¡A buenas horas mangas verdes!
El
pleno del Congreso de los Diputados debatió el pasado 11 de diciembre
una Moción del PSOE en la que se proponía derogar la Ley 15/97, de
Nuevas Formas de Gestión. La Moción, obviamente, fue derrotada por la
mayoría absoluta del PP.
El
PSOE, ahora en la oposición y en medio de una situación explosiva en la
sanidad madrileña, cambia radicalmente el apoyo a la Ley, mantenido
hasta ahora y desde que en 1997 la votara afirmativamente junto al PP,
PNV, CiU y CC. Entonces acababa de perder las elecciones generales y con
su voto – indispensable para un PP que gobernaba en minoría – dio vía
libre a la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de la
sanidad pública.
Desde
fuera del Parlamento, pero con semejante trascendencia, la Federación
de Sanidad de CC.OO., a través de un Comunicado de prensa de su
Secretaria General emitido al día siguiente de la votación parlamentaria1,“valora positivamente el consenso alcanzado en el Parlamento sobre las Nuevas formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud”.
En el debate parlamentario de la Ley 15/972
en el que participé representando a IU – que votó en contra, junto al
BNG – la ex ministra y portavoz del PSOE, Ángeles Amador justificaba su
apoyo calificando a la nueva norma de garantía de la sanidad pública y
baluarte contra la privatización.
Una lucha dura
No
ha sido fácil mantener la lucha desde aquella época explicando que la
Ley aprobada era la clave de bóveda para el proceso de privatización que
ya entonces se había iniciado. Poca gente creía que fuese a pasar lo
que ahora tenemos ante nosotros. La privatización ofrece el negocio
soñado a bancos, inmobiliarias y aseguradoras privadas: financiación y
clientela pública garantizada, y gestión y beneficios privados.
Sin embargo los hechos fueron confirmando que esa Ley constituía el pilar del aparato jurídico que amparaba la privatización.
Así
sucedió cuando CC.OO. del País Valenciano, creyendo los argumentos del
PSOE y de su Federación de Sanidad, denunció la ilegalidad del Hospital
de Alzira gestionado por la UTE Ribera Salud (Adeslas, Bancaja, CAM, ACS-Dragados y Lubasa) y
puesto en marcha por Antonio Bargueño, entonces Director Asistencial de
Adeslas y hoy Director General de Hospitales de la Comunidad de Madrid.
La sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad
no dejaba lugar a dudas: “el soporte legal a la concesión administrativa
vendría dada por el Real Decreto Ley 10/1996 y Ley 15/1997” […] no cabe duda de que el
enfoque legislativo es abrir las formas de gestión tanto a entidades y
personas, públicas como privadas, y formas de gestión directa o
indirecta.”
Todas
y cada una de las licitaciones y concesiones administrativas para poner
en marcha los nuevos hospitales de gestión privada en Madrid, País
Valenciano, por gobiernos del PP, y en Baleares y Cataluña, por
gobiernos del PSOE e IU con otras fuerzas políticas se han hecho bajo la
cobertura jurídica de la Lay 15/97
El
combate de CASMADRID y MATUSALEN desde 2004, y ahora de la Red
Autogestionada Antiprivatización de la Sanidad (RAAS) frente a estas dos
poderosas organizaciones, con una amplia constelación de satélites
integrantes de la “Cumbre Social” y con una influencia determinante en
los grandes medios de comunicación, ha sido duro.
Ser
las únicas voces que se alzaban mientras se ponían en marcha los 7
hospitales de gestión privada de Madrid, mientras alcaldes de partidos
políticos de todos los colores cedían suelo y se hacían, felices, la
foto frente al nuevo hospital de su ciudad y mientras todos los
sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad pactaban decenas de acuerdos
con el PP mientras callaban durante el largo proceso de construcción y
puesta en marcha de “la sanidad del futuro” del PP, planteaba un combate
enormemente desigual.
Con
el PSOE en la oposición en Madrid, y luego en el Estado, se iba
configurando un “frente común” integrado por PSOE, IU, CC.OO y UGT (IU
ha venido priorizando su papel subordinado al PSOE sobre la defensa de
su votación contra la Ley, al que se añadía como“representante técnico”
del sector sanitario a la Federación de Asociaciones para la Defensa de
la Sanidad Pública (FADSP). Su eje central era conseguir réditos
electorales en la lucha contra el PP, y hablar de la Ley 15/97 era
poner en evidencia la corresponsabilidad en la misma del PSOE, con el
apoyo de CC.OO.
El
bloque era hermético y cualquier organización – vecinal, asamblea
popular,.. etc, que planteara la exigencia de derogar la 15/97, o bien
era sometida a una cascada de “explicaciones” de técnica jurídica acerca
de la intrascendencia de la Ley para la privatización, y/o de
descalificaciones hacia las personas que sustentamos estas posiciones
bajo la acusación de sectarismo.
Pero
la lucha realizada con modestísimos recursos pero con un gran
convencimiento y compromiso de muchas personas iba calando. La realidad
se puede ocultar un poco de tiempo, pero al final aparece y se derrumban
los engendros erigidos para ocultarla.
En
2009, tras manifestaciones de varias decenas de miles de personas en
Madrid y un trabajo paciente de recogida de firmas llevado a cabo en
centros sanitarios, barrios y pueblos de todo el Estado, se presentaron
en el Congreso más de 400.000 solicitando la derogación de la Ley 15/97.
