicen estar contra las torturas, los malos tratos, la brutalidad policial... ¡por eso indultan a los torturadores!... algunas pinceladas.
Los gobiernos de la patronal PP-SOE, las instituciones a su servicio y quienes les apoyan dicen estar contra las torturas, los malos tratos, la brutalidad policial... ¡por eso indultan a los torturadores!... algunas pinceladas.
...A su juicio, la actuación del Gobierno es «un menosprecio» a los miles de policías que «cumplen a diario con sus funciones democráticas», de «defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía», por lo que este indulto «parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial». Además, «supone una actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio».....
Indulto para la mitad de los condenados por torturar a vascos
Estos cuatro agentes fueron indultados por segunda vez en el último Consejo de Ministros después de haberles concedido en febrero pasado uno parcial por el que se les conmutaban las distintas penas por una única de dos años para cada uno. Los jueces consideran que esta maniobra para evitar a toda costa el ingreso en prisión de estos agentes es un «fraude» y un «abuso» de la facultad de indulto y además «supone una afrenta al Poder Judicial».
Tras el primer indulto, la Audiencia de Barcelona se negó a la suspensión de la pena de dos años de cárcel y por tanto debían entrar en prisión, por lo que los cuatro condenados por torturas a un rumano solicitaron otro indulto, que el Gobierno también les concedió, conmutando el castigo de dos años de prisión por una multa.
Para estos 200 magistrados, entre los que destacan la vocal del Consejo del Poder Judicial, Margarita Robles, y Joaquín Giménez, del Tribunal Supremo, «al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de poderes y usurpa el papel del Poder Judicial, trasladando a la judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional».
En el manifiesto, titulado «El indulto como fraude. En defensa de la independencia judicial y de la dignidad», los firmantes consideran que se trata de «un ejercicio abusivo de la facultad de indulto, que supone una afrenta al Poder Judicial».
A su juicio, la actuación del Gobierno es «un menosprecio» a los miles de policías que «cumplen a diario con sus funciones democráticas», de «defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía», por lo que este indulto «parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial». Además, «supone una actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio».
En este caso «los hechos son muy graves y contrarios a la dignidad humana», dicen los jueces sobre lo sucedido en julio de 2006, cuando estos mossos detuvieron por error a un rumano en Barcelona, le golpearon por todo el cuerpo, le amenazaron y le llegaron a meter una pistola en la boca para hacerle confesar.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, replicó que el indulto es potestad del Gobierno y no del Poder Judicial. «No puede de ninguna de las formas pensarse que otros poderes del Estado asuman competencias que no son suyas», subrayó. Así lo establece la Constitución y así se «ha venido haciendo desde hace más de un siglo», dijo.
El indulto «es, sin duda, una de las tradiciones más señeras de nuestro derecho y le otorga al Gobierno de España la facultad de poder modular lo que es la aplicación concreta de la ley en supuestos en los que está justificado», añadió Gallardón.
El PSOE consideró «razonable» el manifiesto de los jueces y advirtió al Gobierno de que «un atropello excesivo como la tortura no puede ni debe ser indultado en una democracia sana como tiene que ser la nuestra». Gaspar Llamazares, de IU, tachó esta decisión de «escándalo» y acusó al Gobierno y al Ministerio de Justicia de entrar «en el terreno de la prevaricación». Jueces para la Democracia alertó que este creciente número de indultos a cargos públicos y policías abonan la sospecha de la impunidad.
...A su juicio, la actuación del Gobierno es «un menosprecio» a los miles de policías que «cumplen a diario con sus funciones democráticas», de «defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía», por lo que este indulto «parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial». Además, «supone una actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio».....
Los casos de tortura policial en España no son hechos aislados, según Amnistía
por
Iñaki Iriondo
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La tortura en España: "Apaga la cámara"
Policía Da Una Paliza a Chica y a su Padre En Iruña.
Gallardón replica que el perdón es potestad del Ejecutivo, frente a las acusaciones de «fraude», «abuso» y «afrenta al poder judicial»
Doscientos magistrados de toda España firmaron ayer un manifiesto en el
que denuncian al Gobierno por el uso «grosero y desviado» que está
haciendo del indulto tras la concesión de esta medida de gracia a cuatro
mossos d'esquadra que habían sido condenados por torturas,
conmutándoles los dos años de prisión por una multa pese a que la
Audiencia de Barcelona ordenó que ingresaran en la cárcel antes del 10
de diciembre. El ministro Alberto Ruiz-Gallardón respondió que el
indulto es potestad del poder ejecutivo y no del judicial.
Estos cuatro agentes fueron indultados por segunda vez en el último Consejo de Ministros después de haberles concedido en febrero pasado uno parcial por el que se les conmutaban las distintas penas por una única de dos años para cada uno. Los jueces consideran que esta maniobra para evitar a toda costa el ingreso en prisión de estos agentes es un «fraude» y un «abuso» de la facultad de indulto y además «supone una afrenta al Poder Judicial».
Tras el primer indulto, la Audiencia de Barcelona se negó a la suspensión de la pena de dos años de cárcel y por tanto debían entrar en prisión, por lo que los cuatro condenados por torturas a un rumano solicitaron otro indulto, que el Gobierno también les concedió, conmutando el castigo de dos años de prisión por una multa.
Para estos 200 magistrados, entre los que destacan la vocal del Consejo del Poder Judicial, Margarita Robles, y Joaquín Giménez, del Tribunal Supremo, «al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de poderes y usurpa el papel del Poder Judicial, trasladando a la judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional».
En el manifiesto, titulado «El indulto como fraude. En defensa de la independencia judicial y de la dignidad», los firmantes consideran que se trata de «un ejercicio abusivo de la facultad de indulto, que supone una afrenta al Poder Judicial».
A su juicio, la actuación del Gobierno es «un menosprecio» a los miles de policías que «cumplen a diario con sus funciones democráticas», de «defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía», por lo que este indulto «parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial». Además, «supone una actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio».
En este caso «los hechos son muy graves y contrarios a la dignidad humana», dicen los jueces sobre lo sucedido en julio de 2006, cuando estos mossos detuvieron por error a un rumano en Barcelona, le golpearon por todo el cuerpo, le amenazaron y le llegaron a meter una pistola en la boca para hacerle confesar.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, replicó que el indulto es potestad del Gobierno y no del Poder Judicial. «No puede de ninguna de las formas pensarse que otros poderes del Estado asuman competencias que no son suyas», subrayó. Así lo establece la Constitución y así se «ha venido haciendo desde hace más de un siglo», dijo.
El indulto «es, sin duda, una de las tradiciones más señeras de nuestro derecho y le otorga al Gobierno de España la facultad de poder modular lo que es la aplicación concreta de la ley en supuestos en los que está justificado», añadió Gallardón.
El PSOE consideró «razonable» el manifiesto de los jueces y advirtió al Gobierno de que «un atropello excesivo como la tortura no puede ni debe ser indultado en una democracia sana como tiene que ser la nuestra». Gaspar Llamazares, de IU, tachó esta decisión de «escándalo» y acusó al Gobierno y al Ministerio de Justicia de entrar «en el terreno de la prevaricación». Jueces para la Democracia alertó que este creciente número de indultos a cargos públicos y policías abonan la sospecha de la impunidad.
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