Para ilustrar el ninguneo de los medios de comunicación valga el
siguiente hecho que es comprobable en las hemerotecas: pese a la
abundancia de periodistas que cubrieron la presentación de las firmas,
ningún medio lo recogió al día siguiente. Sí pudo verse, como noticia
destacada, a la FADSP que entregaba 30.000 firmas contra el Área Única a
la entonces ministra Trinidad Jimenez que no se dignó siquiera a
contestar a solicitudes de entrevista que desde CASMADRID y Matusalén le
fueron formuladas.
La“toma en consideración” de la posibilidad de modificar la 15/97
El 24 de noviembre de 2009 el Congreso de los Diputados
aprobó la toma en consideración de una Proposición, presentada por el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Izquierda Unida e
Iniciativa- Verds, que pretendía la modificación de la Ley 15/97 de
Nuevas Formas de Gestión en el Sistema Nacional de Salud. Esta propuesta
presentada por iniciativa de IU, el mismo grupo parlamentario que en
1997 votó en contra de esa Ley, sólo pretendía ahora reducir su alcance
para conseguir el apoyo del PSOE en el Gobierno, tras consensuarla con
él.
La
iniciativa pretendía limitar la posibilidad de convenios, conciertos o
acuerdos para la gestión y prestación de servicios sanitarios
a“entidades públicas”, desconociendo que la figura jurídica’empresa
pública’ ha sido el paso previo a la privatización de todo tipo de
servicio público, en la medida que introduce la gestión mercantil y los
objetivos de ahorro por encima de criterios de calidad o rentabilidad
social. Además la ’empresa pública’,como la Fundación de Alcorcón o el
Anillo Radiológico en Madrid, y muchos casos más en Comunidades
Autónomas (CC AA) gobernadas por el PSOE, están concebidas para, bajo su
inocente nombre, subcontratar con empresas privadas todo tipo de
servicios y poder emplear al personal mediante la extensa gama de
contratos precarios existentes.
La
buena noticia fue un brindis al sol. Tras la aprobación en el Pleno del
Congreso y la remisión a la Comisión de Sanidad para la aprobación de
las enmiendas, semana tras semana durante casi dos años, el Grupo
Parlamentario del PSOE presentaba una solicitud de ampliación del plazo.
El parto de los montes concluyó sin siquiera dar a luz a un ratón. El
26 de septiembre de 2011 fueron disueltas las cámaras por la
convocatoria de elecciones generales sin que el debate se hubiera
iniciado.
El cambio de chaqueta en la oposición
La Moción para la derogación de la Ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista,
tenía en su punto 4 la siguiente redacción: Instar al Gobierno a..“Presentar,
en el plazo de un mes, un proyecto de ley que garantice la naturaleza
pública de la financiación, la provisión y la gestión de los servicios
de salud e impida que en la prestación de servicios sanitarios no se dé
la calidad asistencial necesaria y no se respeten los derechos de los
usuarios, derogando la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de
gestión del Sistema Nacional de Salud”.
El inequívoco texto
deja en evidencia y con las vergüenzas al aire a todo el coro de
organizaciones satélites y “expertos” que machaconamente han venido
repitiendo la voz de su amo, insistiendo en que las privatizaciones del
PP – de las otras no hablaban – no tenían nada que ver con esta Ley.
En un reciente debate televisivo en el programa La Tuerca3en
el que participé y en el que fue entrevistado por teléfono Jose Manuel
Freire, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, negó enfáticamente –
como puede verse en el enlace al programa – que la Ley 15/97 fuera la
cobertura legal de la privatización, calificándola de “arqueología”.
El mismo día de la
votación de la Moción en el Congreso, en un debate celebrado en la
Escuela de Relaciones Laborales de Madrid en el que participaba Jose
Ramón Repullo, médico de la órbita del PSOE, junto a Antonio Gómez
Liébana, de CASMADRID, el primero insistió en el carácter obsoleto de la
Ley y su denuncia como un “mantra”vació de contenido.
La presentación de la
Moción por el mismo PSOE que la apoyó, la aplicó en comunidades
autónomas en las que gobernaba e impidió su“modificación” cuando podía
ser aprobada es la enésima maniobra política de un partido que se hunde
porque movilización social le está inhabilitando como representante de
unas mínimas posiciones de izquierda.
La percepción de la realidad se abre paso, sobre todo cuando la lucha acrecienta la conciencia y la difusión de la información.El
PSOE ha sido y es, desde la Transición, un representante privilegiado
de los intereses del capital, con palabrería de izquierdas cuando así
convenía a sus intereses. Solamente en la sanidad y en lo que se refiere
a sus ex ministros y ex ministras, es amplia la lista de su vinculación
como Consejeros de la empresa privada, que no cabe reseñar aquí. Es
difícil valorar si es mayor o menor que la de los correspondientes del
PP.
Lo
que es seguro es que sus intereses están alineados con los de los
grandes banqueros y empresarios que nos están saqueando. Y lo que es
imprescindible es que demos los pasos necesarios para que la clase
obrera y los pueblos no permitamos que nos vuelvan a engañar las mismas
organizaciones que montaron la gran estafa de la Transición. El camino
para la construcción del referente político unitario en el que la
independencia de clase este garantizada es largo y difícil pero ya nos
está apremiando.
13 de diciembre de 2012
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